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EEUU lanza norma para negar “tarjetas verdes” a quienes usen o puedan usar beneficios públicos

El nuevo reglamento de la USCIS entrará en vigor el 15 de octubre, pero afrontará una batalla en tribunales
DEFINICIÓN. La Administración Trump amplía la definición de quienes son o podrían ser una “carga” para los contribuyentes.

DEFINICIÓN. La Administración Trump amplía la definición de quienes son o podrían ser una “carga” para los contribuyentes.

Con el argumento de que quiere fomentar la “autosuficiencia” de los inmigrantes, la Administración Trump adelantó este lunes un nuevo reglamento que a partir de octubre próximo negaría las “tarjetas verdes” y visas temporales a extranjeros que sean o podrían ser una “carga pública” en EEUU. La medida punitiva afrontará una extensa batalla en los tribunales.

El nuevo reglamento de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), fue publicado en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”) este miércoles 14 de agosto y entrará en vigor el próximo 15 de octubre sin carácter retroactivo.

Aunque las leyes migratorias de EEUU desde al menos 1882 han restringido el ingreso al país de quienes puedan ser una “carga pública”, es decir de quienes dependan de ayudas del gobierno para su subsistencia, el nuevo reglamento amplía la definición de quienes son o podrían ser una “carga” para los contribuyentes.

En rueda de prensa en la Casa Blanca, Ken Cuccinelli, el director interino de USCIS, dijo que el reglamento forma parte de las leyes migratorias de EEUU desde hace décadas, y lo nuevo ahora es definir “con más precisión” lo que es la “carga pública”.

A través de la norma, “la Administración del presidente (Donald) Trump está reforzando los ideales de la autosuficiencia y la responsabilidad personal, asegurándose de que los inmigrantes son capaces de mantenerse y tener éxito aquí en EEUU”, argumentó Cuccinelli.

Sin embargo, la mayoría de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes replican que la Administración no ha logrado la venia del Congreso para imponer un sistema migratorio con base al “mérito” y ahora intenta reducir la inmigración legal poniendo trabas a personas de bajos recursos.

De esta forma, y salvo que sea frenada por los tribunales, con esta nueva norma la Administración Trump podrá negar la residencia permanente o “green card”, y cualquier otro ajuste migratorio, a inmigrantes que hayan recibido –o puedan recibir en el futuro- ciertos beneficios públicos.

Bajo el nuevo reglamento, el término “carga pública” se aplicará a cualquier individuo que recibe al menos un beneficio público durante más de doce meses en un periodo de tres años.

La lista de beneficios públicos que prácticamente quedarían prohibidos para quienes tramitan visas legales incluye cupones de comida bajo el programa “SNAP”; subsidios de vivienda; cheques del programa de “Ayuda Temporal para Familias Necesitadas” (“TANF”, en inglés); ingresos suplementarios del Seguro Social (SSI), la mayoría de beneficios de “Medicaid” y cobertura de recetas médicas bajo “Medicare”.

Los solicitantes de “green card” también tendrán que demostrar conocimiento del idioma inglés para entrar al mercado laboral, y afrontarían mayores trabas si han sido diagnosticados con condiciones médicas que requieran de extensos y costosos tratamientos médicos.

Al revisar las solicitudes para la residencia permanente, las autoridades también tomarán en cuenta si el solicitante carece de un buen historial de crédito, no tiene seguro médico o diploma universitario o no tiene a alguien que le provea apoyo financiero en EEUU.

Según el documento de USCIS, la norma no aplicará a ciudadanos estadounidenses, aún si éstos están relacionados con un extranjero que tiene que pasar la prueba de “carga pública” para ser aceptado en EEUU.

Tampoco aplicará para solicitantes de asilo o refugio, ni a extranjeros u otros individuos vulnerables amparados a una exención aprobada por el Congreso, entre éstos los jóvenes designados como “Jóvenes Inmigrantes Especiales” (“Special Immigrant Juveniles”), víctimas de tráfico de humanos con visas “T” y “U”, o víctimas de violencia doméstica amparadas a la ley federal “VAWA”. Sin embargo, en diciembre pasado, mientras la Administración evaluaba los comentarios públicos en torno al reglamento, el Instituto Urbano divulgó un estudio en el que advirtió que la medida podría reducir los logros de casi una década de programas como “Medicaid” y el “Programa de Seguro de Salud para Niños” (CHIP, en inglés) para mejorar la cobertura médica de poblaciones vulnerables.

“El reglamento de carga pública podría provocar que familias inmigrantes abandonen programas de beneficios públicos para los que siguen siendo elegibles y eviten interacciones con las autoridades del gobierno”, indicó el Instituto, al precisar que muchas familias no querrán poner en riesgo sus trámites migratorios.

En 2016, hasta 6,8 millones de niños ciudadanos de padres extranjeros estuvieron inscritos en Medicaid/CHIP, o una quinta parte del total de niños beneficiados por esos programas a nivel nacional. Buena parte de los niños inscritos en ese programa viven en California, Texas, y Nueva York.

Una extensa batalla legal

El Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), ya adelantó que buscará frenar la medida en los tribunales, como lo ha hecho contra otras medidas migratorias de la Administración Trump.

Para Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC, no cabe duda de que la nueva acción busca transformar el sistema migratorio para prácticamente excluir a gente pobre y favorecer a inmigrantes ricos.

En declaraciones a El Tiempo Latino, George Escobar, director de programas y servicios de “CASA de Maryland”, aseguró que la medida es solo otro ejemplo de cómo “nacionalistas blancos” en la Casa Blanca han hecho caso omiso a los más de 200 mil comentarios públicos en contra del reglamento el año pasado, y en cambio se ensañan con las comunidades minoritarias de bajos recursos.

“La llamada regla de carga pública busca penalizar a inmigrantes de bajos recursos por simplemente buscar ayudas (públicas) que salvan vidas… vamos a liderar la lucha para impugnar esta política racista en los tribunales, como lo hemos hecho” en contra de otras medidas, prometió Escobar, quien vaticinó una victoria en las cortes.

Aunque Escobar no lo mencionó por nombre, Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de la Administración Trump, simpatiza con grupos ultraconservadores y nacionalistas que exigen reducir la inmigración legal al país.

Antes del anuncio de la norma, los fiscales generales de 17 estados y el Distrito de Columbia le enviaron recientemente una carta a miembros de la Administración Trump en la que exigieron una reunión para discutir el alcance y “severo impacto” de la medida en las comunidades inmigrantes en esos estados.

Los fiscales advirtieron en la misiva de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende USCIS, no tomó en cuenta “los verdaderos costos de sus reglas propuestas” en los estados y la norma sobre “carga pública” causará “extensos daños” a las economías estatales y a millones de habitantes.

Entre esos daños figuran “la pérdida de seguro de salud y de acceso al cuidado médico, y de beneficios de alimentos y ayuda económica”.

Además, de ponerse en marcha, la norma producirá “una reducción de la productividad económica, una caída en los salarios de los trabajadores, y la eliminación de empleos en nuestros estados”, dijeron los fiscales generales.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, quien ya ha liderado otras batallas contra la política migratoria de la Administración Trump, se sumó a la misiva del mes pasado y no se descarta la posibilidad de que entable una demanda por la nueva norma.

La extensa batalla legal podría llegar hasta el Tribunal Supremo, como ha sido el caso con otras medidas controvertidas de la Administración para restringir la inmigración legal.



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