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"Un día maravilloso": La esposa indocumentada de un veterano no será deportada por ICE


Veronica Castro temía que su chequeo con las autoridades de inmigración el martes pudiera llevarla a ser detenida. En cambio, le dijeron que volviera de nuevo en un año

Theresa Vargas │The Washington Post | 4/4/2017, 6:23 p.m.
"Un día maravilloso": La esposa indocumentada de un veterano no será deportada por ICE
Verónica Castro, a la izquierda, intenta contener a su hijo de 17 años, Juan, quien abrazó al abogado de inmigración Joshue Doherty después de que supieron que Castro no sería deportada. | Astrid Riecken para The Washington Post.

La familia Pineda cena junta en la cocina de su casa móvil en Lothian, Maryland. La familia se mudó a la zona cuando Ricardo Pineda fue dado de baja del Ejército en 2014.

Foto para The Washington Post por Griselda San Martin

La familia Pineda cena junta en la cocina de su casa móvil en Lothian, Maryland. La familia se mudó a la zona cuando Ricardo Pineda fue dado de baja del Ejército en 2014.

BALTIMORE - Durante meses, Verónica Castro le había temido al martes 4 de abril, cuando estaba programado que hiciera un chequeo con funcionarios de inmigración.

La inmigrante indocumentada no sabía si iba a ser detenida y deportada a México o podría regresar a casa con su esposo, un veterano discapacitado y sus cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses que viven en Lothian, Maryland.

El martes, mientras ella y su esposo se encontraban en una oficina llena de gente en el edificio federal George H. Fallon, sus temores se disiparon en menos de 30 minutos.

Los funcionarios de inmigración le dieron a Castro un año más antes de que ella tuviera que registrarse de nuevo.

"Estoy feliz", dijo en español, sonriendo.

"Está lloviendo, pero es un día maravilloso", dijo su esposo Ricardo Pineda, quien sirvió en el Ejército durante seis años y alcanzó el rango de sargento. "Tenemos otro año, un año más para estar juntos, y espero más".

Tres miembros del clero habían acompañado a la familia a la oficina de inmigración, una pequeña habitación con 11 sillas y un folleto en la pared que advertía de un miembro de la MS-13 que era buscado por asesinato en Honduras. Mientras se encontraban en el ascensor, un desconocido los notó y preguntó si había servicios religiosos en el edificio.

“Dios está en todas partes”, dijo Pineda, sonriendo.

Verónica Castro, a la izquierda, y su familia llegando al edificio federal Fallon, en Baltimore, para su chequeo con las autoridades de inmigración. Estaban rodeados de activistas.

Astrid Riecken para The Washington Post.

Verónica Castro, a la izquierda, y su familia llegando al edificio federal Fallon, en Baltimore, para su chequeo con las autoridades de inmigración. Estaban rodeados de activistas.

Afuera, una multitud se había reunido para mostrar el apoyo de la familia. Entre ellos había un pastor que había viajado desde Chicago y activistas de derechos de inmigración locales que habían formado grupos después de la toma de posesión del Presidente Trump. Ellos sostenían pancartas para que la familia supiera que no estaba sola. "Te amamos", se leía en uno. "Seguridad para todos", se leía en otros.

Los que estaban en la multitud habían orado juntos y escuchado mientras Castro les contaba la historia de su familia. La mujer de 38 años de edad, les dijo acerca de las necesidades médicas de su marido.

Pineda, de 47 años, recibió un alta médica del Ejército y toma medicamentos para la diabetes, la depresión y el dolor en una mano que se lesionó durante un entrenamiento de combate. Les contó acerca de sus cuatro hijos, dos de los cuales tienen discapacidades. El hijo de 14 años de la pareja tiene parálisis cerebral y su hijo de 17 años se quedó con daño cerebral después de una cirugía cardíaca cuando era un niño pequeño. Su madre lo ayuda a bañarse, vestirse y caminar hacia y desde el autobús todos los días.

"Mi esposo no podría cuidar de mis hijos sin mi ayuda", dijo Castro. "Si me deportan, mi familia será destruida".

Castro, que entró dos veces ilegalmente al país desde México, se ha enfrentado a estos controles desde el año 2011. Es para ese entonces cuando su solicitud de libertad condicional, que permite a familiares de miembros militares solicitar su estatus legal mientras permanece en el país, fue negada fundamentada en el hecho de que años antes había utilizado una "tarjeta de cruce fronterizo obtenida fraudulentamente".