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OPINIÓN | Cavilaciones en torno al liberalismo, los derechos humanos y la soberanía


Héctor Schamis | 4/19/2019, 2:10 p.m.
OPINIÓN | Cavilaciones en torno al liberalismo, los derechos humanos y la soberanía
UNIÓN. Foto de referencia | Pexels

Quiero plantear tres, tal vez cuatro, proposiciones en estas desordenadas notas. Primero, en buena parte de América Latina el liberalismo—el mero término "liberalismo"—tiene mala prensa. Ello es desafortunado.

Un supuesto progresismo enfatiza que el liberalismo enuncia principios teóricos e ideológicos que dan sustento al libre mercado, la iniciativa individual y la propiedad privada; el esqueleto del sistema capitalista. Lo cual es cierto, pero es "supuesto" porque con ello se omite que el liberalismo, además, es la matriz del constitucionalismo, el principio que establece la separación de poderes y los mecanismos que la regulan y reproducen.

El Estado liberal encarna la singular noción que las personas tienen derechos fundamentales y que esos derechos están protegidos si, y sólo si, el uso del poder público está restringido a priori, es decir, dividido y limitado por normas relativamente estables. La cual es una idea revolucionariamente progresista todavía hoy. Quizás hoy más que nunca.

Segundo, y derivado de lo anterior, ello porque la separación y los límites al uso del poder público son la herramienta fundamental de los que menos tienen. Los pobres no tienen recursos materiales, ni influencia política, ni mucho menos "apellido", esa nota de jerarquía de clase tan horrendamente latinoamericana. Sólo tienen la norma jurídica que los protege, los hace autónomos y los empodera. Es decir, que les da poder.

Allí reside el principio de igualdad ante la ley, sin la cual no habría debido proceso. Ni tampoco ciudadanía y, por ende, tampoco habría doctrina de los derechos humanos, construida sobre estos principios básicos. Puesto de otro modo, el constitucionalismo liberal es condición necesaria, si bien no suficiente, para la doctrina y práctica de los derechos humanos. No puede haber progresismo contra el liberalismo, sino solo con este.

Tercero, los derechos humanos descansan sobre una serie de convenciones, pactos y tratados internacionales; un conjunto de obligaciones entre los Estados asumidas de manera libre y voluntaria. En muchos casos, dichas obligaciones están incorporadas en las legislaciones nacionales, incluso con status constitucional. Todo ello supone una delegación de los Estados en las entidades supranacionales que promueven los derechos humanos.

De este modo, los acuerdos en la materia implican una cierta abdicación de la soberanía, una porción de la cual es transferida a, y representada por, la comunidad internacional. En consecuencia, la institucionalidad de los derechos humanos tiende a ser de alcance universal, como en el caso de la Declaración Universal de 1948 y el Estatuto de Roma, o regional, como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ello porque los crímenes y violaciones masivas constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Y porque es improbable que un Estado que implementa una deliberada política de abusos se juzgue a sí mismo.

Como en todo régimen internacional, en derechos humanos el principio de reciprocidad es fundante. La estabilidad—un bien público indispensable—se deriva de una normatividad compartida cuya garantía reside en la mutua fiscalización. Los Estados tienen así incentivos racionales para ceder dicha porción de su soberanía y aceptar la universalidad de la jurisdicción.