Después de una redada de inmigración en Virginia esta primavera, funcionarios federales anunciaron que habían capturado a un ex teniente de una agencia de seguridad nacional somalí conocida por abusos de derechos humanos.
Pero los agentes federales jubilados cuentan una historia diferente sobre el delgado padre con anteojos que ha estado sentado en una cárcel de inmigrantes desde finales de marzo. Dicen que es un informante confidencial del FBI que arriesgó su propia seguridad para salvar vidas estadounidenses y debería haber recibido una tarjeta de residencia (green card). En cambio, se enfrenta a la deportación a un país donde su historia de espionaje para Estados Unidos podría hacer que lo maten.
El hombre, cuyo nombre está siendo protegido por el Washington Post por preocupaciones sobre su seguridad, evitó un “gran ataque terrorista” en una embajada estadounidense en África, descubrió redes de apoyo para algunos de los secuestradores del 11 de septiembre e investigó los asesinatos de EE.UU. en Somalia, según declaraciones confidenciales de agentes federales jubilados compartidas con el Washington Post.
“Está recibiendo un mal trato”, dijo Richard Lauría, un ex agente especial de inmigración asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta del Terrorismo del país. “Él excedió las expectativas, y no debería estar en la posición que está ahora”.
El caso del hombre ilustra la poderosa influencia que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre los informantes y testigos extranjeros y las concesiones que ambas partes tienen que hacer. El gobierno ha ofrecido por mucho tiempo visas especiales a los inmigrantes que proporcionan información crítica sobre el terrorismo o las organizaciones criminales, incluso si esos inmigrantes están aquí ilegalmente o tienen antecedentes penales.
Las visas conducen a la residencia o a la ciudadanía estadounidense. Pero los críticos dicen que Estados Unidos a menudo no mantiene su parte de la negociación, dejando a personas como el somalí en el limbo legal, siempre y cuando cooperen, y en riesgo de deportación cuando para de hacerlo.
El hombre se convirtió en un informante para evitar la deportación después de ser arrestado por un cargo criminal de fraude migratorio en 1998. Continuó ese trabajo de vez en cuando durante casi dos décadas, incluso mientras acumulaba cargos criminales menores. Ahora es de mediana edad con hijos nacidos en Estados Unidos. A principios de este año, le a sus contactos del FBI con los que trabajó por última vez ya no trabajaría para ellos. Poco después de eso, fue arrestado.
Funcionarios estadounidenses dicen que los inmigrantes no tienen derecho a una visa S ─conocida de forma burlona como la visa “soplón” (snitch)─ a cambio de su trabajo. Y dicen que los informantes que cometen nuevos delitos pueden ser descalificados del programa.
“Hay estrictos requisitos legales”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr la semana pasada. “Ni una agencia policial ni un fiscal federal tiene la autoridad de garantizar a un extranjero que recibirán una visa S”.
Debido a que los archivos de inmigración se mantienen en secreto, el registro completo del caso del hombre somalí no estaba disponible para que el Washington Post los revisara. El FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglos en inglés) se negaron a dar detalles sobre su trabajo para el gobierno o por qué fue arrestado después de 20 años en los Estados Unidos. Carissa Cutrell, portavoz de ICE, dijo que el hombre tiene condenas por delitos de fraude migratorio y múltiples faltas, agregando que ella no podría proporcionar información adicional porque el hombre se negó a firmar una exención de responsabilidad.
El Congreso creó el programa de visas S en 1994, un año después del bombardeo del World Trade Center de Nueva York. El gobierno reserva 200 visas al año para los informantes y los testigos que proporcionan la información sobre organizaciones criminales y 50 al año para los inmigrantes que ayudan investigaciones de terrorismo.
Una agencia policial debe patrocinar inmigrantes para las visas S, con la aprobación del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Desde 1995, casi 900 inmigrantes, y 750 de sus familiares, han recibido visas S por exponer organizaciones criminales, según estadísticas federales y el Servicio de Investigación del Congreso.
Pero sólo seis visas han sido entregadas a informantes terroristas o testigos desde que comenzó el programa. Cinco visados fueron emitidos en 1995 y uno fue entregado el año fiscal pasado, además de seis visas para familiares de esas personas.
En Georgia, la abogada Tracie Klinke dijo que ha tenido al menos dos casos en los que se prometió a los clientes visas para ayudar en las investigaciones criminales, incluido el tráfico de drogas, pero nunca las recibió. Un ex cliente de la India que rompió un anillo de fraude migratorio terminó aterrorizado de que sería deportado al mismo país de las personas que ayudó a poner en la cárcel.
Hassan Shibly, director ejecutivo del Council de Relaciones Americano-Islámicas de Florida, dijo que el FBI rutinariamente recluta a inmigrantes musulmanes como informantes, pero rara vez sigue con sus promesas de ayudar a sus casos de inmigración.
