Washington, DC.- Una corte federal de apelaciones falló el miércoles 7 de agosto a favor de una inmigrante salvadoreña que demandó al sheriff del condado de Frederick, en Maryland, y a dos agentes por haberla arrestado en forma discriminatoria.
El juez de apelaciones determinó que los policías locales no pueden arrestar a una persona tan sólo por suponer que se trata de un indocumentado, una decisión que activistas y abogados consideran de histórica.
En octubre de 2008, Roxana Orellana Santos estaba comiendo una merienda afuera de su lugar de trabajo cuando los agentes se acercaron y le preguntaron su estatus migratorio. Al comprobar que Orellana Santos enfrentaba un caso migratorio, los agentes la arrestaron. Permaneció 46 días en la cárcel.
“Ella no había cometido ningún crimen”, dijo Gustavo Torres, director de CASA de Maryland, entidad que junto a Latino Justice y a la firma Nixon Peabody representaron a Orellana Santos cuando decidió demandar a la Oficina del Sheriff.
La demanda había sido desestimada en 2012 por una corte local.
Pero la decisión de la corte de apelaciones pide revisarla.
“Esta es un gran triunfo para los inmigrantes porque lo que está diciendo la justicia es que los policías no pueden actuar como agentes de inmigración como lo han estado haciendo en Frederick”, dijo Torres.
Bajo el liderazgo, del sheriff Jeff Jenkins, centenares de indocumentados han sido deportados tras que el condado, suscribió un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g). Éste programa permitía a ciertos policías servir como agentes de inmigración.
En el caso de Orellana Santo, los dos policías que la detuvieron no formaban parte de los agentes de la 287(g).
