El último veto migratorio del presidente Donald Trump podría bloquear la emisión de decenas de miles de visas cada año a las personas que quieren inmigrar a Estados Unidos o venir por negocios o como turistas, según una revisión del Washington Post de datos del Departamento de Estado, y es está amenazando con hacer un cortocircuito en la batalla legal que se da en la Corte Suprema sobre si Trump puede legalmente imponer tales restricciones de viajes de gran alcance.
El lunes, la Corte Suprema postergó – al menos por ahora – una audiencia sobre el veto migratorio previo de Trump, pidiendo en su lugar informes sobre si las últimas restricciones significan que no queda nada para que los jueces decidan.
Mientras tanto, los oponentes a la medida de restricción de entrada al país se comprometieron a luchar contra eso, afirmando que la nueva medida infligió algunos de los mismos daños de la primera medida, y que fue impulsado por la misma intención discriminatoria.
“Para nosotros, esto fue una prohibición contra los musulmanes, y sigue siendo una prohibición contra los musulmanes”, dijo Zahra Billoo, directora ejecutiva de la sección de San Francisco del Consejo sobre Relaciones Americano-Islámicas.
La prohibición más reciente es, en algunos aspectos, aún más expansiva que la anterior, permaneciendo en vigor indefinidamente e imponiendo restricciones a ocho países, en lugar de seis. Pero a diferencia del último veto, las restricciones varían de un lugar a otro, y los países que aumentan su cooperación e intercambio de información con Estados Unidos podrían quedar fuera de la lista.
Para Siria y Corea del Norte, la orden del presidente bloquea a los inmigrantes que desean trasladarse a EE.UU. y a los no-inmigrantes que deseen visitar el país de algún modo. Para Irán, la orden bloquea tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, aunque exime a los estudiantes y a quienes participan en un intercambio cultural.
La proclamación bloquea a la gente de Chad, Libia y Yemen de venir a EE.UU. como inmigrantes o con visas de negocios o turísticas, y bloquea a la gente de Somalia de venir como inmigrantes. La proclamación nombra a Venezuela, pero sólo bloquea a ciertos funcionarios del gobierno.
Una revisión del Washington Post de los datos del Departamento de Estado encontró que más de 65.000 visas fueron emitidas en el año fiscal 2016 que ahora probablemente caerían bajo la prohibición. El veto migratorio, sin embargo, contiene una lista robusta de personas que podrían calificar para una excepción caso por caso, incluso para aquellos con contactos significativos en EE.UU. o aquellos que desean visitar a familiares cercanos.
La prohibición también exime a los ya admitidos en EE.UU. para la fecha de vigencia de la proclamación, que para los no afectados por el veto migratorio anterior es el 18 de octubre.
Batalla en la corte
La Corte Suprema estaba dispuesta a escuchar argumentos sobre el veto migratorio de Trump, firmada en marzo, pero el lunes retiró esa audiencia del calendario y pidió informes sobre si el caso ya era discutible.
Una parte significativa de la orden ejecutiva anterior -la prohibición de 120 días sobre todos los refugiados que ingresan a EE.UU.- permanece en vigencia hasta el 24 de octubre. La última prohibición no deja claro qué sucederá después de eso. Funcionarios estadounidenses han estado discutiendo la posibilidad de reducir el límite de refugiados para el año fiscal 2018 a menos de 50.000. El año fiscal comienza el 1 de octubre.
Muchos observadores legales piensan que la nueva directriz hará discutible la revisión que haga el tribunal de la segunda orden ejecutiva. Mientras que los tres jueces más conservadores de la corte, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, habrían permitido que la orden de Trump entrara en vigor tal como estaba escrita, el resto de la corte ha buscado un punto intermedio.
“Es difícil ver cómo el tribunal tendrá mucho apetito para decidir” los méritos de la disputa con una nueva orden en la mesa, dijo la semana pasada Kannon Shanmugam, un abogado de Washington, D.C., que argumenta con frecuencia ante el tribunal.
