El sindicato 32BJ SEIU en Washington, Maryland y Virginia, rechazó contundentemente la decisión de la administración del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el próximo censo poblacional de EEUU para 2020, aunque dejó clara su posición de llamar a los latinos a responderla sin temor.
Por su parte, la Casa Blanca (WH) aclaró que aunque la decisión no emanó directamente de su ala oeste, sino de un “nivel departamental”, cuenta con su respaldó, pues precisamente el Departamento de Comercio, ente que supervisa el censo, requiere que se implemente la pregunta como requerimiento a la Ley de Derechos Electorales.
“Hacemos un llamado a que responda la pregunta. Si no nos contamos, seremos menos y la ayuda disminuirá, así que no hay que tener miedo o estaremos cometiendo un error. No creo que los datos del censo sean usados para seguir hostigando a las comunidades. Ellos tienen suficiente información y saben dónde está nuestra gente” dijo a El Tiempo Latino, Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato, quien representa a 18,000 empleados de limpieza de oficinas y agentes de seguridad privados en el área metropolitana de Washington D.C. y Baltimore, en su mayoría latinos.
A pesar de que tanto el 32BJ SEIU, como diversos grupos pro inmigrantes rechazan la medida, porque podría provocar una disminución en la participación, la secretaria de prensa de la WH, aseguró en una conferencia que no hay ningún esfuerzo para incentivar a este segmento de la población a que responda la controversial pregunta o participe en la encuesta.
De acuerdo a un informe de la Oficina de Censo de los Estados Unidos publicado en septiembre de 2017, 132 programas usaron datos de este estudio poblacional para asignar más de $675 mil millones entre los estados en 2015, la mayoría destinado a atención médica, asistencia para personas de bajos recursos y ayudas o becas educativas.
“En 2009, la Oficina del Censo emitió un documento de trabajo que encontró que se distribuyeron más de $ 400 mil millones de fondos federales utilizando los datos de la Oficina del Censo (Blumerman, 2009). Esta estimación se utilizó con frecuencia para ilustrar el valor de los datos precisos oficina, como parte del esfuerzo para alentar una encuesta oportuna y las respuestas del censo. Sin embargo, este cálculo se basó en fondos del año fiscal 2007. A medida que la institución se prepara activamente para el Censo 2020, una estimación actualizada se vuelve cada vez más importante”, reza el informe oficial.
“Creemos que el señor Wilbur Ross, Secretario de Comercio está en el lado equivocado de la historia de este país. Los números que salen del censo se usan para distribuir la representación en el Congreso, los miembros de la Cámara de Representantes dependen de cuántas personas viven en cada estado, entonces eso implica que en zonas donde hay personas con DACA, TPS o tienen papeles, si no van a ser contadas no tendrán representación. También incide en las asignaciones de fondos para las escuelas, atención médica e infraestructura del país”, declaró Contreras.
Ahora bien, en la reunión de primavera 2018, transmitida en vivo en el canal de YouTube de la oficina, el Comité Asesor Científico del Censo abordó el tema de la pregunta, el cual tuvo un rechazo por parte de los expertos por considerarla como una decisión política que afectará la precisión de los datos.
“Quiero decir en términos muy claros que creo que esta es una decisión absolutamente horrible. Todavía estoy estupefacta de que esta decisión llegue en una fecha tan tardía. Mi opinión es que esto tendrá graves consecuencias negativas para la calidad de los datos y los costos”, dijo D. Sunshine Hillygus, profesora de la Universidad de Duke.
Para Contreras, quien considera esta acción como racista y supremacista, aún las cifras actuales referidas al total de la población latina en la nación no son precisas, porque la gente no ha tenido la confianza de participar en censos anteriores, pero ahora con esta pregunta aumentará la abstención “por miedo de que si responden de cierta manera los puedan buscar, lo que es incorrecto. Esto disminuiría el número de gente latina y tendría muchas implicaciones en las comunidades”.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Comercio aseguró que la pregunta de ciudadanía ya se hace en la Encuesta anual de la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) y ha sido incluida previamente en otros censos poblacionales. “Entre 1820 y 1950, casi cada censo decenal formuló una pregunta sobre la ciudadanía de alguna forma. En la actualidad, las encuestas de poblaciones de muestra, como la Current Population Survey y la ACS continúan haciéndolo”.
Sin embargo, a pesar de la justificación del ente, al menos 11 estados de la coalición azul, liderados por Nueva York, planean demandar a la administración del presidente Trump. La decisión de emprender tal acción legal fue dada a conocer por Eric T. Schneiderman, fiscal general de NY y será ejercida junto a funcionarios de Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Washington, mientras que California ya presentó una demanda por separado el lunes 26 de marzo.
“Este gobierno quiere hacer la vida de los inmigrantes en el país una pesadilla para que nosotros nos auto deportemos, lo cual es un error de parte de nuestra gente porque aquí en este país ya echamos raíces y debemos hacernos contar. Nadie los va a ir a buscar. No nos desesperemos; los que somos ciudadanos, salgamos a votar. Somos 27 millones de latinos en el país habilitados para sufragar, pero en las últimas elecciones sólo participaron 13.2 millones. Es decir, más de la mitad se quedó en casa y por eso estamos como estamos con este presidente”, concluyó Contreras, mientras que enfatizó que acciones de este tipo contra la población de inmigrantes se deben al temor que los republicanos le tienen al inminente cambio demográfico del país, en el que las minorías pasarán a ser mayorías en un futuro cercano.
