El Distrito de Columbia y Virginia se han unido a un creciente número de ciudades y estados cuyos líderes se comprometen a mantener los objetivos del acuerdo climático de París, a pesar de que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada que Estados Unidos se retirará del acuerdo.
La alcaldesa de DC, Muriel Bowser (D), firmó el lunes una orden de ratificación del compromiso de la ciudad con el pacto ambiental mundial. Ella estuvo entre los más de 200 alcaldes que firmaron la semana pasada una promesa de “adoptar, honrar y cumplir los compromisos” del acuerdo.
También el lunes, el gobernador Terry McAuliffe (D), anunció que Virginia se uniría a la Alianza por el Clima de Estados Unidos, un grupo de más de una docena de estados -incluyendo California, Massachusetts y Nueva York- que trataban de alcanzar los objetivos del acuerdo de París a pesar de a falta de cooperación del gobierno federal.
Ninguna de las acciones comprometió al Distrito o Virginia a nuevas políticas de reducción de emisiones más allá de las que ya están persiguiendo. Pero agregaron dos nombres prominentes a la larga lista de corporaciones, universidades y gobiernos de ciudades y estados que se declararon en desacuerdo con la decisión de Trump de abandonar el acuerdo.
“Los efectos del cambio climático ya están aquí, y sin una planificación y colaboración adecuadas, serán catastróficos”, dijo Bowser en un comunicado, agregando que “como capital de la nación, tenemos una obligación especial de crear políticas e implementar programas que protejan nuestro ambiente”.
McAuliffe dijo en un comunicado que “si el gobierno federal insiste en abdicar el liderazgo en este tema, dependerá del pueblo estadounidense dar un paso adelante, y en Virginia estamos haciendo precisamente eso”.
Una portavoz del gobernador de Maryland, Larry Hogan, declinó decir el lunes si se uniría a los gobernadores que se comprometen formalmente a trabajar hacia los objetivos del acuerdo de París, y añadió que la administración “sigue aprendiendo sobre esta nueva iniciativa”.
La oficina de Hogan divulgó una declaración la semana pasada, diciendo que la retirada de Trump del acuerdo sobre el clima era “una acción que el gobernador no habría tomado”. La declaración destacó una ley 2016 de Maryland que establece nuevas y mayores metas para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en el estado.
La decisión de Trump de retirarse del acuerdo de París -que hace que Estados Unidos sea uno de los tres países que, junto con Siria y Nicaragua, no participan- ha sido ampliamente condenada por los líderes políticos y empresariales. Los críticos dicen que la medida obstruirá los esfuerzos para frenar el calentamiento global y debilitará el liderazgo de Estados Unidos en la escena internacional.
Trump, quien una vez dijo que “el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer la manufactura de Estados Unidos no competitiva”, calificó su decisión como una que salvaría a los trabajadores y negocios estadounidenses de restricciones ambientales intrusivas.
Sin embargo, los observadores han cuestionado el argumento económico contra el acuerdo, diciendo que el análisis del presidente no toma en cuenta los nuevos empleos “verdes” (en el sector de ecología y ambiente), entre otras cosas.
El gobierno federal tiene el poder de frenar las principales fuentes de contaminación, tales como las emisiones de automóviles e industriales. Pero los estados y las ciudades tienen muchas palancas para reducir los gases de efecto invernadero, dijo Robert Orr, decano de la Escuela de Política Pública de la Universidad de Maryland y ex asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre cambio climático.
Entre ellos, dijo Orr, está la capacidad de imponer estándares al portafolio de energías renovables, o cuánto de la energía proporcionada a una ciudad o estado debe provenir de fuentes renovables de energía como la eólica y la solar.
“La conclusión es que tienen mucho poder”, dijo Orr. “Gran parte de la reducción de las emisiones de carbono prevista bajo los compromisos asumidos por el gobierno de Obama ocurriría a nivel estatal y local de todos modos”.
En el plan climático y energético del Distrito se pide que el 50 por ciento de la electricidad provenga de fuentes renovables para el año 2032. En Virginia, McAuliffe ordenó a los funcionarios estatales en mayo elaborar un plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
El portavoz de McAuliffe, Brian Coy, dijo que la decisión de firmar con la Alianza de Estados Unidos “refuerza la histórica acción ejecutiva que tomó el Gobernador el mes pasado cuando convirtió a Virginia en el primer estado en la era Trump para limitar las emisiones de carbono”.
Pero Mike Tidwell, director ejecutivo de la Red de Acción Climática de Chesapeake, dijo que el apoyo de McAuliffe al pacto de París era hipócrita a la luz de su apoyo a la perforación en alta mar y dos propuestas de gasoductos.
“El compromiso del gobernador con la fractura hidráulica (fracking) y el petróleo costa afuera, si se materializa, hará que Virginia incremente drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años, una violación total de los principios del acuerdo de París”, dijo Tidwell el lunes.
La periodista del Washington Post Ovetta Wiggins contribuyó con este informe.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
