Una papa caliente, en eso se convirtió la Electrificadora del Caribe para el gobierno y los miles de ciudadanos de siete departamentos del Caribe que dependen del suministro de energía que ofrece la empresa, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde noviembre de 2016.
Según la Superservicios, en ese año el Caribe sufrió alrededor de 100 horas acumuladas de cortes de energía por usuario, una situación que afectaba no solo a los 2.5 millones de ciudadanos que se benefician del servicio sino también a la productividad del sector industrial. Aunque la intervención le evitó un apagón a la costa, después de dos años, las soluciones no parecen acercarse a la luz.
Durante el tercer Congreso Empresarial Colombiano y la 74ª Asamblea Nacional de la Andi, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que Electricaribe requiere inversiones de entre $3,5 billones y $7 billones solo en los siguientes 10 años. La exuberante cifra ayudaría a mejorar las condiciones en las que es distribuido el servicio de energía en toda la región Caribe. Sin embargo, lograrlo es un desafío que tendrá que asumir el nuevo gobierno.
En marzo del 2017 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe con el propósito de que se siguiera con la prestación del servicio. Desde entonces, las opciones para salvar a la compañía han sido debatidas por las empresas que podrían comprarla, las autoridades locales de la región y recientemente en el capitolio, donde tampoco hubo consenso. Los expertos aseguran que encontrar una propuesta que recoja los intereses de los involucrados y satisfaga las necesidades de la población del Caribe, no es una tarea sencilla. Las opciones son muchas pero las posibilidades de realizarlas están limitadas.
¡En venta!
El gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que a finales de julio iniciaría el proceso para la consecución de un inversionista estratégico para Electricaribe. Santos anunció que el proceso estaba abierto para todos los interesados en convertirse en operadores de la empresa que anteriormente estaba en poder del grupo español Gas Natural Fenosa. Sin embargo, a la fecha el proceso de licitación parece no haber cuajado.
Aunque varias empresas podrían haber empezado una puja para tomar las riendas de una suministradora de energía en un sector con gran potencial de crecimiento como el del Caribe, las condiciones en las que se encuentra Electricaribe no han sido para nada atrayentes. EPM, una de las opciones más fuertes, está maniatada por la crisis de Hidroituango que asfixió a la empresa y la dejó sin mayores posibilidades de asumir un gasto tan grande y poco rentable.
Las condiciones del Grupo de Energía de Bogotá para poder contemplar la compra son muchas y casi imposibles de cumplir. Los líos de la distribuidora espantan las intenciones de sus posibles operadores. Al menos otras seis empresas tendrían en un inicio el interés de convertirse en inversionistas, pero hasta ahora nada oficial ha prosperado. Promigás, Celsia, Grupo Ethuss, y otras compañías nacionales y extranjeras habrían estado tambén en el sonajero.
En el debate de control político de este martes en el Congreso, la mayor parte de la bancada del Caribe manifestó su inconformidad con las soluciones que ha ofrecido el gobierno. Tanto que el senador barranquillero Mauricio Gómez aseguró que tenían conocimiento de una jugada del gobierno: devolverle Electricaribe a Fenosa. El congresista del partido Liberal aseguró que esta sería la peor opción.
“Me voy muy pesimista de este debate y me declaro insatisfecho con el resultado del mismo. Apoyamos al presidente Iván Duque, pero le pedimos que haga algo por esta situación, que es una bomba de tiempo que se le va a estallar en las manos”, dijo Efraín Cepeda, uno de los senadores citantes.
Según el interventor Javier Lastra, para su venta, los interesados deberán tener un patrimonio que sea equivalente mínimo a US$500 millones, acreditar que durante los últimos tres años tuvieron experiencia en la distribución y comercialización de energía y gas natural y haber manejado por lo menos 600.000 usuarios durante el mismo periodo. Pero eso no es todo, los posibles compradores tendrían que estar dispuestos a invertir los $7,1 billones que explicó el ministro Carrasquilla.
Fuente: Semana
