El gobernador Ralph Northam se encuentra trabajando en su campaña para el control de armas al pueblo de Virginia y este ha respondido al llamado con mensajes contradictorios.
En foros comunitarios alrededor del estado antes de una sesión legislativa especial sobre la violencia armada fijada para el 9 de julio, parte de la respuesta pública ha sido predecible. Legiones de defensores de las armas han invocado airadamente la Segunda Enmienda, mientras que padres llorosos han exigido leyes para proteger a sus hijos.
Pero en algunas partes del estado los residentes ofrecen otro punto de vista: Detener la violencia armada abordando la negligencia acumulada en las comunidades de color contaminadas.
Ese mensaje fue transmitido con fuerza y repetidamente esta semana en Hampton, en la más grande de las seis mesas redondas estatales auspiciadas por Brian Moran, secretario de seguridad pública y seguridad nacional de Virginia. Residentes y funcionarios de la región de Hampton Roads informaron a Moran que las propuestas del gobernador no son suficientes.
LaTonya Wallace, que dirige una organización comunitaria para niños en una sección empobrecida de Newport News, le comunicó a Moran que el verdadero problema es lo que ella llama trauma sin tratar. “El escaso acceso al empleo, el escaso o nulo acceso a una atención sanitaria de cálida”. Además de “los sistemas educativos no equitativos”.
Se trata de un desafío directo a Northam, que a principios de este año se vio obstaculizado políticamente por acusaciones de racismo. Después de negarse a renunciar por una foto racista en la página de su anuario y después de admitir que llevaba la cara negra en un concurso de baile ese año, Northam se comprometió a dedicar el resto de su mandato a luchar por la equidad racial.
Con información de The Washington Post
