Por Diego Legrand | CONNECTAS
Los comandos de la Policía antinarcóticos llegaron hacia las 2:45 de la tarde. Informes de inteligencia señalaban que José Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo cabecilla y jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se encontraba en esa finca de la zona rural de Guachaca para discutir asuntos económicos de la organización.
Viajaban en tres helicópteros UH-60 escoltados por dos aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea. Luego de sobrevolar el área, aterrizaron en el lugar, situado en la vereda Quebrada del Sol: una zona montañosa que esa organización paramilitar domina desde hace décadas.
Según el reporte oficial recogido por El Tiempo, Blu Radio y Caracol Televisión, los comandos jungla venían a hacer un allanamiento en el lugar, pero la operación acabó en un enfrentamiento armado en el que cayeron Cholo y seis de sus hombres. En los videos difundidos aparecieron un fusil de alto calibre incautado junto con municiones y el presunto cadáver del líder de las autodefensas envuelto en una bolsa blanca.
Pero en la región circulan otras versiones que ponen en duda la oficial y hacen temer el regreso de una práctica que Colombia pensaba desaparecida: los "falsos positivos", civiles asesinados que luego se hacen pasar por combatientes. A esto se habrían añadido severas violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la guerra "sin tregua" declarada por el presidente Abelardo de la Espriella a los grupos armados.
Una versión compartida en una cuenta de la plataforma X atribuida a las ACSN sostiene que Cholo habría sido abatido mientras intentaba rendirse, pues lo sorprendieron dormido en una hamaca. En confianza, dos fuentes de seguridad del Magdalena apuntalaron esa versión.
Y a pocos metros, en una finca vecina, cayó muerto Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, quien trabajaba en obras de construcción. Su madre aseguró a la Revista Raya, que su hijo no tenía ningún vínculo con el grupo armado, y que gritó que no tenía nada que ver antes de que le dispararan.
Según su hermano Franklín, tenía un disparo en el pecho. Solo él pudo verlo, pues las autoridades enfundaron los cadáveres en bolsas plásticas, como es ahora la práctica habitual, y los enviaron sin refrigeración a Barranquilla, situada a dos horas de Santa Marta. Cuando los cuerpos son entregados a las familias, su estado de descomposición dificulta su reconocimiento y el examen de las heridas que causaron su muerte.
Un error de cálculo
Ante estas acusaciones que opacan el operativo militar, cabe preguntarse cuál era el objetivo esperado del ataque. Para Lerber Dimas, uno de los investigadores que mejor conoce la región, se trata de un cálculo sencillo: Las ACSN —conocidas también como Los Pachenca— son un grupo pequeño: entre 800 y 900 hombres, frente a un universo de más de 29.000 combatientes armados registrados en el país en 2026 por la Fundación Ideas para la Paz.
Por eso, parecían ser un objetivo manejable para un presidente que asumió el 7 de agosto con la promesa de sepultar la paz total emprendida por su antecesor con los diferentes grupos armados. Un propósito que incluía dar de baja a diez cabecillas y poner en marcha un plan de choque para recuperar el control del territorio en sus primeros tres meses de mandato.
Para Dimas, por lo visto, De la Espriella imaginó una victoria fácil, pero no tomó en cuenta el arraigo local de un grupo que sobrevive al menos desde los noventas en este espacio en el que quien controla las montañas domina las planicies.
Esa hipótesis también se sumaría a la necesidad de entregar resultados rápidos y contundentes ante Washington. Esto por cuanto el nuevo gobierno se apresuró a sumar a Colombia al llamado Escudo de las Américas que impulsa Donald Trump con otros 18 países dentro de la agenda regional de lucha contra el "narcoterrorismo". De la Espriella busca así recuperar los millonarios recursos que el país del norte entregó por décadas a Colombia para combatir el narcotráfico, que fueron recortados en el mandato de Gustavo Petro.
Pero más allá del espectáculo, el hecho mostró hasta cierto punto que el gobierno incurrió en un error de cálculo. Porque la respuesta de las ACSN al operativo llegó muy pronto y en forma contundente.
En efecto, al día siguiente, el 22 de septiembre, la organización anunció un paro armado de 48 horas en Santa Marta. Aunque los actores armados suelen recurrir a este despliegue de violencia contra la sociedad civil, nunca se habían atrevido a poner en jaque a esta ciudad turística, capital del departamento del Magdalena y hogar de más de 600.000 habitantes.
Una ciudad paralizada
Esa misma tarde, cuando almorzaba cerca del Parque de los Novios, en el corazón de la ciudad, algo me llamó la atención: los dueños de un restaurante indio cerraron la entrada con llave mientras miraban alrededor con desconfianza. Pronto observé que no eran los únicos: en la calle bajaban las rejas una tras otra. Respondían así los comerciantes a videos que circularon en redes sociales, en los que hombres encapuchados se bajaban de motos para disparar contra locales que no habían acatado la orden de cierre.
A las seis de la tarde ya no quedaba nada abierto y apenas se veía uno que otro turista despistado. Aunque el presidente anunció horas antes por televisión que "nadie va a hacer un paro armado en la era del Tigre", los hechos desvirtuaban su discurso. La ciudadanía se había recogido en sus casas tras la orden impuesta por el grupo irregular que de hecho controla la seguridad y la extorsión no solo de Santa Marta sino de sus alrededores, así como algunas rutas de narcotráfico.
