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Estudiantes colombianos exigen mejoras con un déficit presupuestario que solventar

Reclaman que la población estudiantil se ha incrementado mientras el presupuesto ha sido sumamente bajo en los últimos 5 años
GOBIERNO. Duque advirtió que su Gobierno no aceptará “la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social”.

GOBIERNO. Duque advirtió que su Gobierno no aceptará “la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social”.

El pasado 11 de octubre inició una ola de protestas en Colombia liderada por los estudiantes universitarios que consideran deplorable la situación de 32 universidades públicas, por lo que exigen al Estado un monto de 3,2 billones de pesos, que equivalen a alrededor mil millones de dólares americanos, para el funcionamiento de las mismas.

Reclaman que la población estudiantil ha incrementado de 150 mil estudiantes en el año 1992 a más de 600 mil en 2018, según datos oficiales y que el presupuesto ha sido sumamente bajo en los últimos 5 años que fueron presididos por el expresidente Juan Manuel Santos.

Asimismo, piden 15 billones de pesos, que son el equivalente a unos 4,7 mil millones de dólares americanos, para cubrir una “deuda histórica” que a su juicio posee Colombia con las entidades de educación superior.

A pesar de que el gobierno del presidente Iván Duque logró llegar a un acuerdo con las autoridades de las 32 universidades públicas para otorgar más recursos, valorados en 1 billón de pesos colombianos (4,3 mil millones de dólares aproximadamente), los estudiantes han seguido las protestas por considerarlo insuficiente.

Además, a estas protestas se les han unido organizaciones de campesinos, comunidades indígenas, transportistas, así como también la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), por la reforma fiscal que se está preparando en el país neogranadino.

Esta reforma busca atender un déficit de 14 billones de pesos (4,3 mil millones de dólares), del presupuesto para Colombia en el año 2019. Sin embargo, estos gremios consideran que afectará a la clase trabajadora, por lo que piden al Estado buscar otras alternativas para conseguir los fondos.

No obstante, algunas protestas han culminado en actos vandálicos con los que se han visto afectados los medios de comunicación. De hecho, a principios de noviembre, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado al movimiento estudiantil para que sea garante de la libertad de prensa buscando transmitir “sus diferencias con los medios por vías distintas a la agresión”.

“La FLIP rechaza con vehemencia las agresiones contra medios y periodistas y las obstrucciones de su trabajo. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta”, manifestó la fundación en un comunicado.

Por su parte, el mandatario colombiano ha rechazado en reiteradas oportunidades los actos vandálicos en las manifestaciones, aclarando que la protesta es bienvenida siempre y cuando se realice de forma pacífica.

Inclusive, la semana pasada, Duque hizo un llamado a los estudiantes a impulsar un pacto por la educación: “Hemos hecho un esfuerzo inmenso en medio de severas restricciones (…) por eso, invito a los estudiantes a valorarlo y a que continúen aportando ideas sobre el futuro de la educación superior en este cuatrienio”.

También, el director de la Policía, Jorge Hernando Nieto, dijo a mediados de noviembre que los que cometan actos vandálicos o terroristas en las manifestaciones pueden ser juzgados según el Código Nacional de Policía y Convivencia o afrontar consecuencias penales.

En concordancia con lo que estableció Nieto, el representante a la cámara Víctor Manuel Ortiz Joya, radicó un proyecto de Ley con el que se busca penalizar a los ciudadanos que realicen actos de vandalismo durante las marchas otorgando de 4 a 8 años de prisión y el pago de una multa que equivale entre 100 y 500 salarios mínimos.

“Respeto y apoyo las manifestaciones justas y el derecho a la protesta, pero debemos garantizar a los manifestantes las condiciones de seguridad necesarias para ejercer su derecho de manera pacífica. No permitiré que otros grupos infiltrados interrumpan violentamente este derecho” afirmó Ortiz.

La economía es un problema

La Ley de Financiamiento que se está tratando de impulsar en el Congreso colombiano también ha tocado la fibra de ciertos sectores que la rechazan por considerar que las medidas son impositivas, por lo que se han sumado a las protestas estudiantiles por sus distintos intereses.

La ley, que fue radicada el pasado 31 de octubre y con la que el Gobierno busca recaudar 7,5 billones de pesos para solventar el hueco fiscal, tenía la intención en un inicio de gravar con un Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 19 % al 80 % de los productos de la cesta básica.

Sin embargo, ni siquiera con ese monto el Estado colombiano podría cubrir el déficit del presupuesto para el año 2019 para el cual se requieren 14 billones de pesos.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo con respecto a esto que para cubrir el faltante en el presupuesto se planteó una estrategia dual que consiste en recaudar 7,5 billones de pesos a través de la ley de financiamiento y 6,5 billones de pesos por un plan de austeridad que ya inició la administración.

Por otro lado, el IVA que representaba la mayor fuente de recaudo con la extensión del impuesto a la canasta básica fue eliminado pero se mantuvo en rubros como las cervezas y las bebidas azucaradas, con el fin de disuadir el consumo de bebidas que son nocivos para la salud.



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