El nombre de la joven Crista Ramos aparece a lo largo de engorrosos documentos legales que circulan en las Cortes de California donde se detallan los pormenores de la demanda interpuesta por dos familias salvadoreñas contra la administración de Donald Trump por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su siglas en inglés).
También el apellido Ramos salta en las notas periodísticas que siguen el proceso judicial en curso porque el que el gobierno estadounidense se ha visto imposibilitado de expulsar del país a cerca de 400 mil beneficiarios del estatus legal, de los cuales un 50% es salvadoreño.
Pero la joven de 15 años, de sangre salvadoreña, que se ha convertido en pieza clave y simbólica para frenar los planes de Donald Trump, difiere de la guerrera que se esperaría pensar que planta cara al presidente de Estados Unidos.
A la salvadoreña-americana, de baja estatura y de complexión delgada, se le vio en Roma, Italia, durante los actos de canonización del San Oscar Arnulfo Romero en octubre de 2018, junto a otros jovenes que habían llegado hasta el Vaticano para pedir la intercesión del mismísimo Papa Francisco para abogar por el estatus de sus padres.
El Vaticano no dio mucho tramite a la misiva que le presentaron, pero la batalla de Crista no ha menguado, tampoco la de los otros jóvenes de esas jornadas en Roma. Ocasionalmente llegan a Washington DC para actos donde se demanda su presencia simbólica como soporte de sus padres.
Ella forma parte de un grupo de chicos que se ha atrevido a hablar de frente a congresistas y senadores; y en algunos casos hasta llorar de impotencia al ver la frialdad de los políticos federales en la capital nacional.
Sin embargo, el nombre Crista Ramos suena y resuena en medios y las cortes federales, sin rostro; nadie se imaginaría que es una pequeña chica colegial con el cabello rizado, menuda, pero de complexión fuerte, que cursa la secundaria en una escuela católica de Richmond, California; además practica en el equipo de fútbol de su su institución, Richmond Lioneses, y que hasta ahora ha anotado el gol de mantener frenado en el terreno al presidente Trump, en un empate.
Su madre, Cristina Morales, también es demandante contra el inquilino de la Casa Blanca, por cancelar el TPS; estas dos mujeres salvadoreñas dicen estar dispuestas a seguir en la lucha que les garantiza el estado de derecho donde sus argumentos han pasado ya el tamiz de un juez federal y hoy esperan el veredicto de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, donde recurrió la administración Trump al recibir el primer varapalos judicial
El ejecutivo estadounidense está obligado a prorrogar cuantas veces sea necesario el Estatus de Protección Temporal, mientras sigan las querellas en los tribunales. Una lucha de largo aliento que podría durar más allá de la sentencia que emita la Corte de Apelaciones, según los expertos.
“Pienso en cómo hay niños que tal vez están demasiado asustados para hablar. Así que decidí ayudarlos y ser la voz para todos los niños que están pasando lo mismo que yo”, sostiene esta valiente joven, una de los cerca de 270 mil hijos de beneficiarios del TPS que han nacido en Estados Unidos y que sus padres son amenazados de quedarse sin estatus legal por el plan Trump.
Para el director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos, CARECEN Washington, Abel Núñez, gracias a esta demanda es que la clase TPS aún puede gozar de estadía legal en el país, con la prórroga otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) con la que se revalida las tarjetas y los permisos de trabajo hasta el 4 de enero 2021.
Núñez, comentó a El Tiempo Latino que “[además] de todo lo que se ha dicho de negociaciones de un gobierno u concesiones de otro, lo que queda claro es que esa prórroga se debe a un procedimiento al que está obligada la administración Trump por orden judicial, de ampliar los plazos al llegar a los 60 días de que venza el actual permiso vigente si no hay una sentencia”.
En el Área Metropolitana de Washington, según estimaciones, estaría ubicada la mayor concentración de beneficiarios del TPS, inmigrantes salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que llegaron entre finales de la década de 1990 y año 2000, y que fueron beneficiados en dos procesos; uno en 1999, después de la destrucción que dejara en Nicaragua y Honduras el Huracán Mitch. Por su parte, los salvadoreños obtuvieron el beneficio a principios del año 2001, luego de dos devastadores terremotos en la nación centroamericana.
Para el coordinador general de la Alianza Nacional del TPS, José Palma, la valentía de jóvenes como Ramos, que representan a familias como la suya, con padres beneficiarios del estatus e hijos nacidos en Estados Unidos, es un gran ejemplo de compromiso y lucha.
“Hay que ser muy valiente, el hecho de poner el nombre para demandar al presidente más poderoso del mundo requiere mucha valentía, con las consecuencias que ello lleva”, comenta Palma a este periódico.
Reconocimiento de El Salvador
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles 6 de noviembre otorgar la máxima condecoración “Orden al Mérito 5 de noviembre de 1821” a la joven Crista Ramos por su invaluable lucha en defensa de la comunidad beneficiaria del TPS en Estados Unidos.
No obstante, Cristina Morales, madre de la joven homenajeada, escribió a este medio que hasta la fecha no han recibido notificación oficial de la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre el reconocimiento.
“Mi reacción al reconocimiento como demandantes, el Comité del Área de la Bahía y la Alianza Nacional del TPS, es que es un honor y un orgullo; pero que cada reconocimiento es en nombre de todos. Crista y yo trabajamos mano a mano con los demandantes de los seis países, los comités y todos nuestros aliados; el miedo a ser separadas de nuestras familias nos da la fuerza a seguir en esta lucha”, dijo Morales a El Tiempo Latino.
Con los votos de los diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista, ARENA y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN; las dos mayores fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, se dio trámite a esta distinción.
El artículo 131 de la Constitución de El Salvador, ordinal 222, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones, compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a la patria.
