Maryland cuenta con las opciones más económicas del país, pero una serie de ajustes entre los que se encuentran los cambios de apoyo para estudiantes con necesidades de ayuda financiera pone en peligro la posibilidad de que muchas familias se puedan permitir la educación superior en el estado, según un nuevo estudio.

El reporte, resultado de una colaboración entre el Higher Education Policy Institute, Vanderbilt University y la University of Pennsylvania, examinó cómo la reducción del estado en la educación universitaria y, como consecuencia, el elevado costo de las matrículas está poniendo fuera del alcance de muchos la meta de la educación superior. en todo el país. Según el estudio, la universidad es hoy más difícil de pagar que antes de la recesión de 2008.

Las becas y ayudas para familias de bajos recursos se están terminando en un momento donde esas familias han visto sus salarios congelados.

“Los estados no podrán cubrir sus necesidades laborales a no ser que eduquen a esos estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos. Esa realidad aún no ha sido asimilada”, dijo Joni Finney, quien dirige el Institute for Research on Higher Education en la universidad de Pennsylvania y formó parte del equipo que hizo el estudio.

Aunque Maryland proporcionaba un promedio de $426 por estudiante con necesidades económicas en 2007, ya en 2013 esa cantidad había sido reducida a $345 por estudiante, por debajo de la media nacional de $474, según el estudio en el que se indica que, si bien Maryland ocupa el sexto puesto a nivel nacional, el estado está perdiendo terreno en el acceso de los estudiantes de bajo recursos a la educación superior.

Las familias que ganan menos de $30,000 al año deberían pagar un 60% de sus ingresos anuales para costear una universidad de cuatro años en Maryland. Incluso los colegios universitarios de dos años están encareciéndose, ya que las familias de bajos recursos deberían pagar el 40% de sus ingresos para costear esos estudios.

“Maryland estuvo a la cabeza de los estados donde era más económico acceder a la univesidad por mucho tiempo”, dijo Finney. “Pero este proceso cuando comienza es difícil de dar marcha atrás”.

Al otro lado del Potomac, en Virginia, la posibilidad de que las familias de bajos recursos puedan enviar a sus hijos a la universidad parecen complicadas. El estudio sitúa a Virginia en la posición 26 a nivel nacional en cuanto a estados donde se facilite el acceso a la universidad dada la escasez de ayuda financiera. Los estudiantes deberían trabajar 44 horas a la semana para cubrir el costo de una matrícula completa en una universidad del estado. O 20 horas a la semana para cubrir el costo de un colegio universitario público de dos años.

Virginia proporciona $315 por estudiante con necesidades de ayuda financiera, muy por debajo de los $474 a nivel nacional, según el estudio.

“Virginia ha hecho inversiones en ayudas académicas basadas en méritos”, dijo Finney. “Muchos estados hacen esto, sobre todo en el sur, pero de esa manera se está dando dinero a estudiantes que ya iban a ir a la universidad”.

La política estatal ha contribuido a un cambio radical en la manera en que se financian las universidades de Virginia en los últimos 26 años. El costo de matrícula era menos de un tercio de los ingresos educativos de los centros del estado en 1989; pero los ingresos por matrícula fueron el 62% del dinero que las escuelas necesitaban para educar a sus estudiantes el año pasado, según el State Higher Education Executive Officers Association (SHEEO).

El gasto de Virginia en la educación superior, como el de todos los estados, sube y baja según la economía. Pero el colapso de los mercados financieros en 2008 llevó a un declive en la financiación. Aunque al apuntar la recuperación económica, los fondos para la educación superior no siguieron la marca ascendente. Virginia gasta hoy $1.870 menos por cada estudiante universitario que en el curso 2007-2008, según el Center on Budget and Policy Priorities.

Ahora parece que el estado reacciona: el gobernador Terry McAuliffe (D) ha obligado a la legislatura a poner más dinero en los programas de ayuda académica. Los $24 millones aprobados significó el mayor aumento para estos programas en una generación.