El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea gastar entre $10 millones y $20 millones en guantes que aplican descargas eléctricas a personas detenidas por agentes de inmigración. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), con sede en Washington DC, pidió esta semana que se detenga la compra.
El dispositivo, llamado G.L.O.V.E. (Generador de Bajo Voltaje de Salida, por sus siglas en inglés), lo fabrica Compliant Technologies LLC, con sede en Lexington, Kentucky. Ya lo usan algunas cárceles y departamentos de policía. Según el aviso publicado el lunes por DHS, ICE planea tener los guantes listos para marzo.
La reacción de LULAC
Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, calificó el plan como una amenaza más a los derechos civiles de los inmigrantes. LULAC exigió una pausa en la compra y pidió mayor supervisión del Congreso sobre los estándares de entrenamiento y rendición de cuentas de ICE.
"Las tácticas que esta administración y esta agencia siguen usando son, realmente, una violación de los derechos civiles y humanos de una persona", dijo Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, en entrevista con Spectrum News
Proaño agregó que permitir un dispositivo así sin una revisión exhaustiva ni comentario público es "deplorable" y advirtió que se trata de "una herramienta más que puede llevar a que maten a más personas".
Cómo funciona el dispositivo
Según el fabricante, los guantes funcionan como un par normal de guantes de patrulla hasta que el oficial activa un interruptor. Deben aplicarse directamente sobre la piel para producir un estímulo de dolor que, según la compañía, ayuda a lograr obediencia en segundos. El manual del fabricante advierte que no deben usarse como castigo ni contra personas que solo muestran desafío verbal, ni en niños, mujeres embarazadas o adultos mayores.
Un vocero de DHS dijo que la agencia evalúa constantemente las necesidades de sus oficiales en el campo y que toda tecnología se revisa para cumplir con las políticas de uso de la fuerza.
El contexto de las críticas
La medida llega semanas después de que agentes de ICE mataran a tiros a dos personas durante paradas vehiculares en Texas y Maine, incidentes en los que los agentes no llevaban cámaras corporales. DHS se comprometió a que todos los equipos de arresto de ICE cuenten con al menos un oficial con cámara.
La subdirectora de políticas de vigilancia policial de la ACLU, Jenn Rolnick Borchetta, dijo que el público no debería confiar en que los agentes usarán el dispositivo de forma adecuada, ya que la descarga puede aplicarse sin advertencia previa.
El Congreso, controlado por republicanos, ha aprobado miles de millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, lo que incluye la contratación de 12.000 nuevos oficiales de ICE y la compra de tecnología como cámaras corporales.
