Luego de asomar que esta semana presentaría un programa de asistencia para el pago de rentas a las familias más necesitadas y afectadas por la pandemia del COVID-19, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, lanzó la iniciativa este lunes.

La misión del programa es tender una mano a las familias que han sentido el impacto financiero del brote y que enfrentan la posibilidad de ser desalojados o de recibir una ejecución hipotecarias.

El Programa de Alivio de Alquiler e Hipoteca del estado cuenta con $50 millones provenientes de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra la pandemia del COVID-19. El plan, según anunció el gobernador Northam en un comunicado, brinda asistencia a corto plazo para el pago de alquileres o hipotecas pendientes.

Pese a que una vez se decretó el estado de emergencia en la entidad quedaron suspendidas las órdenes de desalojo, esta expiró a mediados del pasado mes de mayo, luego de que la entidad entró en la primera fase de la reactivación económica.

A inicios de mes, Donald Lemons, jefe de la Corte Suprema de Virginia, emitió la orden para extender la suspensión hasta el domingo 28 de junio; sin embargo, el gobernador pidió alargarla por otros 30, sin éxito.

Al vencerse la orden, este lunes comenzó la reanudación de audiencias en corte para los desalojos, lo que pone en riesgo a miles de personas en la entidad.

En el comunicado firmado por Northam, el gobernador señaló que “el Programa de Alivio de Alquiler e Hipoteca en Virginia ayudará a los residentes de Virginia que están experimentando inestabilidad económica como resultado de esta crisis de salud sin precedentes al prevenir los desalojos y las ejecuciones de hipotecas, y manteniendo a las familias del estado seguras en sus casas mientras batallamos este virus”.

Según la cadena Telemundo, desde que arribó la pandemia a Virginia, unas 250 mil personas habían solicitado el beneficio del desempleo.

Este programa será gestionado a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, el cual trabajará de la mano con diversos aliados, como ONG y el propio gobierno local.

Las familias elegibles serán aquellas que demuestren que no cuentan con los recursos para poder asumir los costos de renta o hipoteca por los estragos causados por el brote de coronavirus.

Además, deberán demostrar que los ingresos del hogar son de al menos $79.900 al año.