0

Tribunal impide que viuda de Fernando Valero recupere propiedades confiscadas por la Operación Money Flight

Ingrid Silva realizó una serie de diligencias ante la Corte del Distrito Sur de la Florida
JUSTICIA. Foto de referencia

JUSTICIA. Foto de referencia

La viuda del fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez, —fallecido en un accidente de paracaidismo en agosto de 2018 en Higuerote— intentó recuperar las propiedades que confiscó en gobierno de los Estados Unidos por haber sido presuntamente adquiridas por dinero proveniente de la industria criminal. El difunto Valero Gutiérrez se encontraba bajo investigación federal por su presunta vinculación con Raúl Gorrín, uno de los prófugos más buscados de la justicia estadounidense, tenido además como socio de Mario Bonilla Vallera, también prófugo al estar acusado de participar en un enorme esquema de lavado de dinero y extorsión, conocido como Operación Money Flight.

Ingrid Silva realizó una serie de diligencias ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, dirigidas a tratar de establecer que las propiedades confiscadas por el gobierno, pertenecen a tres empresas de las que era socio su esposo, Fernando Valero Gutiérrez, quien igualmente estuvo vinculado con los hijos que la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, tuvo con su exesposo, Walter Gavidia.

Esta relación entre los familiares de la primera dama venezolana encuentra aún mayor refuerzo en los datos que Investigative Dashboard (ID), Mario Enrique Bonilla Vallero registró en el año 2014 una compañía en Islas Mauricio denominada World Wide Wealth Management PCC, en sociedad con Jenifer Karina Fuentes Gómez, quien es pareja del hijo mayor de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores. El otro socio era Fernando Valero Gutiérrez, quien habría aportado la mayor parte del capital. El aporte de Bonilla habría sido de 200.000 euros y el de Fuentes de 3.000 euros. Una empresa de igual nombre está registrada en Panamá, según lo revela el portal Open Corporates, pero no se da a conocer la identidad de sus directivos y propietarios.

Luego de las revisiones de rigor, el juez estadounidense negó una petición que buscaba recuperar una propiedad confiscada en el estado de la Florida por ser parte de los bienes comprados con dinero criminal proveniente de un enorme esquema de corrupción conocido como la Operación Money Flight en la cual estaban involucrados Francisco Convit, Raúl Gorrín, Mario Bonilla Vallera, entre otros. Una tercera parte sometió a consideración del tribunal una moción para que se liberara la propiedad ubicada en Isla Dorada en el Doral, por haber sido comprada por una empresa, de la cual uno de los propietarios murió y su viuda heredera quería desvincularse del grupo criminal.

Los abogados de Ingrid Silva argumentaron que las propiedades no tenían conexión con los acusados nombrados en el caso Operación Money Flight. La fiscalía había informado a la corte que estaba dispuesta a liberar voluntariamente los avisos de litigio pendiente, si los peticionarios terceros se comunicaban directamente con el gobierno de Estados Unidos pero ese hecho no ocurrió, por lo cual la corte negó la petición de hecho.

El juez, Edwin G. Torres, dijo en su orden que la petición de remover la propiedad del listado de bienes confiscados formulada por los terceros, queda denegada. Esta decisión del juez se dio a conocer el 14 de febrero de 2020.

Bonilla Vallera no está bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fue declarado prófugo en agosto de 2019, desconociéndose su paradero.

Las propiedades reclamadas por Ingrid Silva fueron confiscadas por estar vinculadas al socio del fallecido Fernando Valero Gutiérrez, el ya citado Mario Bonilla Vallera, en un procedimiento que ocurrió cuando el gran jurado aprobó la acusación en su contra por su participación en el enorme esquema de lavado de dinero proveniente del erario público venezolano.

El juez dijo que la petición podría ser considerada en un procedimiento auxiliar cuando concluya el caso en el que Bonilla Vallare está involucrado. Ese final podría durar años.

Ingrid Silva pidió a la corte que el gobierno le entregara una parte del descubrimiento (evidencias) para verificar la razón por la cual las propiedades están bajo la restricción de las autoridades.

La respuesta del gobierno arroja poca luz sobre la base de restringir la enajenación de las propiedades. La respuesta afirma que el inmueble de Isla Dorada era la residencia del acusado Mario Enrique Bonilla. Esta afirmación de la fiscalía deriva de la declaración del agente del gobierno de apellido Vega, quien aseguró que Bonilla enumeró la propiedad como su dirección personal y como el domicilio de ciertas compañías de responsabilidad limitada. Los abogados de Silva advierten que no se ha establecido que dicha propiedad haya sido comprada por Bonilla a través de Fernando Valero Gutiérrez.