Al día siguiente la ciudad amaneció -si cabe- aún más clausurada. Ese jueves 23 salí a cubrir el despliegue militar anunciado y la gira de la gobernadora, que pedía a los comerciantes reabrir mientras se movían a su alrededor más policías, periodistas y miembros de su séquito que transeúntes o curiosos.
En los pocos locales que abrieron, algunos guardias de seguridad sudaban en silencio, resignados a que los protegieran auxiliares de policía armados apenas con bolillos. Esa tarde Santa Marta funcionó como una cebolla: en el malecón, vitrina turística de la ciudad, había un militar en cada esquina para cuidar a los escasos bañistas; en el centro histórico solo quedaban policías regulares y luego auxiliares; y en los barrios periféricos, las capas exteriores, según me contaron amigos que salieron ese día, no había prácticamente ninguna autoridad.
"¿Por qué hicieron eso si estábamos tranquilos?", preguntó en voz alta una mujer, asomada a una vieja casa del centro protegida apenas por una reja. "Debieron haber avisado a la población para que se organizara", dijo otro ciudadano presente en el mercado.
Enfrascado en una guerra de comunicación, el presidente se desplazó en persona a patrullar de noche, y desplegó más de 1.200 uniformados. Muchos criticaron en Colombia la puesta en escena, radio en mano y pistola al cinto, justo unas semanas después de que el mandatario flexibilizó el porte de armas.
El paro terminó el viernes a las 7 de la mañana, la hora anunciada en su comunicado por las ACSN. El presidente, con tono de victoria, anunció una presencia permanente de tropas y la incorporación de Santa Marta a un frente de seguridad urbana. Un aspecto que levanta preocupaciones en un país en el que los paramilitares —responsables de numerosas masacres— comenzaron a operar bajo el cobijo de cooperativas legales de seguridad. Pero de momento corre de boca en boca en la ciudad, como un murmullo, la pregunta formulada por los comerciantes: ¿quién los protegerá una vez que se vaya la tropa?
Antecedentes recientes
La estrategia planteada por De la Espriella no es nueva. Se enmarca en la política prohibicionista lanzada en los años setenta por el presidente Richard Nixon en Estados Unidos y que lleva más de 50 años de fracaso. Viéndolo bien, parece, en principio, igual de ingenua que la "paz total" emprendida por su antecesor, Gustavo Petro, que quería desmovilizar a los grupos criminales mediante una negociación carente de perspectivas.
Sin embargo, en su historia reciente, Colombia ya probó dos caminos distintos que parecieron dar resultados medibles en su lucha contra los grupos armados y los cárteles de la droga.
Entre 2002 y 2010, Álvaro Uribe redujo en casi 40% los cultivos de coca del país (pasó de más de 120.000 hectáreas a algo más de 61.000) con la política militarista de "seguridad democrática" que empujó a los grupos guerrilleros de extrema izquierda hacia la periferia. Pero lo hizo a un costo altísimo en derechos humanos, medible en miles de falsos positivos y masacres paramilitares de extrema derecha cometidas con la complicidad de agentes del Estado.
Su sucesor Juan Manuel Santos llevó la tasa de homicidios a mínimos históricos (a cerca de 24 homicidios por 100.000, en un país que rebasaba los 35 por 100.000 cuando llegó al poder) al negociar la paz con la guerrilla de las FARC en 2016. Santos combinó presión militar real con incentivos concretos para dejar las armas: un sistema de justicia transicional, curules parlamentarias garantizadas por una década y proyectos productivos. Pero la extraordinaria rentabilidad del narcotráfico se encargó de seguir alimentando el conflicto.
En ese sentido, la ofensiva de Abelardo de la Espriella se parece, hasta ahora, a la primera vía. Según datos del Ministerio del Interior, en el primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella las muertes de integrantes de grupos armados en operaciones de la Policía y el Ejército aumentaron un 167% frente al mismo periodo bajo su antecesor, mientras que las capturas cayeron un 26%. Esto dibuja la imagen de una guerra a muerte en el terreno y en el campo de la comunicación, en el que las bajas importan más que las capturas o las desmovilizaciones y los daños colaterales se multiplican.
En ese mismo sentido, el ministro de Justicia Iván Cancino divulgó en entrevista con la revista Semana el contenido de la ley de sometimiento planteada por el gobierno de la Espriella a los grupos armados. El proyecto endurece tanto las condiciones para el desarme, que prácticamente anula cualquier posibilidad de éxito.
Efectos colaterales
A este panorama oscuro se suman otros efectos colaterales que mucha gente comienza a mencionar en voz baja: el crecimiento de la influencia del Clan del Golfo en una zona (los departamentos del Magdalena, Guajira y Cesar) que las ACSN han dominado por años.
Un breve repaso de la prensa local muestra que, desde la investidura del presidente, las ACSN perdieron once integrantes en enfrentamientos con la fuerza pública en Magdalena, Cesar y La Guajira, mientras que su rival directo por el control de la región no ha sufrido una sola baja en el mismo periodo y en los mismos departamentos.
Eso preocupa a los habitantes, que se han acostumbrado a convivir con unos actores armados que, al fin y al cabo, son gente de la región. Como me comentaba un policía, "es mejor malo conocido que bueno por conocer". Una frase de la sabiduría popular que en Santa Marta y sus alrededores adquiere una connotación de violencia y dolor.
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