Las organizaciones Family Services Network (FSN) y Red Activista por Venezuela (RAV) introdujeron este 31 de agosto un documento ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, para denunciar la violación de 13 artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por parte del régimen de Nicolás Maduro en el país caribeño.
Un verdugo en la ONU
Según las ONG, los compromisos establecidos en el tratado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se honran y el abogado José Ángel Rodríguez Reyes, quien es parte del Comité de Derechos del Niño dentro del ente internacional, no ha denunciado los abusos y atropellos que se cometen en el país contra los infantes porque es parte del régimen.
“Hace algunos años, la Fundación de Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), alertó que se estaba adoctrinando a los niños en los colegios y creando unos comité de ideología de guerrilla. Ellos no estaban de acuerdo con que el Estado hiciera eso, pues violaba la Constitución y los derechos del niño, entonces este señor (Rodríguez Reyes), intercedió en esa denuncia, pero no se llevó adelante, no le dio importancia”, dijo María Brito, miembro de RAV.
Para las activistas la situación es delicada, pues al menos 20 menores de edad fueron asesinados en Venezuela solo durante las protestas contra el régimen de Maduro desde el 1 de abril hasta el 13 de agosto, con edades comprendidas entre 13 y 17 años. La mayoría dados de baja por impacto de proyectiles.
“Esta no es una acción simbólica, tengo tres años tocando puertas para poner la denuncia. La información ha sido bastante difícil de conseguir, porque hay miedo a la represión. Hemos conseguido informes en internet, a través de medios de comunicación” y algunas ONG extraoficialmente, aseveró Astrid Gamez, activista de FSN.
En cuanto a la violación del derecho a la salud, presentaron datos del último boletín epidemiológico de 2016, publicado por el Ministerio de Salud, que provocó la remoción de la funcionaria de esa cartera, Antonieta Caporale, apenas salió a la luz pública en mayo de este año. “Se vieron los altos índices de mortalidad infantil, neonatal, materna y reemergencia de enfermedades infectocontagiosa como la malaria, la difteria, tuberculosis, entre otras”, expresó María Eugenia Guevara, pediatra integrante de la Asociación Médicos Unidos de Venezuela y RAV.
En un panorama somero, el informe de la institución resaltó 240 mil casos confirmados de malaria en 2016, es decir 76% por encima de las cifras de 2015 ofrecidas por la Sociedad Venezolana de Salud Pública. En total, alrededor de 11 mil 500 niños murieron en el país ese año.
Presión internacional
Guevara informó que llevan un seguimiento de los casos de violaciones a los derechos de los niños y la crisis humanitaria que enfrenta su país. “A principios de julio se le entregaron a la Secretaría General de la OEA, las cartas emitidas por sociedades científicas de médicos venezolanos”.
El tratado internacional al que hacen referencia fue adoptado en 1989 por la Asamblea General de la ONU, a la cual está suscrita Venezuela y establece en su artículo 19 que todos los Estados firmantes se comprometen a “tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de violencia física o mental, lesiones o abusos, descuido, tratos negligentes, malos tratos o explotación, incluyendo abuso sexual perpetrado por los progenitores o cualquier otra persona encargada de su cuido”.
En esta fase, han pedido asesoría a la OEA y esperan dar otros pasos ante las instancias competentes, tales como el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (parte de la OEA), la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos) e incluso dirigirse directamente a los países miembros de la Convención.
Por ahora, exigen a Rodríguez Reyes que denuncie estas violaciones, abusos y atropellos hacia los menores o de lo contrario debería ser destituido por el organismo.