En sus escritos iniciales, los abogados que desafían la orden ejecutiva -grupos de inmigrantes y el estado de Hawaii-, así como el Departamento de Justicia argumentaron que el caso no era discutible. Esos argumentos se presentaron antes de que se emitiera la última orden, pero a conciencia de que la prohibición podría expirar antes de que el tribunal oyera el caso. Después de que se emitiera la nueva orden, el Procurador General Noel Francisco sugirió a los jueces que ordenaran nuevos informes de las partes sobre cómo afectó el caso.
Los opositores al veto migratorio se han mantenido silentes acerca de cuál sería la trayectoria legal de aquí en adelante.
“Continúa dañando a nuestros actuales demandantes”, dijo Justin Cox, un abogado del National Immigration Law Center.
Para establecer la nueva prohibición, los funcionarios estadounidenses realizaron una revisión mundial de la información que los países pudieron proporcionar sobre los viajeros que deseaban venir a EE.UU.
En un principio, 16 países fueron considerados inadecuados para ser admitidos y 31 corrieron el riesgo de ser considerados como tal, dijeron las autoridades. Los funcionarios estadounidenses negociaron entonces con contrapartes extranjeras, produciendo finalmente una lista de ocho países que no podían o no estaban dispuestos a proporcionar la información que EE.UU. querían.
Sudán fue eliminado de la lista del veto migratorio prohibición, y su remoción es notable en parte porque es uno de los tres países designados por el gobierno de EE.UU. como patrocinadores del terrorismo. Los otros dos, Irán y Siria, permanecen en la lista del veto migratorio.
Chad, Corea del Norte y Venezuela. Los de Chad, en particular, parecían sorprendidos.
“La reacción ha sido asombro y luego la indignación”, dijo Nour Ibedou, director de la Asociación Chadiana de Derechos Humanos. “No entendemos cómo nuestro país logró esta falta de confianza de Estados Unidos”.
Los funcionarios de la administración ahora pueden señalar a Venezuela y Corea del Norte como países que no son mayoritariamente musulmanes que forman parte de la lista del veto migratorio- quizás subestimando el argumento de los opositores de que la medida está destinada a cumplir la promesa de campaña de Trump de una prohibición musulmana. Pero los opositores a la prohibición señalan que las restricciones a Venezuela afectan sólo a funcionarios gubernamentales, y pocas personas de Corea del Norte viajan a Estados Unidos.
El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que la nueva prohibición es una “estrategia infundada” contra el país sudamericano.
“Estamos buscando un diálogo, estamos buscando canales”, dijo. “Tenemos que detener la locura y la irracionalidad”.
Si el caso del Tribunal Supremo sobre el veto migratorio se declara discutible, podría haber desacuerdo sobre lo que suceda a continuación. El gobierno quiere que la Corte Suprema deshaga las dos decisiones de la corte de apelación que dicen que la orden ejecutiva de Trump no podría ser ejecutada y eliminar el precedente que vendría con ello. Un panel del Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito dijo que la orden violaba la ley federal, mientras que el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Circuito dijo que la prohibición de Trump era inconstitucional.
Existe un precedente para que la Corte Suprema abandone esas resoluciones. En una sentencia de 1950 en un caso llamado Estados Unidos v. Munsingwear, donde el tribunal sostuvo que cuando intervienen elementos que se han vuelto discutibles y ello impide la revisión de la decisión de un tribunal inferior, esa decisión debe ser abandonada. Pero los demandantes del veto afirman en sus escritos que no deben ser el resultado en este caso aquí.
La nueva prohibición también podría enfrentar nuevas demandas. Pero analistas legales dijeron que los demandantes probablemente enfrentarían enormes obstáculos.
“Mi predicción es que dada la importancia de estos poderes, es muy probable que el tribunal sostenga que la nueva medida contiene el tipo de análisis riguroso y midió las opciones de política necesarias para pasar el asunto constitucional”, dijo León Fresco, quien trabajó en la oficina de litigios de inmigración en el Departamento de Justicia del presidente Barack Obama. “Y, yo no veo a la Corte Suprema diciendo que cualquier parte de esta nueva directriz sea inconstitucional”.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
