La inspectora general de Baltimore, Isabel Cumming, pidió el lunes a un juez declarar en desacato a la administración del alcalde Brandon Scott por no restaurar el acceso directo de su oficina a los servidores de registros de la ciudad, según documentos citados por *The Baltimore Banner*.
Los registros en disputa incluyen memorandos, correos electrónicos, facturas y otros documentos que la oficina de Cumming considera necesarios para cumplir su función de supervisión sobre el gobierno municipal.
Una orden judicial de hace una semana
La jueza retirada Pamela White había ordenado a la ciudad, el 22 de septiembre, restaurar en un plazo de dos días el acceso directo de Cumming a los registros, además de cumplir solicitudes pendientes en un plazo de 45 días. Scott apeló esa orden ante instancias superiores.
Según Cumming, el incumplimiento de la ciudad fue voluntario e intencional, por lo que pidió al tribunal imponer multas diarias hasta que se restaure el acceso.
La disputa por la Ley de Información Pública
El conflicto comenzó en enero, cuando la alcaldía cortó el acceso legal de Cumming a ciertos registros citando el privilegio abogado-cliente, y después bloqueó todo acceso directo, argumentando que la Ley de Información Pública de Maryland limitaba lo que la inspectora general podía revisar. La jueza White determinó que esa ley no aplica a los inspectores generales.
"Siempre vamos a seguir la ley, e inmediatamente ordené que se hiciera precisamente eso", dijo Brandon Scott, alcalde de Baltimore, en un correo electrónico enviado el lunes por la mañana
Scott calificó la denuncia de Cumming como "espectáculo, no integridad", y publicó correos que, según él, muestran que su equipo de tecnología trabajó el lunes para restaurar el acceso.
El caso queda ahora en manos de un juez, que deberá decidir si la ciudad actuó de mala fe al no cumplir con el plazo fijado por White. Mientras tanto, la apelación de Scott contra la orden original sigue pendiente ante instancias superiores, lo que podría alargar el litigio varios meses más.
La disputa se suma a otros roces entre la alcaldía y organismos de supervisión en Baltimore, y su resolución podría definir cuánto acceso tienen los organismos de control a los registros internos de la ciudad en el futuro.
