Quantcast
El Tiempo Latino
5:03 p.m. | 91° 9/24/2017

Fondo permanente para asesoría legal a inmigrantes se discute en el Concejo de DC


Los servicios jurídicos beneficiarían a más de 30 mil extranjeros en riesgo de perder su TPS

Ricardo Sánchez-Silva | 7/14/2017, 4:27 p.m.
Fondo permanente para asesoría legal a inmigrantes se discute en el Concejo de DC
DEFENSORES. La Concejal Brianne Nadeau y Abel Núñez de CARECEN trabajan de la mano en pro de los inmigrantes. | Ricardo Sánchez-Silva

El miércoles 12 de junio se llevó a cabo una audiencia en el Concejo del Distrito de Columbia, con el fin de discutir el Proyecto de Ley de Acceso a la Justicia para Inmigrantes, propuesto por la Concejal Brianne Nadeau.

El texto busca brindar un fondo permanente para que los inmigrantes puedan tener acceso a servicios legales sin ningún costo, independientemente de sus casos particulares. "Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario. Quiero asegurarme de que nuestros residentes tengan las herramientas que necesitan, mientras están siendo perseguidos por la actual administración federal. La ley debe tratar a todos con justicia, sin importar quiénes sean ", dijo Nadeau.

Precisamente la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, había aprobado en marzo recursos para que diez organizaciones sin fines de lucro brindaran asesoría legal a inmigrantes de forma gratuita. El monto estipulado fue de $ 500 mil, sin embargo, el aporte forma parte de una política de apoyo de la funcionaria a estos grupos minoritarios y no existía hasta ahora ninguna ley que garantizara su continuidad.

“Agradecemos todo el esfuerzo de la alcaldesa, pero sabemos que es algo a su discreción y que podría cambiar con cualquier administración. La ley aseguraría que estos fondos sean permanentes en el presupuesto de la ciudad. Igualmente, tendríamos que luchar para que se asignen los recursos. Le pedimos al Concejo que se apruebe al menos un millón de dólares por cada año fiscal, porque lo que hemos visto es que el fondo que se otorgó de medio millón es para el año completo”, declaró Abel Núñez, Director Ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

El directivo también reconoció que la administración de Bowser ha protegido a los inmigrantes en el transcurso de su gestión mediante programas de salud, la emisión de licencias de conducir a indocumentados, así como la prestación de diversos servicios que benefician a los residentes del Distrito.

FONDO PERMANENTE. Sapna Pandya, directora de Many Languages One Voice, considera que el fondo permanente debería ser de al menos $2 millones.

FONDO PERMANENTE. Sapna Pandya, directora de Many Languages One Voice, considera que el fondo permanente debería ser de al menos $2 millones.

Ahora bien, a juicio de Sapna Pandya, directora de Many Languages One Voice, además de la creación del fondo, es importante que se incorporen más abogados especialistas en la materia, ya que según informó, una de cada cinco personas en DC es inmigrante.

“Esto es parte de la solución, pero hay muchos de nuestros miembros que los abogados no van a ayudar porque tienen antecedentes criminales. Esas personas tienen mucho miedo. Necesitamos reformar el sistema en general para que no puedan ser deportados”, aseguró Pandya. De acuerdo a su percepción, el fondo anual - de ser aprobada la ley - debería ser fijado en al menos $ 2 millones.

La decisión de introducir esta ley, se enmarca en un momento crítico para los centroamericanos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), ya que según informó Núñez, los hondureños y nicaragüenses deberán esperar hasta noviembre de este año para saber si el gobierno lo renovará o pasarán a la lista de indocumentados. Los salvadoreños tendrán respuesta para enero del año que viene.

De acuerdo a CARECEN, en el área Metropolitana de DC hacen vida entre 30 mil y 60 mil inmigrantes con TPS, por lo que las próximas decisiones del gobierno federal tendrán un impacto que se podría ver reflejado en una regresión, incluso, en el aspecto laboral, ya que muchas personas se verían obligadas a volver al sector informal de la economía, si quedan sin protección legal del Estado.