Alexandria, Virginia.- Tras una intensa campaña de presión por parte de grupos legales, civiles, políticos y estudiantes el fiscal general de Virginia, Mark Herring, impuso lo que legisladores de ese estado se negaron a tratar: el derecho de los dreamers a pagar tarifas como residentes legales en las universidades públicas.
La unión hizo la fuerza, dijeron activistas. “Después que en la Asamblea se cerraron las puertas para estos jóvenes inmigrantes que están protegidos por la Acción Diferida, iniciamos una campaña para que el fiscal se pronunciara y pudiera interpretar la ley de tal manera que permitiera a estos estudiantes pagar las tarifas de ‘in-state-tuition'”, expresó Edgar Aranda de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO).
Al cumplirse los 100 días en el cargo, el demócrata —que ya había “perturbado” a los republicanos al dar una opinión legal en favor de los matrimonios gay— declaró el martes 29 de abril, que los estudiantes indocumentados traídos de niños por sus padres y protegidos por una norma federal, podrán acceder a la educación superior como miembros legítimos de la comunidad en la que viven.
Tras la presión de activistas, organizaciones comunitarias y una demanda legal, Herring explicó que no se trataba de una nueva ley, sino de la interpretación de la legislación actual.
La medida impacta a los estudiantes amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Éstos son jóvenes a los que se les protege temporalmente de la deportación y cuentan con un permiso de trabajo. En Virginia son unos 8.100.
Herring dijo que después “de los numerosos pedidos que esta oficina ha recibido” y luego de consultar a su equipo de asesores legales, “he concluido que las tarifas de residentes en el estado se extiendan” a los estudiantes que tienen DACA, también conocidos como dreamers.
Al pronunciar estas palabras, un estallido de júbilo, llanto y abrazos se apoderó de las personas que asistieron al anuncio del fiscal general en un salón del Northern Virginia Community College en Alexandria.
Para ofrecer tarifas de residentes —“in-state-tuition”— las universidades piden como requisito al estudiante una prueba de domicilio en el estado.
A los indocumentados se les considera extranjeros por lo que pagan hasta tres veces más del monto regular.“Pero los jóvenes con DACA ya cuentan con una protección. Era injusto que se les hubiera negado pagar estas tarifas cuando se les da un número de seguro social para trabajar y se les permite obtener una licencia de conducir”, expresó el abogado Simon Sandoval, quien en diciembre representó a siete estudiantes en una demanda contra el Consejo de Educación Superior del Estado de Virginia. Ahora retiraron la acción legal.
Republicanos acusan al fiscal de pasar por encima de la Asamblea.