El agente Vega reconoce que Fernando Valero Gutiérrez y su esposa, Ingrid Silva, eran dueños de la empresa Britestar (la compañía dueña de la propiedad). Tras la muerte de Valero, su viuda queda como dueña de los inmuebles.

Los abogados de Ingrid Silva alegan que no hay conexión entre Silva y Bonilla. No hay evidencia de que Silva tuviera conocimiento de las afirmaciones del gobierno relacionadas con Bonilla, subrayan. Por lo tanto, le queda la responsabilidad de financiar y cuidar la propiedad sin tener el derecho de recuperar su compromiso financiero.

La evidencia citada por el gobierno relacionada con Bonilla es circunstancial y concluyente, y por lo tanto no es una base para gravar indefinidamente los derechos de propiedad de Silva, aseguran los abogados de la viuda.

El argumento equivale a un esfuerzo por justificar una privación injusta de la apropiación de la propiedad que ahora pertenece a Silva. El verdadero problema ante el tribunal es la naturaleza indefinida del gravamen de las propiedades por parte del gobierno.

La fiscalía reconoce que están gravando las propiedades como activos "sustitutos" relacionados con los cargos pendientes contra Bonilla Vallera, quien "aún no ha sido detenido y condenado".

Debido a que el gobierno desconoce el paradero de Bonilla, "las propiedades sujetas aún no se han perdido y el caso penal no se ha llevado a cabo en razón al procedimiento auxiliar de decomiso".

El gobierno dijo que Silva puede "continuar disfrutando de las propiedades" hasta que se resuelva este caso, pero los abogados de la mujer sostienen que esa premisa es falsa, puesto que los peticionarios deben continuar pagando hipotecas e impuestos sobre las propiedades o corren el riesgo de ejecución hipotecaria mientras las propiedades están gravadas indefinidamente.

El objetivo de la acusación del gobierno, Mario Bonilla Vallera, es un fugitivo. En caso de que fuera detenido en el futuro, lo cual no está garantizado, los peticionarios corren el riesgo de perder los pagos realizados para financiar las propiedades y pagar los impuestos de Florida.

Los abogados dicen que los derechos de los peticionarios están en espera indefinidamente. Ingrid Silva enfrenta consecuencias financieras reales basadas en la decisión del gobierno de clasificar estas propiedades como activos sustitutos (y no directos) de una supuesta conspiración que involucra al fugitivo Bonilla. La notificación del gobierno de las hipotecas pendientes, es similar a tomar palos del paquete de peticionarios de derechos de propiedad.

Los abogados se quejan que Ingrid Silva no ha tenido conocimiento de ningún descubrimiento más allá de lo que el gobierno ha proporcionado en su respuesta. Acotan que las conclusiones en las declaraciones juradas presentadas por la fiscalía, se basan principalmente en pruebas circunstanciales. En consecuencia, los peticionarios solicitan acceso al archivo de descubrimiento completo del gobierno, de modo de poder determinar si existe una base para impugnar la intención de gravar indefinidamente las propiedades mientras se desconoce el paradero del acusado objetivo.

Los representantes de Silva dicen que se reservan el derecho de complementar su petición a medida que los hechos salgan a la luz y realicen su propia investigación relacionada con las transacciones comerciales del fallecido Fernando Valero.

Igualmente, los peticionarios reafirman su derecho a una adjudicación de honorarios de abogados porque el gravamen de las propiedades por parte del gobierno no está sustancialmente justificado.

Las propiedades

Entre las propiedades sujetas a confiscación y citadas en un encausamiento criminal presentado por la fiscalía, se encuentran tres casas en Coral Gables y un apartamento en Brickell, a nombre de sociedades en las que Valero Gutiérrez figuraba como directivo. Valero no fue acusado.

Uno de los bienes, situado en la calle Prado Boulevard de Coral Gables, tiene un valor de USD 2.2 millones. Está a nombre de Britestar Worldwide Ltd Corp, firma en la que aparece Valero como director y presidente. Fue adquirida por Britestar en 2011.

La lista de incautaciones es parte de una causa criminal en contra de ocho empresarios y banqueros acusados de lavar USD 1.200 millones, producto de negocios cambiarios ilegales y de supuestamente pagar sobornos a funcionarios de PDVSA.

