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Tras bastidores el narcotráfico mueve las fichas del poder en Honduras

Caso de Tony Hernández, excongresista y hermano de presidente de Honduras puso en evidencia las relaciones que mantiene el alto poder de la nación con la industria de la droga
HONDURAS. Desde la izquierda, el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta; el presidente Juan Orlando Hernández; la primera dama Ana García de Hernández y el representante del Congreso Felicito Ávila (d) asisten a las actividades por la celebración de Independencia, este domingo en Tegucigalpa

HONDURAS. Desde la izquierda, el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta; el presidente Juan Orlando Hernández; la primera dama Ana García de Hernández y el representante del Congreso Felicito Ávila (d) asisten a las actividades por la celebración de Independencia, este domingo en Tegucigalpa

El arresto en Miami y procesamiento judicial de Juan Antonio Hernández Alvarado —conocido como Tony Hernández— estaría poniendo de manifiesto los vínculos del narcotráfico con el poder político en Honduras, toda vez que a medida que se desarrolla este caso se estaría develando el importante papel que este flagelo juega en las altas esferas de la nación centroamericana.

En las investigaciones el nombre del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández ha sido señalado como co-conspirador en el caso por tráfico de droga que se le sigue a su hermano en las instancias judiciales de los Estados Unidos. Acusaciones frente a las que el mandatario se defiende asegurando que se trata de venganza dado su activo papel para acabar con el narcotráfico.

De acuerdo a la documentación manejada en la corte neoyorquina, los hermanos Hernández Alvarado, junto a otros funcionarios de alto nivel entre quienes se señala también al expresidente Porfirio Lobo, usaron el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político.

Para Juan Orlando Hernández sólo se trata de “un ataque con un afán de venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y es lógico esperar la reacción de estos criminales tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener (…) Las acusaciones infundadas y sin pruebas que circulan son parte de una conspiración en contra de nuestro gobierno y lo quiero decir hoy desde Honduras para el mundo: son acciones que vienen en contra de la política que hemos impulsado para traerle paz y tranquilidad a Honduras".

Hay que aclarar que en los documentos de la fiscalía no se identifica al presidente de Honduras con nombre y apellido, ni tampoco se han presentado acusaciones en su contra, aludiéndose a su persona como CC-4, quien fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013". Según los papeles, se habrían destinado USD 1,5 millones a sobornos durante su campaña electoral con el objetivo de comprar favores políticos a cambio de protección.

Fuentes ligadas al caso han manifestado que el testigo cooperante que habría suministrado la información que implica a Juan Orlando Hernández, es Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, localidad cercana a la frontera con Guatemala, quien es identificado en la investigación como CW-3.

Los fiscales federales indican que el presidente Hernández formaría parte de un grupo de personas investigadas por la DEA desde 2013 por participar “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos“. Del mismo modo presentaron una solicitud formulada en 2015 para que Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL proporcionaran información de títulos de correos electrónicos pero no de su contenido. Al menos dos de estas cuentas de correos pertenecerían, supuestamente a Juan Orlando Hernández. “También se incluyen en la solicitud las cuentas de correos electrónico de la hermana del presidente, Hilda Hernández, ya fallecida, su asesor Ebal Díaz, su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y cuatro miembros de la familia Rosenthal”.

Los representantes del gobierno de EE. UU. refieren en el escrito presentado ante el tribunal, que parte de las pruebas revelan a Honduras como un narcoestado, una situación que pone en entredicho los planes de la administración de Donald Trump de establecer una alianza con el mandatario centroamericano para combatir el tráfico de drogas.

Ya en mayo el presidente Hernández Alvarado admitió haber sido investigado junto a sus colaboradores por la DEA por su supuesto narcotráfico y lavado de dinero, pero advirtió que en estas averiguaciones “nunca se encontró evidencia” en su contra. Esto habría ocurrido en 2015, pero según la presidencia hondureña, se determinó que no había indicios para acusar al mandatario ni a sus colaboradores.

Pepe Lobo salpicado

El otro expresidente hondureño salpicado en la investigación, Porfirio “Pepe” Lobo, ha negado reiteradamente que haya recibido dinero de narcotraficantes, tal como lo señalan los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de Juan Antonio Hernández que lo involucraría en actividades relacionadas al tráfico de drogas.

Lobo, que instó a Hernández Alvarado a renunciar a la primera magistratura hondureña, aseguró que no recibió dinero de parte del exalcalde de El Paraíso, Alexander Ardón, como lo indican los documentos que, dicho sea de paso, no lo nombran directamente. Han sido las indagatorias de prensa las que han llevado a determinar que quien en el escrito de la fiscalía se identifica como CC-3, es el expresidente Porfirio Lobo.

