El fiscal general de Virginia, Jay Jones, anunció este martes que el estado se sumó a una coalición de 22 estados para exigirle al gobierno federal que revierta una política que elimina el reporte de muertes de inmigrantes tras su liberación de custodia de ICE. Desde enero de 2025, Human Rights Watch documentó 52 muertes dentro de centros de detención de ICE en todo el país.
Qué cambió y por qué importa
Hasta este año, una política de 2021 obligaba a ICE a notificar al Congreso e investigar toda muerte que ocurriera en los 30 días siguientes a la liberación de un detenido. La nueva administración revocó esa norma. Bajo el esquema actual, una vez que una persona sale de la custodia de ICE, la agencia no tiene obligación de rastrear ni reportar lo que le suceda.
La coalición, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, envió hoy una carta al secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y al director en funciones de ICE David Venturella. Los fiscales advierten que el cambio crea un incentivo para liberar a detenidos gravemente enfermos justo antes de que mueran, evitando así el escrutinio que sigue a una muerte dentro del sistema.
La posición de Virginia, Maryland y DC
Jones dijo que la transparencia es especialmente urgente dado el aumento documentado de reportes de negligencia médica en centros de detención de todo el país.
Junto a Virginia y Nueva York también firmaron la carta los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
Virginia en el centro del debate
Virginia alberga dos de los centros de detención de ICE más grandes de la región: el Caroline Detention Facility en Bowling Green y el Farmville Detention Center. Este último, con una población diaria promedio de 685 personas, acumula denuncias de atención médica ignorada y confinamiento solitario.
Según datos federales analizados por el Deportation Data Project, ICE realizó casi 11.000 arrestos en Virginia entre enero de 2025 y marzo de 2026, frente a 1.595 en todo el año 2024. El 72% de todas las personas detenidas por ICE en el país no tiene antecedentes penales.
La decisión de Jones de unirse a la coalición llega días después de que un juez federal bloqueara la ley de Virginia que prohibía a agentes de ICE usar máscaras en operativos. En esa resolución, Jones declaró que su oficina seguirá firme en la defensa de los residentes del estado.
El caso que define el problema
La carta de la coalición cita el caso de Ismael Ayala-Uribe, un exbeneficiario de DACA que murió tras ser trasladado desde el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, a un hospital con choque séptico vinculado a un absceso no tratado. Ayala-Uribe se quejó repetidamente de síntomas que empeoraban mientras estaba detenido. Familiares y organizaciones de derechos civiles acusaron a la instalación de no haber provisto atención médica oportuna.
La organización KFF identificó 46 muertes relacionadas con centros de detención de ICE hasta el 18 de marzo de 2026. ICE mantiene un registro público de muertes durante la custodia, pero la nueva política elimina el seguimiento de lo que ocurre después de la liberación.
El DHS defendió el cambio argumentando que ICE no puede ser responsable de lo que sucede tras la liberación. La agencia no respondió solicitudes de comentario sobre la carta de la coalición al momento de esta publicación.