En algunas de las propiedades figuran los nombres de los acusados y en otras personas que no afrontan cargos. Este último es el caso de Valero, de 42 años, quien falleció luego de lanzarse en un paracaídas de un avión a 13.000 pies de altura. La muerte quedó registrada en un video que se volvió viral y en el cual puede verse como uno de los paracaidistas se precipita a tierra girando sin control. Testigos del accidente sostienen que Valero y otro paracaidista chocaron en el aire y cayeron a tierra inconscientes.

Esta tragedia, de acuerdo a lo afirmado por algunos testigos, habría sido presenciada por dos hijastros del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, amigos de Fernando Valero. Se trataría de los hijos de la primera dama Cilia Flores, Yosser Gavidia Flores y su hermano Yoswal, quienes compartían con Valero su afición por el paracaidismo.

Pero la amistad con los hermanos Flores, ni tampoco la retórica antiimperialista manejada desde el seno del gobierno de Maduro, inhibieron a Valero de invertir en Estados Unidos. El empresario figura como directivo de Vagú, una joyería y tienda de relojes finos en el Design District de Miami, con sedes en Venezuela, Colombia y Suiza. Esta joyería ofrece marcas como Rolex, Hublot y Roger Dubuis. “Somos una familia que vivimos del lujo’’, escribió Valero en su perfil de LinkedIn.

Quien también lamentó públicamente la muerte de Fernando Valero Gutiérrez, fue Raúl Gorrín, quien a través de las redes sociales manifestó su pesar. “Hoy quiero que sepas, donde quiera que estés, que te amo mi hermano’’, escribió Gorrín en sus redes sociales. “Tú eres de los pocos … que siempre saludo con un beso’’, agregó en un mensaje acompañado por una fotografía de ambos sonrientes.

Tanto Valero Gutiérrez como Gorrín, están ligados al proceso de confiscación de las propiedades, toda vez que el primero, como ya lo hemos dicho, figura como directivo de algunas de las empresas propietarias de los bienes confiscados; y el segundo, por habérsele identificado como uno de los conspiradores no encausados en la denuncia criminal. El abogado de Gorrín en Miami, Howard Srebnick, negó que su cliente participe en operación de lavado de dinero alguna.

Fernando Valero Gutiérrez supuestamente habría registrado como dirección una oficina en Coral Gables la cual es propiedad de Raúl Gorrín.

Documentos judiciales señalan que los hijos de Cilia Flores a quien se refieren en la acusación que se procesa en una corte estadounidense como “los hijastros de un político venezolano”.

Otro de los bienes incautados fue una casa ubicada en la misma calle de las propiedades ligadas a Valero, la cual está a nombre de Bogasa International Investments Corp, una firma que estuvo gerenciada por es Mario E. Bonilla. La casa está valorada en USD 3.1 millones.

Se suma a las propiedades incautadas, una villa situada en la Calle Hibiscus de Miami y valorada en USD 2.7 millones y que, según registros de la Florida, está a nombre de Gustavo Hernández Frieri, financista colombiano a quien los documentos de la corte como uno de los cerebros de la operación de lavado de dinero.

La fiscalía suma a la lista un apartamento en la Torre Porsche valorada en USD 5 millones.

Las diligencias ante la corte

Los abogados de la defensa sometieron a la consideración de la corte, una moción para que Britestar Worldwide Ltd. Corp., Sky Investment y Field Construction Corp. sean eliminadas de la lista de activos sujetos a confiscación. A Esto, la fiscalía respondió el 29 de enero de 2020, señalando que se formulara la petición directamente a ellos, a lo que los peticionarios terceros respondieron el 5 de febrero de 2020.

El juez respondió que el 16 de agosto de 2019, un gran jurado federal devolvió una acusación de nueve cargos en la que Mario Enrique Bonilla Vallera y otros, eran acusados de lavado de dinero y de conspirar para cometer lavado de dinero y extorsión.

De acuerdo a la documentación judicial, los acusados perderán ante el gobierno cualquier propiedad, real o personal, que se encuentre involucrada en el delito subyacente, así como cualquier propiedad rastreable a la conducta.

La fiscalía señaló, específicamente, cuatro propiedades que podrían estar sujetas a decomiso, a saber: 1) 194 Dorada Boulevard en Coral Gables, Florida; 2) 6905 Prado Boulevard en Coral Gables, Florida; 3) 465 Brickell Avenue, Unidad 619 en Miami, Florida 33131; y 4) Concurso 655 Casuarina en Coral Gables, Florida.

