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Archivan investigación contra Petro por la recompra de acciones de TGI

La Fiscalía asegura que la valoración de las acciones fue adecuada. La Fiscalía, sin embargo, le abre investigación por el decreto que en el 2013 modificó el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Una de las batallas más grandes que empredió Gustavo Petro durante su administración quedó archivada para la justicia. La recompra de acciones de la Transportadora de Gas Natural, que el mismo Petro aseguró fue el negocio más rentable hecho por la Empresa de Energía de Bogotá en la última década, le trajó serios cuestionamientos de la Contraloría, que lo llamó a imputación de cargos por los montos más altos en la historia de la entidad, y de la Fiscalía, que lleva meses investigando.

Este jueves, sin embargo, el ente investigador anunció el archivo de la investigación en contra de Petro y de la entonces gerente de la EEB, Sandra Stella Fonseca, además de ocho integrantes de la junta directiva de esa entidad, al considerar que los estudios que se realizaron para valorar las acciones fue adecuada.

La investigación se centró en el negocio realizado en el 2014, cuando la Empresa de Energía de Bogotá decidió recomprar el 31,92 por ciento de las acciones de su filial Transportadora de Gas Internacional (TGI). Para el contralor distrital, Juan Carlos Granados, en la operación pudo haber un detrimento patrimonial de 509 millones de dólares (1,5 billones de pesos). Esta es la diferencia entre los 400 millones de dólares en los que la EEB vendió en 2011 el 31,92 por ciento de TGI y los 880 millones que pagó tres años después a la compañía Inversiones en Energía Latino America Holdings IELAH España por recomprar ese mismo porcentaje.

Petro y Sandra Fonseca defendieron la recompra como un gran negocio ya que EEB quedó con el control de una de las compañías más rentables del país, con gran expansión y con utilidades que aumentan año tras año. Paralelo a ello, los cuestionamientos seguían escalando por otro punto polémico en el que ahondó la Fiscalía.

Se trata de los cuestionamientos por lo ocurrido el 26 de marzo del 2014, un día después de que la EEB hizo su oferta, cuando supuestamente TGI decidió repartir 130.000 millones de pesos en dividendos, de los cuales giraron 41.517 a quienes se les iba a comprar la empresa. Y cuando se cerró el negocio, esos dineros nunca fueron descontados del valor de compra ni devuelto. Al respecto, los peritos de la policía judicial financiera, según informó la Fiscalía, determinaron que la evidencia no permite establecer que esto hubiera ocurrido.

Archivo y desarchivo

Paralelo a ello, la Fiscalía anunció que ordenó el desarchivo de la indagación en contra de Petro y del exsecretario de planeación distrital, Gerardo Ardila Calderón, por la expedición del Decreto 364 del 2013, por medio del cual se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

El ente investigador anunció que encontró mérito para continuar investigando por el delito de abuso a la función pública, ante una eventual transgresión a la ley penal al expedir mediante decreto una modificación al POT, después de haber sido improbado por el Concejo de Bogotá. Aunque el proceso había sido archivado en el 2014, porque no se pudo constatar que hubieran incurrido en el delito de prevaticato, las indagaciones ahora van en otra dirección.