La Prensa de Honduras, citando a Univisión refiere que “Alexander Ardón, a quien Tony Hernández le dijo a CW-3 que podrían formar una asociación exitosa basada en la protección de CC-3 (Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) si ganaban en las elecciones de 2009. También que creía que CC-4 seguiría a CC-3 como presidente de Honduras y ‘continuaría protegiéndolos’”.

Ardón y Lobo presuntamente habrían sostenido una reunión en 2009 —fecha de las elecciones hondureñas— en la que el primero le solicitó al exmandatario Lobo “apoyo financiero y logístico” para su campaña y la de Juan Orlando Hernández. “A cambio de ello, se ofreció protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político, y según los fiscales, se acordó proporcionar millones de dólares”.

Hay que recordar, además, que Fabio Porfirio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, se declaró culpable en una corte federal de Manhattan de conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos.

El arresto y los cargos a Tony Hernández

El 23 de noviembre de 2018, fue apresado en Miami Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido por el alias de "Tony Hernández", acusado por los delitos de 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales, formulados en su contra. El juez de la causa es Peter Kevin Castel, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Sobre el exdiputado y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pesaba una orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses en virtud de que la acusación federal en su contra sostiene que participó junto a organizaciones criminales de la nación centroamericana, desde 2004 hasta 2016, para introducir droga a territorio de los Estados Unidos.

Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

La noticia se difundió por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales, quienes precisaron que aun cuando el caso de Hernández tiene su asiento en Manhattan, debía rendir declaración en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia por haber sido detenido en la ciudad de Miami.

Raymond Donovan, agente especial de la DEA, manifestó en ese entonces que "El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos".

El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, refirió que Hernández “estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.". Para llevar a cabo tal tarea, “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.

En específico, la acusación indica que entre 2004 y 2016, supuestamente Hernández conspiró con organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares para trasladar droga por rutas aéreas y marítimas desde Colombia a Honduras y de allí, a través de la frontera con Guatemala, llevarla a los Estados Unidos.

Las investigaciones de la DEA precisaron que los narcotraficantes sobornaron a funcionarios públicos, entre ellos diputados hondureños, con el objetivo de que estos les brindaran protección, evitaran la interferencia de organismos de seguridad y facilitaran el paso seguro de los narcóticos por territorio hondureño

Los documentos acusatorios señalan a Juan Antonio Hernández Alvarado como un presunto narcotraficante a gran escala que trabajó con otros criminales de Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos.

“Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcado con el símbolo ‘TH’, es decir, las iniciales de ‘Tony Hernández’, el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras”.

La acusación narra que Hernández Alvarado, en febrero de 2014, mantuvo una reunión en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de la organización de narcotraficantes hondureña conocida bajo la denominación de los “Cachiros”, un encuentro que fue registrado en audio y video en los que el hermano del mandatario centroamericano aceptó ayudar a Rivera Maradiaga con el cobro de una deuda que el gobierno hondureño mantenía con empresas destinadas a lavado de dinero proveniente de la banda criminal, a cambio de pagos sobornos de Rivera Maradiaga, quien habría cancelado USD 50 mil a Tony Hernández en la referida entrevista.

Se declara no culpable

El 20 de diciembre de 2018, el hermano del presidente de Honduras se declaró no culpable de los delitos que se le imputan ante el tribunal de Nueva York, según lo dio a conocer su defensa luego de una sesión que se prolongó por 25 minutos, en los que el fiscal federal, Geoffrey Berman, lo acusó de estar involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de Honduras hasta los EE. UU.

Previamente, el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aseguró diez propiedades de Hernández Alvarado, los cuales quedaron bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El juez Peter Kevin Castel fijó el inicio del juicio para 30 de septiembre de 2019 —posteriormente se reprogramó para el 2 de octubre de 2019— habiendo sido presentado ante la Corte que lleva el caso el 29 de marzo de 2019, fecha en la que juez fijó el calendario para la preparación del juicio. El 10 de mayo de 2019 se pautó la presentación de las mociones del caso, mientras que para el 6 de mayo la defensa del acusado debía dar respuesta a las mismas. La fiscalía debía hacerlo el 28 de mayo.

Juan Antonio Hernández Alvarado está siendo defendido por Omar Malone y los fiscales del caso son Matthew Laroche, Emil Bove III.

El juez Kevin Castel decidió el 13 de septiembre que la identidad de los doce miembros del jurado y seis alternos se mantenga en el anonimato y sólo serán conocidos por la fiscalía y los abogados de la defensa. "Se identificarán con números", dijo el magistrado.

Juicio de Hernández no evalúa política hondureña

Aunque el parentesco consanguíneo de Juan Antonio "Tony" Hernández con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, es un hecho de amplia resonancia noticiosa, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York advirtió que el juicio no puede interpretarse como un "referéndum sobre la política hondureña".

