El presidente Iván Duque puso punto final a la batalla jurídico-política que se libró en los últimos meses en la Jurisdicción Especial para la Paz, el Congreso y la Corte Constitucional con relación a la ley estatutaria de la JEP. El jefe de Estado firmó esa norma con lo cual esta cobra vida legal formalmente.
La puja por esta ley se convirtió en uno de los pulsos más duros que ha vivido el gobierno de Iván Duque con la cúpula de la justicia. Finalmente, la semana pasada, la Corte Constitucional enterró las objeciones de manera definitiva y le ordenó al presidente sancionar esa norma.
El camino para llegar a esa decisión fue largo y dispendioso. Las objeciones se debatieron en el Congreso, en donde el presidente perdió su batalla. En la Cámara de Representantes el hundimiento fue rotundo con 110 votos, en Senado la disputa estuvo reñida y después de un enorme enredo, se decidió enviar el tema al máximo tribunal constitucional para que decidiera si se había tomado una decisión o no.
La discusión se centró en saber si existían las mayorías necesarias. Al revisar con lupa el quórum del recinto del Senado, la corte concluyó que se componía de 106 curules, restando la de la senadora electa Aída Merlano, contra quien la Fiscalía profirió orden de captura antes de posesionarse por “corrupción al sufragante agravado”. Así ocurre también con la de Iván Márquez, quien no se posesionó en el Congreso y ahora se le tramita un proceso de pérdida de investidura.
Como ambas curules no podían ser reemplazadas, en las matemáticas de la corte, al gobierno no le dieron las cuentas. El alto tribunal también aseguró que había que restar los 14 parlamentarios que presentaron impedimento para votar las objeciones. De modo que el quórum fue de 94. Así las cuentas, la mitad más uno era 47: el número exacto de votos que alcanzó la oposición al gobierno en el recinto del Senado.
La decisión de los magistrados estaba cantada y por lo tanto la firma de Duque a regañadientes, también. El presidente firmó la norma sin darle ningún despliegue en la tarde del jueves. Días antes, al conocer la decisión, el presidente aseguró: “Hoy lo puedo decir con la frente en alto, la decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida”, indicó.
La sanción de la ley estatutaria, de esa manera, genera efectos para la Casa de Nariño. Por un lado, frente a quienes rechazan la JEP, el presidente queda bien pues finalmente la justicia lo obligó a promulgar esa norma, aunque agotó todas las instancias posibles para mantener las objeciones. En términos de gobernabilidad, el presidente asumió un costo político muy grande. Se echó encima a la Corte Constitucional, al Congreso y a la comunidad internacional, los cuales consideran que los acuerdos son un compromiso de Estado que el Gobierno tenía que respetar.
Fuente: Semana
