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Plan Cuscatlán contempla Comisión contra la Impunidad salvadoreña hasta mayo de 2021

Aunque se conoce poco sobre las facultades que tendrá la Cicies, el plan de gobierno establece que podrá investigar y presentar acusaciones en tribunales
EL SALVADOR. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele

EL SALVADOR. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele

La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies) que propone el gobierno podría estar lista hasta mayo de 2021, según el programa de gobierno que presentó en campaña Nayib Bukele, conocido como Plan Cuscatlán.

Bukele anunció el 8 de agosto que antes de cumplir 100 días en el cargo presentará el proyecto de creación de la Cicies sin detallar cómo funcionará, hasta la fecha no lo ha hecho.

Sin embargo, al revisar el Plan Cuscatlán se puede encontrar detalles de las fases para la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad que prometió en la campaña, aunque no sabe si Bukele, ahora como presidente, se guiará por ese mismo documento para la creación del proyecto que presentará.

El Plan Cuscatlán establece al menos tres etapas para lograr consolidar la comisión. La primera, de junio 2019 a junio 2020, buscará establecer el acuerdo marco con el organismo internacional. Hasta ahora no está definido (al menos públicamente) si será con la Organización de Naciones Unidas (ONU) o con la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese mismo período la propuesta habla de fortalecer el Ministerio Público y el sistema judicial de El Salvador; y empoderar a las instituciones del Ministerio Público (Fiscalía General, Procuraduría General y Procuraduría de Derechos Humanos) para monitorear y depurar a “miembros débiles o infiltrados”.

La segunda etapa está programada desde julio 2020 a abril 2021, en la que se establece crear los mecanismos de participación ciudadana para vigilar al Ministerio Público y el sistema judicial; establecer una infraestructura de apoyo al denunciante, informante o testigo; y apoyar en la investigación y análisis de los casos claves.

En este período se propone además buscar un acuerdo con los otros países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala y Honduras, para realizar una lucha en conjunto contra la corrupción y la impunidad en la región.

Finalmente, en el Plan Cuscatlán se establece que en la tercera etapa, que va de mayo 2021 en adelante, la Cicies pueda actuar como “querellante adhesivo”, de conformidad al Código Procesal Penal.

Es en esta etapa que se considera “hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Cicies y/o entorpecer el proceso de justicia y seguridad jurídica en el país”, se lee en el documento.

En vista de que el gobierno no ha dado información hasta el momento sobre la conformación de la comisión, varios sectores del país están a la expectativa del proyecto.

Para Roberto Rubio, de Funde, y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, son muchas las dudas que existen sobre el mandato legal de la Cicies, el acuerdo marco que la regirá, el organismo internacional que la acuerpará, si será un complemento de la Fiscalía General o si será un ente nacional o internacional.

Rubio afirmó a El Diario de Hoy que ven con buenos ojos que se dé seguimiento a una comisión que luche contra la corrupción, pero debe definirse su alcance y estructura, pues bien puede ser una herramienta de control del uso de recursos públicos o una herramienta de persecución política y abuso de poder.

Escobar también sostiene que es importante conocer el alcance y el tema legal de la Cicies. “En primer lugar, debemos conocer la negociación que se está dando, conocer el mandato que se le está pensando dar a esta Comisión y las facultades que tendría para investigar actos de corrupción”, dijo.

Ambos coinciden en que debe ser un ente independiente al gobierno y no como lo concibe el Plan Cuscatlán, que indica que será el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el representante del Ejecutivo en la Comisión.

“La Vicepresidencia de la República creará las condiciones para la instalación y funcionamiento de la Cicies y para ser el representante del Ejecutivo ante dicha comisión, con la finalidad de asegurar la participación del Gobierno de la República al más alto nivel del Ejecutivo”, señala el documento en su sección concerniente a la seguridad.

La presencia de Ulloa en la Cicies le restaría independencia a un ente de investigación que busca luchar contra la corrupción que haya existido en gobiernos anteriores y los casos que puedan darse en el actual, sostienen Rubio y Escobar.

El Plan Cuscatlán contiene, además, la creación de la figura del Comisionado Anticorrupción quien, según el documento, será “una persona de la oposición” y tendrá la responsabilidad de monitorear y dar la alarma cuando un funcionario esté lucrándose con dinero público.

La estructura inicial que propuso Bukele en campaña está formada por un comisionado adjunto, un consejo consultivo (autoridades y sociedad civil) y equipos multidisciplinarios con agentes nacionales e internacionales, así como de vigilancia y observación.

El proceso de creación de la Cicies, según la propuesta, establece en un primer punto solicitar y establecer el apoyo de la ONU y la OEA, luego firmar el convenio de apoyo para crear la Cicies con una o las dos instancias internacionales y luego la ratificación del convenio por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa.

Choque de facultades

El capítulo de Transparencia y Anticorrupción del Plan Cuscatlán da algunas pistas de lo que sería la Cicies. Algunas de las facultades iniciales podrían entrar en conflicto con la Constitución de la República, especialmente porque la ley máxima establece que es la Fiscalía General la encargada de dirigir la persecución del delito en el país.

La Constitución asigna a la Fiscalía General la exclusividad y monopolio para dirigir la investigación del delito y promover la acción penal de oficio o a petición de alguien.

El artículo 193 señala las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía: defender los intereses del Estado y de la sociedad; promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad; dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley; promover la acción penal de oficio o a petición de parte, entre otras facultades.

Este podría ser un valladar que tendría la propuesta de Bukele para crear la Cicies, puesto que de acuerdo con los expertos consultados esa instancia no puede tomar las atribuciones de la Fiscalía, sino que podría funcionar como un ente de apoyo y asesor, pero no dirigir investigaciones.

El Plan Cuscatlán menciona como atribuciones adicionales de la comisión: “Promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes. De igual manera la Comisión queda facultada para constituirse en querellante adhesivo (parte acusadora), de conformidad con el presente acuerdo”.

Además, en el plan se dice que la Cicies podrá recabar y procesar información proporcionada por cualquier persona o entidad oficial o privada.

“Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de las estructuras del crimen organizado y tráfico de influencias”, cita el documento.

Se añade que también podrá “asesorar a los organismos estatales en la implementación de los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto a los funcionarios presuntamente vinculados a dichas organizaciones”.



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