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Corte Suprema de El Salvador reitera que no revelará informes de presunta corrupción de funcionarios

Ocho de los 15 magistrados de la Corte Plena reiteran que al difundir información de los funcionarios investigados se estaría violando la Constitución
EL SALVADOR. Magistrados de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia

EL SALVADOR. Magistrados de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia

Amparados en dos artículos de la Constitución de la República y por tercera vez en menos de dos meses, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó hacer públicos los informes de varios funcionarios que han sido investigados por la Sección de Probidad de la CSJ por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión del Pleno de la CSJ se concretó el pasado viernes 13 de septiembre y forma parte del derecho de defensa que realizaron ocho de 15 magistrados de la CSJ, ante la apertura de una proceso sancionatorio que les inició el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por negarse a revelar los informes, según el documento en poder de El Diario de Hoy.

El Diario de Hoy intentó conocer la respuesta del IAIP ante esta nueva negativa, pero la Unidad de Comunicaciones explicó que el directorio del instituto deberá discutir la respuesta de la Corte Plena antes de emitir pronunciamiento.

Pero el pasado 20 de agosto, el IAIP expresó que con la decisión de los magistrados “se estaría retrocediendo sobre compromisos adquiridos como Estado Salvadoreño ante los compromisos internacionales de generar mecanismos de transparencia para evitar casos de corrupción”.

El pasado 16 de agosto con votos de mayoría simple (8 de 15), durante una sesión de Corte Plena, los magistrados Doris Luz Rivas Galindo; Ovidio Bonilla Flores; Roberto Carlos Calderón Escobar; Oscar Alberto López Jerez; José Roberto Argueta Manzano; Elsy Dueñas Lovos; Dafne Yanira Sánchez de Muñoz y Alex Marroquín Martínez, denegaron entregar las versiones públicas de los informes solicitados por el IAIP de los casos resueltos en 2018.

Ante la decisión de los magistrados, el pasado 3 de septiembre el IAIP inició un proceso sancionatorio administrativo por ocultar la información de los informes. Los mismos magistrados negaron por primera vez entregar los documentos el pasado 24 de julio en otra sesión de Corte Plena.

La Sección de Prioridad de la Corte Suprema de Justicia es la encargada de vigilar la honradez de los funcionarios y empleados públicos, precaviendo, detectando y sancionando el enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones, para lo cual le corresponde la aplicación de la Ley sobre El Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Según la demanda del IAIP promovida por los ciudadanos Jaime Alberto López y Sonia Beatriz Hernández Chacón, el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en el literal C, establece como “muy grave no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por el IAIP”.

Sin embargo, los magistrados declararon en el documento que mantener privados los informes de los bienes de los funcionarios, no implica “una desobediencia, desacato o incumplimiento de la ley” como lo supone el IAIP.

Fuente: El Salvador