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Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE.UU.

La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción
ACCIÓN. En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.

ACCIÓN. En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.

En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20 personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.

En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.

La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.

Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Roberto Rincón y Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020.

Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron acusados de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades

Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.

Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.

Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.

Los personajes de la trama criminal

Nervis Villalobos, alias el "Enano", trabajó para el gobierno de Venezuela y durante el período acusado era una persona clave en el proceso.

Alejandro Isturiz Chiesa, alias "el Piojo", ex empleados de Bariven y asistente del presidente de Bariven. Prófugo de la justicia.

Rafael Reiter, alias "Nadal", era empleado de PDVSA, y jefe de Prevención y Pérdidas. Está arrestado en Madrid peleando contra su extradición a Estados Unidos.

Javier Alvarado Ochoa, alias "eléctrico", fue a lo largo del tiempo que duró el esquema acusado, el presidente de Bariven.

Daisy Teresa Rafoi Bleuler era una socia de la empresa suiza que actuaba como agente de De León. y que des descrita en el caso de huera y Rincón en una compañía con sede e agente doméstico

Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta es un ciudadano portugués, y suizo, empleado de la empresa suiza y actuaba bajo las órdenes de De León, Shiera y Rincón en las compañía de Estados Unidos.

Luis Carlos De león Pérez, venezolano-americano fue empleado del gobierno de Venezuela pero no trabajaba para el momento de la conspiración en PDVSA. Se declaró culpable y colabora con la justicia.

Compañías de gestión patrimonial suizas A y B, BES Banker 1, 2; 1 oficial B que era empleado relevante del gobierno de Venezuela, un oficial C también empleado del gobierno y en la acusación aparecen como funcionarios extranjeros.

Asimismo están acusados un bufete de abogados estadounidenses, una compañía de Producción y otra firma de abogados (2).

Los cargos

A los siguientes individuos se les acusa de Conspiración para cometer lavado de dinero: Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado Ochoa, y Daisy teresa Rafoi Bleuler. A De León y César Rincón se les señala además de solicitar y ofrecer pago de sobornos. Los acusados prometieron a Rincón y Shiera y a otros, "conseguir el pago de las facturas de los contratos de PDVSA y asistencia para ganar nuevos contratos a cambio del pago de sobornos".

Los acusados solicitaron la asistencia de Rincón, Shiera y Rafoi para abrir cuentas bancarias, incluyendo unas en los bancos de suiza, para poder depositar los dineros provenientes de los sobornos que se hicieron a nombre de varias empresas de maletín.

De león y Villalobos participaron en reuniones con Rincón y Shiera para discutir los pagos en EEUU.

De León, Villalobos y Alvarado acordaron hacer las transacciones monetarias en varias cuentas abiertas para ese sentido, mientras que Rafoi y César Rincón crearon justificaciones falsas para los sobornos, incluyendo facturas de servicios que nunca se hicieron así como otros instrumentos para justificar los pagos.

Rincón y Shiera hicieron transferencias directas de los sobornos a las cuentas de banco que estaban a nombre de empresas que fueron creadas por los conspiradores y sus asociados para cometer el crimen.

En 2010, Venezuela experimentó una crisis de liquidez en sus finanzas y un significante baja de sus ganancias como resultado de la misma. Los ingresos petroleros no eran suficientes para pagar los gastos del gobierno. Esa crisis de liquidez no permitió pagar a los contratistas a tiempo y a la vez se se hacía presión para que se siguieran produciendo, dice la demanda.

En 2011, Rincón y Shiera se acercaron a De León y Villalobos que actuaban a nombre de PDVSA y se hacían llamar el "Grupo de los Gerentes".

Los acusados prometieron a Rincón y Shiera ayudarlos con la prioridad de pagos y poner sus compañías en la lista de de ganadores a cambio del pago de sobornos. Isturiz, Reiter y César Rincón pidieron pagos extras a los dos contratistas y que explicaron que esos pagos eran para repartirlos entre ellos y un oficial B de PDVSA. Rincón y Shiera acordaron pagar los sobornos y ellos garantizaron el pago del esquema de corrupción.