El Departamento de Justicia dejó pasar el plazo del 2 de julio sin entregar los archivos de Jeffrey Epstein que un juez federal le ordenó revelar. En lugar de cumplir, el fiscal general interino Todd Blanche pidió 60 días más para que la Oficina del Fiscal General evalúe una posible apelación, dejando al menos ocho grupos de correos electrónicos y un borrador de acusación formal con los nombres de presuntos cómplices censurados.
La orden original proviene del juez federal Emmet Sullivan, del Distrito de Columbia, quien emitió una medida cautelar tras una demanda de la periodista y analista legal Katie Phang contra Blanche por presuntas violaciones a la Epstein Files Transparency Act, la ley que el Congreso aprobó con apoyo bipartidista para forzar la publicación de los documentos.
Qué documentos están en disputa
El juez Sullivan ordenó al DOJ revelar o justificar las censuras en varios grupos de archivos específicos: ocho intercambios de correos electrónicos con remitentes o destinatarios censurados, un borrador de acusación federal de 2007 con nombres de posibles cómplices ocultos y notas manuscritas del FBI de entrevistas con una mujer que aseguró que Trump abusó de ella cuando era menor de edad.
Entre los documentos más polémicos hay un correo en el que Epstein menciona un "video de tortura" cuyo destinatario permanece censurado. Los congresistas Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, cuestionaron públicamente por qué se ocultó ese nombre. Blanche sugirió después en redes sociales que el destinatario era Sultan Ahmed bin Sulayem, exdirector ejecutivo de la empresa logística DP World.
El DOJ dice que ya cumplió con la ley
En su respuesta de 17 páginas presentada horas antes de que venciera el plazo, el fiscal general asociado Stanley Woodward argumentó que el departamento dedicó "un tiempo y recursos increíbles" a revisar más de 6 millones de documentos relacionados con Epstein. Woodward calificó la interpretación del juez Sullivan como "perversa" y afirmó que las censuras protegen información sensible de víctimas.
"El gobierno pensó que podía ignorar su propia ley y desairar la orden de un juez, todo para proteger a los muy poderosos y los muy ricos. No funcionó", dijo Brendan Ballou, abogado de Katie Phang, en declaraciones a CBS News
El DOJ ha publicado hasta ahora aproximadamente 3,5 millones de páginas bajo la ley de transparencia, pero ha reconocido que solo la mitad de los 6 millones de documentos recolectados será divulgada. Muchos de los archivos publicados contienen extensas secciones censuradas.
Apoyo bipartidista a la transparencia
La Epstein Files Transparency Act fue aprobada con apoyo casi unánime del Congreso y firmada por Trump el año pasado. La ley exige que el gobierno haga públicos los archivos no clasificados relacionados con Epstein y prohíbe censurar información por motivos de vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política.
En su opinión de 48 páginas, el juez Sullivan concluyó que Phang tiene derecho a demandar bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y que probablemente prevalecería en el fondo del caso. También determinó que Blanche "concedió los argumentos de fondo de la señora Phang" al no responder de forma sustantiva al plazo inicial.
¿Qué sigue?
La decisión está ahora en manos de un tribunal de apelaciones. Si el DOJ obtiene la extensión de 60 días, la próxima acción significativa no llegaría hasta septiembre. Si el juez Sullivan rechaza la solicitud, el departamento podría verse obligado a revelar los nombres censurados o enfrentar sanciones por desacato.
Trump ha negado cualquier irregularidad en relación con las acusaciones de Epstein y no ha sido acusado penalmente en conexión con ellas. Las alegaciones de la mujer entrevistada por el FBI no han sido corroboradas.
