WASHINGTON.— La Administración Trump anunció el lunes 15 de julio un reglamento que restringirá severamente el asilo para la mayoría de los migrantes centroamericanos que se agolpen en la frontera sur de EEUU, como parte de su continuo combate contra la inmigración ilegal pero que desde ya desató amenazas de una nueva batalla en las cortes.
El reglamento unilateral, publicado en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”)conjuntamente por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, entrará en vigor mañana martes y desde ya ha desatado críticas de la oposición y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en todo el país.
En declaraciones a El Tiempo Latino, George Escobar, director de programas de “CASA de Maryland”, calificó el reglamento como una “medida racista y completamente ilegal”.
“La medida va en contra de la ley internacional. Cuando alguien viene en busca de asilo porque su país es peligroso, bajo las leyes internacionales se debería iniciar un proceso de asilo, pero no se puede negar los beneficios a estas personas solo porque antes pasaron por México”, explicó Escobar.
“Esta medida no será fácil de implementar porque fácilmente puede ser retada en los tribunales”, vaticinó.
Salvo pocas excepciones, las autoridades migratorias negarán el acceso al asilo a cualquier inmigrante que intente ingresar a EEUU desde la frontera sur sin haber solicitado asilo en un tercer país -es decir, distinto al de su origen o nacionalidad- por el que haya transitado primero.
Así, el reglamento efectivamente cierra las puertas a los migrantes centroamericanos que hasta ahora habían podido solicitar asilo al solo llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
Las únicas excepciones aplicarán a quienes hayan sido víctimas del tráfico de personas, a migrantes que hayan perdido casos de asilo en los países por los que hayan transitado, y a migrantes que transiten por países que no han firmado tratados internacionales para el manejo de refugiados.
La idea, según el fiscal general, William Barr, es reducir la “carga” que afronta EEUU por “inmigrantes económicos” y personas que intentan aprovecharse de las protecciones de asilo en este país.
“EEUU es un país generoso pero está siendo completamente abrumado por la carga asociada con la aprehensión y procesamiento de centenares de miles de extranjeros en toda nuestra frontera sur”, se quejó Barr.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, se hizo eco de las declaraciones de Barr, al señalar que el reglamento aliviará los problemas que aquejan al sistema migratorio.
Además de imponer esta prohibición, el reglamento exigirá que los oficiales a cargo del procesamiento de asilo y los jueces de Inmigración también lo apliquen durante las entrevistas de “miedo creíble” y a extranjeros sujetos a una deportación expedita bajo el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA, por su sigla en inglés).
El documento precisó que los extranjeros que no soliciten protección en un tercer país de tránsito podrán solicitar una suspensión de la deportación bajo el INA o bajo las leyes estadounidenses que obedecen a la Convención contra la Tortura.
Predeciblemente, el reglamento desató ataques de la oposición demócrata, que exige más protecciones para los migrantes centroamericanos, y elogios del liderazgo republicano, que defiende los argumentos de la Administración para combatir el fraude y restablecer la “integridad” del sistema de asilo.
El legislador republicano de Georgia, Doug Collins, el de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que el reglamento restablece la “integridad al sistema de asilo al centrar los recursos en quienes están en mayor riesgo de persecución”, y culpó a los demócratas de negarse a tomar medidas para cerrar las “lagunas legales” que alientan la inmigración ilegal y resolver la crisis migratoria.
Pero la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que enarbolado la causa de los inmigrantes y refugiados y ha impugnado la política migratoria de la Administración en varios tribunales, ha prometido tomar medidas inmediatas para frenar las nuevas restricciones.
“La Administración Trump intenta revertir de forma unilateral el compromiso legal y moral de nuestro país de proteger a quienes huyen del peligro. Este nuevo reglamento es evidentemente ilegal, y vamos a demandar rápidamente”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de los Derechos de los Migrantes” de ACLU.
Eleanor Acer, de “Human Rights First”, señaló que la Administración intenta saltarse la voluntad del Congreso y las leyes que aprobó para proteger a quienes huyen de la persecución, poniendo en peligro mortal sus vidas.
“El presidente no soporta que buscar protección en EEUU es legal, así es que hace todo a su alcance para hacer el proceso de asilo lo más difícil posible”, dijo Acer, cuyo grupo también ha demandado en el pasado a la Administración por sus restricciones migratorias.
En busca de un “tercer país seguro”
El anuncio del reglamento coincidió con la postergación de un encuentro previsto para hoy lunes entre el presidente Donald Trump y su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, para discutir un inminente acuerdo bilateral en el que Guatemala se convertiría en un “tercer país seguro” para solicitantes de asilo.
El gobierno guatemalteco fue el primero en anunciar la postergación del encuentro, ante una fuerte y creciente oposición al acuerdo.
Expertos dentro y fuera de EEUU han advertido en las últimas semanas que Guatemala, que registra un alto índice de homicidios y violencia, apenas puede proveer asistencia a su población y no reúne en absoluto las condiciones para ser un “tercer país seguro”.
La Administración Trump había venido presionando para que México se convirtiera en un “tercer país seguro” que acogiera a los migrantes centroamericanos, pero no lo consiguió. En cambio, desde principios de año ambos países establecieron el programa “Quédate en México”, que obliga a los migrantes centroamericanos a esperar en ese país la resolución de sus casos de asilo en EEUU.
En todo caso, sea con México o con Guatemala, un acuerdo de “tercer país seguro” encierra una “falsa promesa” que no resolvería la crisis migratoria en la frontera sur, según dijo recientemente en un blog Susan Fratzke, analista del Instituto para Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés).
Ambos países no sólo tienen sus propios problemas de seguridad sino que además carecen de capacidad para absorber a la ola de migrantes centroamericanos y garantizarles protección y beneficios, según Fratzke. En el caso de México, por ejemplo, la agencia de asilo apenas tiene un presupuesto anual de $1,3 millones y ya va camino de procesar este año 60,000 solicitudes, el doble que la cifra de 2018.
Aún suponiendo que las condiciones en México y Guatemala fuesen más favorables, un acuerdo de “tercer país seguro” no sería una “estrategia eficaz para el manejo de los flujos de migrantes en la frontera sur de EEUU”, argumentó la experta.
Bajo un precedente internacional, un “tercer país seguro” debe contar con un sistema de asilo que cumpla con las normas internacionales y resguarde la seguridad de los migrantes que huyen de la persecución en sus países de origen
México reduce el grifo de la emigración ilegal
El pasado 7 de junio, Estados Unidos y México suscribieron un acuerdo para evitar la imposición de aranceles punitivos contra exportaciones mexicanas. Bajo ese acuerdo, México recrudeció la vigilancia en su frontera con Guatemala, donde desplegó miles de miembros de la Guardia Nacional, y ofreció asistencia social a los migrantes.
McAleenan destacó la semana pasada un descenso del 28% en los cruces ilegales en la frontera sur en junio pasado, atribuyéndolo principalmente al acuerdo con México, aunque pidió a ese país vecino un continuo progreso para reducir aún más la inmigración ilegal.
El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que México no aceptaría ser un “tercer país seguro” pero que promovería una respuesta regional a la crisis migratoria, tomando en cuenta que también hay migrantes de países del Caribe, Africa y Asia que intentan llegar hasta Estados Unidos.
Ese acuerdo bilateral quedó sujeto a una revisión en un plazo de 45 días para evaluar resultados -lo que previsiblemente debe ocurrir el próximo 22 de julio-, tras lo cual ambos países anunciarán los próximos pasos a seguir en septiembre.
De esta manera, el anuncio del reglamento se sabría saltado los plazos establecidos en ese acuerdo.