“Los inmigrantes, especialmente aquellos que no son ciudadanos estadounidenses, son objetivos principales porque ellos (los oficiales estadounidenses) tienen más influencia”, dijo.
El pasado
La trayectoria del hombre somalí desde que infringió las leyes migratorias hasta convertirse en un informante del gobierno que vive en el norte de Virginia comenzó en un día del invierno de 1995, cuando aterrizó en el aeropuerto internacional Logan de Boston usando un falso pasaporte sueco que compró por 500 dólares, según los documentos de la corte.
Solicitó asilo, perdió y fue expulsado de Estados Unidos. Regresó a Estados Unidos, se casó y solicitó asilo de nuevo, usando su verdadero nombre. Los agentes de inmigración revisaron sus huellas dactilares, descubrieron el viejo caso y lo arrestaron por delito de fraude migratorio en 1998.
Lauría, el agente federal ahora retirado, dijo que él reclutó al hombre para investigar a los criminales de guerra somalíes que estaban siendo contrabandeados de los campamentos de refugiados kenianos a Estados Unidos y Canadá. Los registros de la corte dicen que el hombre enfrentó hasta 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, sin mencionar la deportación, pero después de que se declaró culpable, un juez lo condenó a un año de libertad condicional.
Durante las dos décadas siguientes, el hombre ayudó al FBI y a otras agencias a investigar a los extremistas y las conspiraciones terroristas.
Llevaba micrófonos ocultos en cafeterías, centros comerciales, puestos de taxis y clubes, dijo Lauría. No le dijo a nadie, ni siquiera a su esposa, lo que estaba haciendo. Ella temía que estuviera teniendo una aventura porque se quedaba fuera toda la noche.
Tim Clemente, un agente especial del FBI retirado, dijo en una declaración jurada que el hombre expuso las redes financieras de los grupos terroristas de Estados Unidos y en otros lugares. Las investigaciones llevaron a arrestos y salvó vidas, dijo la declaración jurada, particularmente en el caso del ataque planeado contra una embajada estadounidense sin nombre en África.
Clemente escribió que es “muy probable que muchas, muchas personas hubieran sido asesinadas” si el hombre no hubiera ayudado.
Lauría dijo que antes de ser transferido a otra agencia federal en 2001, presentó un grueso paquete recomendando al hombre para una visa S. Pero Lauría y otros siguieron adelante, y ahora Lauria dice que teme que la solicitud de visa se quedó engavetada.
En 2012, Lauría y Clemente escribieron las declaraciones juradas instando a un juez de inmigración a que otorgue al hombre la residencia legal.
“En mis ojos,” escribió Clemente, el hombre “es verdaderamente un héroe americano”.
En una entrevista, Lauría dijo que los “días del hombre serían contados” si fuera deportado.
El hombre dice que le dijo al FBI dos semanas antes de su arresto que ya no sería un informante. El 26 de marzo, ICE lo arrestó y dijo que había sido un “segundo teniente al mando del Servicio Nacional de Seguridad Somalí, una organización conocida por abusos contra los derechos humanos, violación, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.
El hombre niega haber estado alguna vez en el Servicio de Seguridad Nacional de Somalia.
Su registro criminal incluye el delito de fraude migratorio de 1998 y, según ICE, múltiples delitos menores. Los registros judiciales muestran condenas de delito menor en el año 2015 por la posesión de drogas con receta y por lo menos dos cargos pendientes: un arresto el año pasado por obtener dinero bajo pretextos falsos y un cargo de enero por robar en tiendas.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que hay muchas razones por las que los informantes y los testigos podrían no recibir una visa S, incluyendo el hecho de no mantener un registro limpio.
Pero Lauría y otros dijeron que el hombre debería haber sido un ciudadano estadounidense en la actualidad, lo que lo protegería de la deportación.
El 21 de abril, el hombre apareció vía video en la corte de inmigración en una audiencia de fianzas. Clemente y un tercer agente federal jubilado, que dio su nombre sólo como Brian, estaban en la sala, listos para testificar en su nombre.
El juez consideró cerrar el proceso al público. El Washington Post objetó la decisión, pero el juez finalmente dictaminó que el hombre no era elegible para una audiencia de fianzas debido a su antecedente criminal.
Su próxima aparición es en junio.
“Ellos están utilizando esto para aprovecharse y que yo siga cooperando”, dijo el hombre en una entrevista antes de la audiencia de abril. “O de otra manera, ‘vamos a enviarte de vuelta a Somalia’, donde definitivamente seré asesinado”.
Jennifer Jenkins, del Washington Post, contribuyó a este informe.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