Sin embargo, admitió existen evidencias que muestran que Tony Hernández y sus cómplices se valieron del producto de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno de Honduras.

Descrito en las acusaciones de los fiscales federales de Nueva York como "un narcotraficante a gran escala", los señalamientos en su contra han arrojado una sombra sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado.

Honduras es un importante centro de tránsito para la cocaína.

La fiscalía entregó un documento al tribunal en el que se citan una serie de nombres que convocarán durante el juicio por estimarse que están involucrados en la conspiración por la cual se encauza a “Tony” Hernández. El gobierno considera que hay suficientes pruebas que dejan clara la complicidad y el uso del poder político del acusado para facilitar el tráfico de drogas. Incluso, se dice que el hermano del acusado y actual presidente de Honduras habría usado dinero de las drogas para pagar su campaña a cambio de dar protección cuando este era presidente del Congreso Nacional y luego cuando fue electo presidente.

Una declaración del propio Tony Hernández destacó la corrupción política como modus operandi del narcotráfico. "Siempre intentan involucrar a alguien para poder estar en el… tener algo del estado. Ya sea información, ya sea logística o algo así, atraer a alguien o comprometer al gobierno para que lo ayude. Eso siempre ha sucedido, siempre. Es un modus operandi con el narcotráfico… y crimen organizado".

El gobierno echará mano durante el juicio de declaraciones de los supuestos cómplices del acusado formuladas a testigos cooperantes del caso, pues estima que lo dicho por estas personas promovieron la conspiración acusada en el primer cargo, así como también una conspiración relacionada para apalancar el tráfico de drogas para mantener y mejorar su poder político y el control del Partido Nacional en Honduras.

Tony Hernández solicitó excluir las evidencias relacionadas con la corrupción política, pero los fiscales insistieron que hay evidencia que muestra que Hernández y sus cómplices usaron dinero de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno hondureño y en promoción del narcotráfico.

“El Gobierno dice que establecerá que Hernández ayudó a escoltar los envíos de drogas, transmitió información confidencial de las fuerzas del orden desde la sede de la Policía Nacional de Honduras a los conspiradores, y guardó una de las propiedades del acusado en San Pedro Sula, Honduras, donde cooperaba con ametralladoras y dispositivos destructivos, y asesinatos. También sostiene que hay evidencias que prueban que el acusado y sus cómplices buscaron protección adicional mediante ‘el uso de las ganancias de las drogas para financiar parcialmente las campañas políticas del Partido Nacionales’”.

Para los fiscales es fundamental demostrar cómo el narcotráfico influyó en la política.

Finalmente, el juez aprobó que expertos testifiquen sobre armas, drogas y política hondureña, mientras la defensa pidió que estos testimonios no se extralimiten, especialmente en lo relacionado con la geopolítica de Honduras, puesto ya que podrían ejercer un efecto negativo en la imagen del acusado frente al jurado.

El magistrado también aceptó que la fiscalía presente al jurado las evidencias de dos asesinatos de dos hombres vinculados a la supuesta organización criminal de Hernández. Igualmente permitió que los fiscales presenten el testimonio de expertos admisibles, pero se reservó la posibilidad de regularlos, si los mismos llegaran a extralimitarse de los elementos que forman parte de la conspiración.

Más familia implicada

En el proceso judicial a Juan Antonio Hernández Alvarado han salido a relucir otros hechos, entre ellos la implicación de otro familiar del acusado que se desempeñaba como agente de la Policía Nacional de Honduras y quien fue acusado de ser coconspirador.

Se trata de Mauricio Hernández Pineda, primo de Tony y Juan Orlando Hernández, quien es señalado por el gobierno de conspirar con Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández" y otros, para importar toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos.

Nombrado como CC-6 en la investigación, Mauricio Hernández Pineda habría supuestamente ayudado al acusado en lo atinente al transporte de la cocaína a los Estados Unidos.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, y la Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy Woolcock, informaron que Hernández Pineda fue acusado de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. “Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico a través de su país, y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que eventualmente llegaron a los Estados Unidos. Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de los Estados Unidos", manifestó el fiscal.

Mauricio Hernández Pineda, un alto rango de la Policía Nacional de Honduras, habría proporcionado protección armada durante los envíos de cocaína desde Honduras y proporcionó información confidencial a sus co-conspiradores sobre las fuerzas del orden público, de manera que pudieran evadir ser descubiertos y detenidos. Por ello, Hernández Pineda supuestamente recibió miles de dólares provenientes de las ganancias de las operaciones de narcotráfico.