El 17 de agosto de 2018, la fiscalía registró avisos de lis pendens en Miami-Dade para las propiedades sujetas y notificó su posible decomiso con el propósito de alertar a compradores e hipotecas.

En fecha, 30 de enero de 2020, la juez Kathleen Williams remitió la moción de los peticionarios de terceros al juez magistrado suscrito para su disposición. Exigían que "ninguna parte que reclame un interés en bienes sujetos a confiscación puede comenzar una acción legal o de equidad contra los Estados Unidos con respecto a la validez de sus intereses después de la presentación de una acusación".

Las razones de los peticionarios de terceros

Los peticionarios de terceros alegan que la fiscalía clasificó prematura e incorrectamente las propiedades del sujeto como posibles activos sustitutos, aún cuando no existe evidencia de que estén relacionadas con los hechos del caso.

Los peticionarios de terceros sostienen que Fernando Valero Gutiérrez era un empresario prominente y compró estas propiedades con activos de su exitoso negocio de joyería. Es decir, se alega que el difunto empresario se valió de las ganancias de su negocio para comprar las propiedades a través de sus dos compañías, Britestar y Sky Investment.

Piden que el tribunal excluya las propiedades sujetas de la lista de activos del gobierno potencialmente sujetos a confiscación, dado que la ley federal sólo autoriza la confiscación de la propiedad del acusado.

Britestar posee es propietaria Prado, Icon y Casuarina, mientras que Sky Investment es dueña de la propiedad de Isla Dorada. A criterio de los peticionarios de terceros, esto debería poner fin a las notificaciones de lis pendens del gobierno, porque los propietarios de las Propiedades Sujetos son Britestar y Sky Investment y no ninguno de los acusados nombrados en el caso.

Sostienen que, si el tribunal permite la confiscación de la propiedad de un tercero debido a una conexión financiera, resultaría en una expansión injusta y por ello quieren que se eliminen las propiedades de la lista de bienes sujetos a confiscación.

Por su parte, el juez advirtió que los peticionarios de terceros desean evitar todo el proceso que este reclamo conlleva, un procedimiento auxiliar es el único medio por el cual un tercero puede establecer el derecho a la devolución de la propiedad perdida porque, de lo contrario, el tercero carece de legitimación. El juez recordó que la ley establece que la disposición de reclamos de terceros se produce al final de un caso penal.

Dado que Bonilla Vallera no ha sido detenido ni se han realizado las diligencias consiguientes, la moción para eliminar los activos sujetos a confiscación es prematura.

Ante esta advertencia, los peticionarios de terceros exigen que se les permita eludir los requisitos del procedimiento auxiliar, porque el gobierno ha gravado las Propiedades del Sujeto por un período indefinido. Les preocupa que, sin ningún conocimiento del paradero de Bonilla Vallera, el caso nunca se remita a un procedimiento auxiliar, dejándolos sin ninguna forma de impugnar la posible pérdida de sus propiedades.

Debido a que los peticionarios externos deben continuar pagando la hipoteca y los impuestos sobre las propiedades sujetas sin garantía de que Bonilla Vallera sea detenido, concluyen que sus derechos de propiedad están en espera indefinidamente y que los avisos de las licencias deben ser eliminados.

Los argumentos de los peticionarios de terceros son rebatidos con la advertencia de que no han hecho referencia a un solo caso o estatuto que les permite eludir el procedimiento legal que el Congreso implementó con respecto a reclamos de terceros sujetos a decomiso penal. Piden a la Corte eludir el estatuto, pero no dan ninguna razón convincente para hacerlo dado el texto legal claro y la abundancia de casos del Undécimo Circuito que sostienen que este procedimiento debe seguirse. Además, se alerta que los avisos de lis pendens no son una confiscación de sus propiedades.

Se agrega que en caso de que nunca se pueda iniciar un procedimiento auxiliar, los terceros peticionarios tienen la opción de trabajar en cooperación con el gobierno para fundamentar su reclamo de que las Propiedades Sujetas no tienen conexión con los acusados nombrados en este caso.

La fiscalía advierte que, si así sucediera, está dispuesta a liberar voluntariamente los avisos de litigios pendientes. Como los peticionarios de terceros no se han puesto en contacto con el gobierno para hacer esta solicitud, la fiscalía ha declarado que la opción sigue abierta.



--