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Denuncia en Frederick

Líderes de la comunidad dicen que indocumentados siguen siendo perseguidos, a pesar del cambio de normas
MD. Izq. a der., Abdoul Konare, abogado; Tony Naranjo, empresario; Candy Montenegro, activista; un inmigrante que se identificó como Juan, y José Hernández, empresario.

MD. Izq. a der., Abdoul Konare, abogado; Tony Naranjo, empresario; Candy Montenegro, activista; un inmigrante que se identificó como Juan, y José Hernández, empresario.

ENCUENTRO. Un grupo de residentes, negociantes y profesionales en Frederick se reúnen el 10 en el restaurante Mexical Cantina para hablar del tema.

Milagros Meléndez-Vela/ETL

ENCUENTRO. Un grupo de residentes, negociantes y profesionales en Frederick se reúnen el 10 en el restaurante Mexical Cantina para hablar del tema.

SÓLO INGLÉS... NO A LOS DREAMERS

Frederick se define en contra de los indocumentados:

AISLADO. Frederick parece ir en contra de la corriente del estado de Maryland, cuyas políticas liberales e inclusivas en los últimos años han hecho historia, como la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y las tarifas universitarias de residentes para jóvenes indocumentados (DREAM Act local), entre otras decisiones.

“Al contrario en Frederick no hay una política de bienvenida a todas las comunidades”, dijo Candy Montenegro, quien pertenece a un grupo de la iglesia Saint Katherine Drexo que ayuda a la comunidad hispana.

De hecho, Frederick, se convirtió en 2008 en el primer y único condado de Maryland que adoptó el programa 287 (g), mediante el cual policías especializados podían aplicar leyes migratorias a los detenidos.

En 2012, el concejo aprobó la medida “English Only” (Sólo Inglés). Y ese mismo año la tendencia “no amigable” para los inmigrantes se reflejó en las elecciones cuando el 80 por ciento de los votantes le dieron la espalda al DREAM Act local, contrario a todo el estado.

Pese a que algunos estados muestran una tendencia más tolerante con los indocumentados, que les permite beneficios y hasta una licencia de conducir; en suburbios como Frederick, en Maryland, la hostilidad persiste, denuncia un grupo de residentes.

“Aquí vivimos en nuestro propio mundo”, expresó Candy Montenegro, quien reside en el condado desde hace 24 años. “Las deportaciones continúan por causas tan simples como una falta de tránsito”, agregó la costarricense, quien forma parte de un grupo de feligreses de la iglesia Saint Katherine Drexo, que ayuda a los hispanos.

El abogado Abdoul Konare dice que en Frederick las autoridades no están cumpliendo con órdenes del Gobierno.

Pese a que el programa federal 287(g) eliminó en diciembre su parte más controversial, que permitía a la Policía ejercer como agentes de inmigración, “todavía yo estoy defendiendo a clientes bajo esta norma”, dijo.

Además, Konare denunció que los oficiales no están cumpliendo con una orden de 2011, emitida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la que se prioriza la deportación de personas con antecendentes criminales.

La orden conocida como el Memorandum Morton estipula procesar la deportación sólo de las personas consideradas de “alta prioridad”.

Aquellos indocumentados que no tienen un historial de crimen no debieran ser deportados. “Sin embargo, eso no se está cumpliendo. Me han rechazado varios pedidos que he hecho de clientes que no tienen ningún antecedente y aún así los regresan a sus países, separándolos de su familia”, añadió, Konare.

La costarricense Candy Montenegro radica en el condado de Frederick, en Maryland, desde hace más de dos décadas “cuando los hispanos apenas se contaban con los dedos de la mano” —dice— y asegura que en los últimos seis años, ha sido testigo de un ambiente hóstil como “nunca antes había visto” en contra de los inmigrantes, especialmente latinos.

“Llegué en 1991 y me encantó el lugar, pero ahora me da tristeza ver cómo muchos inmigrantes se sienten perseguidos y viven atemorizados”, expresó Montenegro, el lunes 10 durante una conversación con El Tiempo Latino, en la que participaron dos empresarios, un abogado y un inmigrante indocumentado.

Ese clima de temor lo vive día a día, Juan, quien es indocumentado y prefirió no dar su apellido. “Cada mañana me encomiendo a Dios para no cruzarme con un policía o agente de inmigración”, contó. El mexicano, que vive en Frederick desde 1999, enfrenta deportación a raíz de una parada de tránsito en octubre de 2008.

Él dice ser víctima del polémico programa 287(g), un acuerdo entre la Oficina del Sheriff de Frederick y el Sistema de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés)

“La Policía me arrestó por manejar sin licencia”, contó. “Me llevaron a la cárcel, pero el mismo comisionado me dijo que no enfrentaba un delito grave para quedarme preso, sino que después tendría que presentarme en corte ”, narró.

Sin embargo, bajo el programa 287(g), Juan fue derivado a la división de policías especializados que ejercían como agentes de inmigración. “Me interrogaron, y al enterarse que no tenía papeles no me dejaron salir y me dijeron que estaba bajo custodia de ICE... En unos días terminé en una cárcel de Texas”, señaló.

Tras dos meses en prisión fue puesto en libertad al firmar una salida voluntaria del país. “Pero yo no quise dejar a mi esposa e hijos pequeños”, señaló. Ahora, vive con la sombra de la deportación.

El condado —en donde la población latina creció de 826 en 1980 a 18.200 en 2012, — se ha ganado la fama de ser uno de los más duros contra los indocumentados. Precisamente desde que el comisario Charles Jenkins, adoptara la iniciativa 287(g).“Este programa fue diseñado para deportar a los criminales y no a personas con una falta menor como usualmente sucede aquí”, denunció el notario público, Tony Naranjo, quien vive en la zona desde 2003.

Un informe del Migration Policy Institute dice que en Frederick el 80 por ciento de los arrestos bajo el programa 287(g) responden a una causa menor, 60 por ciento a una falta de tránsito.

Desde 2008 unos 1.071 inmigrantes han sido detenidos bajo el programa. “Más del 50 por ciento de mis clientes enfrentan un caso migratorio sólo por manejar sin licencia”, aseguró el abogado Abdoul Konare.

En diciembre de 2012, el Gobierno federal eliminó la parte más controversial del programa, que permitía a los policías en las calles ejercer como agentes de inmigración. “Pero en Frederick es como si todavía siguiera vigente”, señaló José Hernández, dueño del restaurante y discoteca Mexical Cantina.

Como sus clientes, muchos inmigrantes en Frederick perciben a la policía como un enemigo en lugar del protector.



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