Este jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que inmigrantes que solicitaron asilo y cuyas peticiones fueron rechazadas, no podrán apelar la decisión en cortes federales, situación que podría contra la pared a miles de indocumentados.

La instancia tomó la decisión con siete votos a favor y dos en contra, un triunfo para la administración Trump, la cual profundiza aún más su política migratoria, una de las marcas del republicano desde el inicio de su carrera hacia la Casa Blanca.

La decisión, escrita por el magistrado Samuel Alito, indicó que “un extranjero en el umbral de la entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso” de la Constitución de los Estados Unidos.

Elena Kagan y Sonia Sotomayor fueron las únicas en votar en contra.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta última advirtió que el hecho tendría fuertes repercusiones sobre los indocumentados en territorio estadounidense.

Este martes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. anuló una orden judicial preliminar que pesaba contra la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), lo que permite a la administración Trump ampliar el procedimiento para deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados de territorio estadounidense.

La mayoría de los miembros del panel aseguraron que, pese a que organizaciones que presentaron la demanda cuentan con la capacidad legal para dar inicio a un proceso legal, la ley de inmigración que otorga poder al DHS resta probabilidades a que el caso se resuelva a favor de los grupos.

La jueza Patricia Millett indicó en la decisión que “difícilmente podría haber una expresión más definitiva de la intención del Congreso de dejar la decisión sobre el alcance de la remoción acelerada, dentro de los límites legales, a juicio independiente del Secretario”.

La semana pasada, Trump sufrió un duro revés en su política migratoria luego de que un fallo de la Corte Suprema le impidiera poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, calificó la acción del presidente Trump de arbitraria y caprichosa. La disputa data de 2017, primer año del Gobierno actual cuya política migratoria busca finalizar otros programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y frenar la llegada de inmigrantes.

Desde 2017 inició una batalla judicial con demandas en contra de la decisión del presidente. Los jueces del máximo tribunal no decidieron sobre esa potestad, en cambio respondieron si el argumento de Trump de que el programa es ilegal es suficiente para ponerle fin a DACA.