Dos ex supervisoras salvadoreñas de la cadena de restaurantes Pollo Campero denunciaron presunto despido injusto en marzo de 2013 por parte de su empleador luego de que se negaron a usar pollos con fecha expirada en los establecimientos de Wheaton y Gaithersburg, en Maryland, donde trabajaban.
Elsy Ortega y Evelin Iglesias presentaron las denuncias meses después, en octubre de 2013, ante la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) por medio de sus abogados Richard Renner y David Vega. Hasta la fecha el caso sigue bajo revisión. Al ser contactada, la oficina de abogados Gordon & Rees LLP, que representa a Pollo Campero, evitó ofrecer su punto de vista indicando que el caso se encuentra en proceso de revisión. La misma reacción se recibió de OSHA. El abogado Renner dijo que la OSHA necesita completar información con respecto al caso.
“Estamos esperando. ellos tienen mucho trabajo, hay más leyes y muchas denuncias de personas que sufren represalias” por denunciar irregularidades en el trabajo, afirmó.
La ley de seguridad alimentaria fue promulgada por el presidente Barack Obama en 2011 y probablemente la denuncia será uno de los primeros casos que va a revisar la OSHA, aseveró el abogado. Por su parte, Vega sostuvo que hace dos años trató de llegar a un acuerdo con la empresa, pero no se logró. Los abogados dijeron que exigirán copia de los recibos de compra por parte de uno de los supervisores para adquirir litros de vinagre, que supuestamente usaron para lavar los pollos que ya tenían fecha de expiración. Elsy Ortega relató que en marzo de 2013 el gerente de la tienda le pidió que preparara pollos que estaban en cajas con fecha vencida, pero ella rehusó hacerlo. “El pollo olía mal, estaba de color verde y tenía fecha vencida”, explicó Ortega. Pero sus jefes le indicaron que no podían perder esa mercancía y que otros prepararían el pollo y lo venderían, dijo. Días después del incidente, le indicaron que estaba despedida por supuestamente olvidarse de desactivar la alarma y haber puesto en riesgo el establecimiento de Pollo Campero en Wheaton, Maryland.
Tanto Ortega como Iglesias, casadas y con hijos, tienen otros trabajos y no quieren volver a sus antiguos empleos. Solamente esperan que se haga justicia en su caso por despido en represalia por sus denuncias, enfatizan.
Iglesias relató una situación similar. “Yo no quería correr el riesgo de que un cliente se pudiera enfermar y culparme, yo tenía la responsabilidad de asegurar que todo esté correcto, por el bien mío y de la empresa”, aseveró.
Iglesias dijo que fue despedida por presuntas quejas de un “cliente misterioso” que no le dio buenas calificaciones en cuanto al servicio, pero que ella duda de su credibilidad. Luego le hicieron firmar un papel en inglés en el que supuestamente reconocía que no estaba haciendo bien su trabajo. La ex trabajadora de Pollo Campero afirmó que acudió a recursos humanos de la empresa, pero no obtuvo ningún resultado.