Los cargos contra Mauricio Hernández Pineda son (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

La investigación salpica al presidente hondureño

En los documentos desclasificados del caso en fecha el 2 de agosto de 2019, la fiscalía refirió que Mauricio Hernández (CC-6), Juan Orlando Hernández (CC-4) y Juan Antonio Hernández, conspiraron para importar cocaína hacia Estados Unidos.

El gobierno aspira establecer que CC-3, CC-4, CC-5, y CC-6 complotaron con Tony Hernández en las operaciones de narcotráfico. Igualmente hubo un complot para a través del tráfico de drogas mantener y aumentar su poder político y control del Partido Nacional de Honduras.

La documentación de la fiscalía sostiene que en 2008, Mauricio Hernández (CC-6), le manifestó a CW-4 que Tony Hernández protegía a CW-1 a cambio de pagos de ingresos de drogas.

En 2010, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que “(i) quería acceso información sensible de los órganos de aplicación de justicia para ayudar a proteger los envíos de drogas que involucraban a Tony Hernández y Alexander Ardón, (ii) Alexander Ardón estaba usando el dinero producto de la droga para pagar Tony, que estaba usando parte de ese dinero para ayudar a financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, y (iii) Tony Hernández y Juan Orlando Hernández protegerían a CW-4 y le pagarían y le ayudaría con promociones a cambio de información”.

En 2012, Mauricio Hernández le expresó a CW-4 que “(i) la nueva ley de extradición hondureña seria promulgada en respuesta a la presión de los Estados Unidos y destinada a apaciguar al gobierno de los Estados Unidos, y (ii) Tony Hernández le dijo a Mauricio Hernández CC-6 que si bien podría haber extradición disponible en teoría, ellos no serían extraditados”.

En 2013 o 2014, Mauricio Hernández le habría dicho a CW-4 que hablaría con Tony Hernández para lograr que Juan Orlando Hernández ayudara a CW-4 a obtener una promoción.

En 2014, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que Juan Orlando Hernández CC-4 estaba considerando eliminar la extradición, porque le preocupaba que Estados Unidos solicitara la extradición contra Tony Hernández.

En 2016, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que “(i) Juan Orlando Hernández CC-4 estaba trabajando para prevenir que Tony Hernández fuera extraditado, pero no pudo proteger a CW-4 debido al interés de Juan Orlando Hernández de buscar la reelección, y (ii) CW-4 no podía hablar sobre el Tony Hernández, Juan Orlando Hernández o Mauricio Hernández CC-6 en los Estados Unidos”.

La fiscalía se propone establecer que Tony Hernández y Mauricio Hernández co-conspiraron a través del testimonio de CW-1, Ardón y CW-4, para aprovechar el tráfico de drogas con el propósito de mantener y mejorar su poder político y el poder del Partido Nacional en Honduras.

Congresista de EE. UU. acusa al mandatario

Pero no solamente en los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de New York se habrían formulado acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, en materia de narcotráfico, sino que otras voces desde el Congreso de los Estados Unidos lo habrían señalado como tal.

Es el caso de Norma Torres, congresista por el estado de California, quien cuestionó los acuerdos promovidos por la administración de Donald Trump con el mandatario centroamericano, a quien se refirió como un "narcotraficante acusado".

Torres se refería a la posibilidad de que EE. UU. y Honduras firmaran un acuerdo para convertir a esa nación centroamericana en un "‘Tercer país seguro’, al igual que Guatemala y México, en donde los solicitantes de asilo tendrían que acudir, antes de viajar a la frontera entre México y Estados Unidos”.

Para la congresista esta es una estrategia urdida por el mandatario centroamericano para sumar simpatía con la administración de Trump y así ganar tiempo ante las investigaciones que están en curso en su contra en la Corte del Distrito Sur de New York.

Sobre este asunto, InSight Crime llevó a cabo un análisis[14] en el que refiere que estas circunstancias podrían poner fin a esta alianza en la que la administración Trump ofrece apoyo a Hernández a cambio de que este frene el flujo de migrantes que buscan entrar a territorio estadounidense.

“Las más recientes acusaciones debilitan la relación de Estados Unidos con Honduras en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Es claro que a los fiscales no les tiembla la mano para señalar al presidente en el caso contra su hermano, y es muy probable que Hernández siga tomando esto como una afrenta personal”.

Refiere InSight Crime que en virtud de que el gobierno de Trump “ha demostrado ser más transaccional que política, las relaciones bilaterales quizá dependan ahora de la voluntad de Hernández de detener el flujo de migrantes”.

Las averiguaciones de la institución sostienen que un exfuncionario del Ejército de Honduras involucrado en investigaciones antidrogas considera que la presión de la embajada de Estados Unidos fue la única causa de las detenciones de narcotraficantes y sus aliados con consentimiento de Hernández.