El año fiscal federal vence este 30 de septiembre, y la Casa Blanca aprovechó los días previos para cancelar $810 millones en fondos que el Congreso ya había aprobado. Entre los recortes hay $25 millones de un programa que ayuda a hijos de trabajadores agrícolas migrantes a llegar a la universidad, cuyos cupos caerán de 5.000 a menos de 2.000 estudiantes al año.
La maniobra se llama "pocket rescission" y le permite al Gobierno cancelar fondos sin pasar por el proceso normal de revisión del Congreso.
¿Cómo evita el Congreso una "pocket rescission"?
Para cancelar fondos ya aprobados, el presidente debe pedirlo formalmente, lo que activa un plazo de 45 días para que el Congreso responda. Pero si ese plazo vence después de que termine el año fiscal, el dinero puede caducar sin que los legisladores alcancen a actuar.
El Congreso había aprobado financiamiento estable para estos programas en febrero, con apoyo bipartidista. La Casa Blanca retuvo los desembolsos durante meses y anunció las cancelaciones días antes de que venciera el año fiscal, justo a tiempo para que el Congreso no pudiera intervenir.
¿Qué programas pierden fondos?
Del total de $810 millones, $567 millones salen de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, $70 millones de becas para estudiantes y docentes extranjeros, $56 millones de programas de asesoría de vivienda del HUD y $28 millones de investigación en salud.
En educación, el recorte incluye $70 millones de los $85 millones destinados al programa de Educación Internacional y de Lenguas Extranjeras (IFLE), que financia centros universitarios de recursos para escuelas K-12. También se cancelaron $25 millones de los $52 millones del High School Equivalency Program y el College Assistance Migrant Program (HEP-CAMP).
¿A quién afecta HEP-CAMP?
HEP-CAMP ayuda a hijos de trabajadores agrícolas y migratorios a obtener su GED o inscribirse en la universidad. En 2024, el programa cubría 120 sedes en 20 estados y atendía a 5.000 estudiantes al año; con el recorte actual, quedará reducido a 45 sedes en 12 estados con menos de 2.000 estudiantes anuales.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) fue más allá y determinó el 29 de septiembre que "el presidente no puede forzar el vencimiento de fondos que el Congreso ya aprobó".
Collins adelantó que trabajará con sus colegas para revertir lo que calificó de acciones ilegales, y organizaciones como la Asociación HEP-CAMP ya alertan que muchos de sus estudiantes no llegarían a la universidad sin ese apoyo. La disputa se suma a otros recortes similares que la administración impulsó a lo largo del año y que enfrentan demandas de estados y organizaciones por retención indebida de fondos.
