Una serie de visitas realizadas esta semana por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a restaurantes en Washington, DC, ha generado preocupación entre trabajadores y propietarios en una industria profundamente sostenida por mano de obra inmigrante.
Según reportó The Washington Post este 7 de mayo, agentes del gobierno federal visitaron al menos siete restaurantes entre martes y miércoles, entregando notificaciones para auditorías de formularios I-9, documentos que verifican la elegibilidad laboral. Entre los lugares confirmados se encuentran Millie’s, Central Michel Richard, Pupatella, Ghostburger, Zeppelin, Absolute Thai y Cynthia Bar & Bistro.
Los operativos fueron llevados a cabo por grupos de hasta ocho agentes, algunos uniformados y otros de civil, y aunque no se reportaron arrestos, la presencia de autoridades generó temor. En Millie’s, varios empleados abandonaron el trabajo tras la visita. En Cynthia Bar & Bistro, su propietario, Phil Coppage, describió la experiencia como “increíblemente intimidante” pese al trato cortés de los agentes.
Las notificaciones obligan a los empleadores a entregar los formularios I-9 dentro de tres días hábiles, cubriendo tanto a empleados actuales como a quienes fueron despedidos en los últimos 12 meses. La falta de cumplimiento podría derivar en sanciones civiles o penales.
Restauranteros como Josh Phillips, de Ghostburger, expresaron frustración: “Tenemos gente trabajadora, legal, haciendo las cosas bien, y aún así están siendo acosados”. Bo Blair, de Millie’s, cuestionó el objetivo de estos operativos: “¿Realmente van a deportar a millones de personas trabajadoras y cumplidoras de la ley? Sin inmigrantes, no hay industria restaurantera”.
La acción forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para intensificar la aplicación de leyes migratorias. Según The Post, funcionarios del gobierno han hablado de la meta de deportar a un millón de inmigrantes en un año, una cifra que expertos consideran irrealista.
El impacto también se sintió entre repartidores de comida, muchos de ellos inmigrantes venezolanos. Yonatan Colmenarez, con estatus de protección temporal (TPS), trabajó menos horas ese día por temor a ser interceptado, ganando solo $40 frente a su meta diaria de $200.
Este operativo, aunque sin arrestos, ha dejado una fuerte sensación de incertidumbre y vulnerabilidad entre trabajadores esenciales de la capital.
