Ocho senadores demócratas presentaron el jueves la Protect Our Polls Act, un proyecto de ley que exigiría aprobación del Congreso antes de que el presidente pueda enviar militares o agentes federales armados a los centros de votación. La legislación responde a las declaraciones de Trump en las que no descartó enviar fuerzas a las urnas durante las elecciones intermedias de noviembre.
La senadora Elissa Slotkin (D-Michigan), quien lidera la iniciativa, dijo que la ley busca impedir que Trump "convierta en arma a nuestros militares y agentes federales armados para interferir en nuestras elecciones". El proyecto también cortaría fondos para que personal militar confisque boletas o máquinas de votación.
¿Qué haría la ley exactamente?
La Protect Our Polls Act establece tres requisitos principales. Primero, el presidente necesitaría una resolución conjunta del Congreso antes de desplegar militares uniformados o agentes federales a centros electorales. Segundo, la Casa Blanca tendría que notificar al Congreso con al menos 48 horas de anticipación, presentando justificación legal, inteligencia y evidencia de que el gobierno estatal o local no puede manejar la amenaza por sí solo.
Tercero, la ley cortaría fondos federales para cualquier despliegue militar o policial destinado a confiscar boletas, urnas o máquinas de votación. La única excepción sería repeler enemigos armados de Estados Unidos, un escenario contemplado en la ley federal vigente desde la Guerra Civil.
¿Qué dijo Trump y por qué preocupa a los demócratas?
La iniciativa surge tras meses de declaraciones que encendieron alarmas. En febrero, Trump declaró que los republicanos "deberían nacionalizar las elecciones" en al menos 15 lugares. En una entrevista con el New York Times, afirmó que "debería haber" confiscado urnas en 2020 y no descartó hacerlo en el futuro.
Cuando Slotkin le preguntó al secretario de Defensa Pete Hegseth en una audiencia del Comité de Servicios Armados si obedecería o rechazaría una orden de Trump de confiscar boletas y máquinas de votación durante las elecciones de 2026, Hegseth calificó la pregunta como "un hipotético gotcha".
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tampoco descartó enviar agentes de ICE a las urnas. En una entrevista con CNN el fin de semana pasado, dijo que ICE acudiría a centros de votación solo si surgiera una "amenaza específica", pero se negó a cerrar la puerta a esa posibilidad.
¿Quiénes respaldan el proyecto y qué posibilidades tiene?
El proyecto cuenta con el respaldo de senadores demócratas de estados clave para las elecciones intermedias: Tammy Baldwin (Wisconsin), Ruben Gallego y Mark Kelly (Arizona), Amy Klobuchar (Minnesota), Alex Padilla (California), Jacky Rosen (Nevada) y Raphael Warnock (Georgia). Slotkin señaló que casi todos representan estados donde la administración Trump ha demandado los registros electorales.
"La idea de que un presidente envíe tropas o agentes armados a los centros de votación para intimidar a votantes es antiamericana e ilegal", dijo Mark Kelly, senador por Arizona, en un comunicado del 18 de junio
La ley federal ya prohíbe la presencia militar en centros de votación, según el Código 18 U.S.C. § 592, excepto para repeler enemigos armados. Nunca se ha enviado personal militar uniformado a las urnas durante una elección en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, el proyecto no tiene posibilidades reales de aprobación en el Congreso controlado por republicanos. Ningún senador republicano ha firmado la iniciativa. La Casa Blanca respondió pidiendo que los demócratas aprueben en su lugar la SAVE America Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse y una identificación con foto para votar.
El contexto: 29 estados demandados por sus listas electorales
La iniciativa llega en medio de una ofensiva electoral de la administración Trump. El Departamento de Justicia ha presentado demandas federales contra 29 estados y el Distrito de Columbia por negarse a entregar sus listas de registro electoral con números de licencia de conducir y Seguro Social, incluyendo Michigan, Arizona, California y Wisconsin.
Para los 65 millones de latinos en Estados Unidos, la presencia de agentes federales en centros de votación podría tener un efecto disuasorio particular. Organizaciones de derechos civiles han argumentado que la visibilidad de uniformes federales cerca de las urnas podría reducir la participación en comunidades inmigrantes, incluso entre ciudadanos con derecho a voto.
Las elecciones intermedias se celebran el 3 de noviembre de 2026. La legislación anterior de Slotkin sobre el mismo tema, presentada como enmiendas al presupuesto de defensa, fue rechazada tres veces en votaciones partidistas.
