El jueves 16 de enero arrancó, en el Senado de Estados Unidos, el juicio político en contra del presidente, Donald Trump.

John Roberts, magistrado presidente de la Corte Suprema, se juramentó para lograr presidir el Impeachment y tomó juramento al pleno del Senado para que garantice la justicia imparcial que se necesita en este proceso, más, en el que la Cámara Alta fungirá como jurado.

Según la Constitución estadounidense, el ministro presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, debe presidir el juicio político.

Desde hace tiempo, Roberts ha insistido en que los jueces del proceso son apolíticos, por eso él será árbitro en el procedimiento y no estará como participante activo, sin embargo, los que emitirán el veredicto final, serán los senadores.

Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes que emprendieron el proceso, fueron los encargados de leer formalmente, los cargos contra Trump ante el Senado.

Siete representantes que actuarán como fiscales, encabezados por Adam Schiff, de la Comisión de Inteligencia y Jerrold Nadler quien pertenece a la Comisión de Asuntos Jurídicos, hicieron, por segundo día, el solemne recorrido por el Capitolio.

Shiff, al iniciar su lectura afirmó que la Cámara de Representantes dispuso en su resolución número 755, someter a juicio político al presidente Donald Trump por delitos y faltas graves.

Uno de los cargos que se le imputan a Trump es el de abusar de su poder presidencial cuando le solicitó a Ucrania que investigara a su rival y ex vicepresidente de EEUU, Joe Biden.

El segundo cargo que se le atribuye es el de obstruir la investigación del Congreso acerca de sus conversaciones con Ucrania.

Según los demócratas, la mayor medida de presión consistió en suspender una ayuda militar que se destinaba a Ucrania para apoyar en un conflicto armado con separatistas prorrusos apoyados por Rusia.

La ayuda y los fondos, habían sido aprobados por el Congreso, ente responsable de autorizar, este tipo de gastos.

Por esto, la oficina de rendición de cuentas del gobierno estadounidense señaló que los servicios encargados de asuntos presupuestarios de la Casa Blanca, vulneraron la ley por retener cerca de 200 millones de dólares asignados al Departamento de Defensa para ayudar militarmente a Ucrania.