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PDV USA advierte que empresa de excongresista carece de fundamentos para desestimar la demanda en su contra

Sostiene que Interamerican Consulting Inc sólo persigue retrasar el litigio
JUSTICIA. Se espera hacer justicia con el caso

JUSTICIA. Se espera hacer justicia con el caso

El abogado de PDV USA Inc., Jeffrey B. Korn, que representa a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, aseguró ante el juez de la causa que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, que la demandada Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, carece de fundamentos para solicitar al tribunal la desestimación del caso.

En tal sentido, Korn advirtió al magistrado que esta acción de Interamerican solamente persigue retrasar innecesariamente el litigio. El juez había otorgado una prórroga a Rivera para que respondiera a la demanda, toda vez que inexplicablemente desde que esta fue interpuesta, la demandada no ha fijado posición. Dicha prórroga era hasta el 30 de septiembre pasado.

Dos días antes de que se cumpliera el plazo, la representación legal de Interamerican, en manos de Kathryn Lee Boyd, solicitó una moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

El alegato para esta solicitud, según el abogado de Interamerican, es que PDV USA carece de legitimación para cumplir el contrato y que la demanda no cumple con los extremos legales.

El asunto versa sobre una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa propietaria del paquete accionario de CITGO Petroleum Corporation sobre la que se conoció en mayo de 2020. La aspiración de la demandante es recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

Fuente ligadas a CITGO han asegurado a Venezuela Política el pago de los USD 15 millones ocurrido en marzo de 2017 fue irregular, pues se incumplieron las normas mínimas esenciales lo cual se reflejaba en la calidad de la facturación —tres facturas por USD 5 millones cada una, elaboradas en simples papeles sin cumplir los requerimientos internos de la filial de PDVSA— y que fueron pagadas por órdenes superiores. La autorización habría venido de José Pereira quien para entonces era el vicepresidente de Finanzas y ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) el pago por orden del CEO de CITGO para la fecha, Nelson Martínez.

La fuente manifestó que el pago que ocurrió en menos de 4 semanas "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita (…) José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

Lo cierto es que, de acuerdo a las fuentes entendidas, este caso sólo sería el reflejo de operaciones irregulares hechas con empresas fantasmas con el objetivo de desviar fondos de la estatal a fines distintos a los de la industria. Con ello se estarían violando políticas y procedimientos internos, leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos. La demanda solo estaría procurando enmascarar el comportamiento delictual de la directiva de CITGO y formar una cortina de humo distraer la atención del Departamento de Justicia haciéndole suponer una rectificación de su conducta frente a quienes expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos.

Venezuela Política también pudo conocer que no es cierto, como dice la demanda que PDV USA se negó a pagar las facturas por los restantes USD 35 millones del contrato, sino que entre los años 2017 y el 2018, tres directores detectaron las irregularidades del acuerdo y se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez, logrando detener el esquema fraudulento.

Sobre el propietario de Interamerican Consulting Inc., David Rivera, pesan algunas investigaciones, entre ellas una originada por el objeto del contrato suscrito con PDV USA, dado que este habría prestado servicios de cabildeo sin estar debidamente registrado como agente para trabajar a favor de un gobierno extranjero, por lo que el Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigarlo.

Otro hecho significativo en este caso deriva del despacho de abogados que representa a PDV USA en el litigio, a saber, Willkie Farr & Gallagher LLP una firma conocida por sus lazos con el chavismo a quienes a representó en múltiples oportunidades. Incluso, este bufete estaría ligado a la firma Sidley Austin LLP que participó en la defensa de los narcosobrinos. Y es que este y otros despachos que siguen actuando en la actualidad fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO, de acuerdo a nuestras fuentes.

La comunicación

Una comunicación fechada el 5 de octubre de 2020 desde la firma de abogados Willkie Farr & Gallangher LLP, suscrita por Jeffrey B. Korn, dirigida al juez John G. Koeltl, sobre el caso PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc., identificado con el número 20-cv-3699 (JGK), sostiene que la moción de desestimación de la demanda interpuesta por su cliente no prosperará al carecer de fundamento y sólo tiene como objetivo retrasar innecesariamente el proceso judicial.

Le refiere Korn al magistrado Köeltl, que su despacho de abogados representa a PDV USA Inc. en el proceso emprendido contra Interamerican Consulting Inc., una empresa registrada en el estado de la Florida por el ex congresista estadounidense, David Rivera, la cual cuenta con apenas un empleado, a saber, la hermana del propietario.

Seguidamente, hace un recuento de los hechos que llevaron a PDVS USA a demandar a la empresa de Rivera y, en tal sentido, refiere que el 21 de marzo de 2017, su cliente contrató a Interamerican, la cual debía prestar “servicios de consultoría estratégica” por tres meses “a cambio de la asombrosa cantidad de $ 50 millones”. Le correspondía a Interamerican ayudar a la empresa matriz última de PDV USA, es decir, a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), controlada por el régimen de Nicolás Maduro.

Debía Interamerican, según indica la comunicación que cita partes del acuerdo entre las dos partes, desarrollar una estrategia para “informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas del CLIENTE”; “Reforzar la posición del CLIENTE entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y "mejorar la reputación a largo plazo y la posición del CLIENTE" con "partes interesadas específicas" e (2) "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos".

Estos servicios que debían prestarse "a satisfacción exclusiva de PDV USA", incluían la elaboración de informes quincenales “detallando las actividades que han llevado a cabo durante ese período”, así como un informe final “incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas” y, finalmente, “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” que se anexarían a cada factura presentada.

Destaca Jeffrey B. Korn ante el juez Köeltl, que pese a haber cancelado PDV USA Inc. a Interamerican, la cantidad de USD 15 millones entre el 21 de marzo de 2017 y el 18 de abril de 2017, la demandada no cumplió con lo convenido en el acuerdo y no completó ningún servicio a satisfacción de PDV USA. Agrega que tampoco los informes prometidos "detallaron [] las actividades" realizadas, como se requería, ni junto a las facturas enviadas se adjuntaron los documentos de respaldo o los detalles de los servicios.

Subraya, por tanto, Korn, que PDV USA se negó a seguir pagando a Interamerican, más allá de los USD 15 millones pagados “sin recibir nada a cambio”.

Informa al juez que el 5 de octubre de 2017, PDV USA procuró ceder los derechos del acuerdo a PDVSA, pero Interamerican se negó a dar su consentimiento y durante años insistió en que PDV USA estaba obligada por los términos del Acuerdo.

Interamerican sin fundamento

Luego de narrar los antecedentes de la demanda, Jeffrey B. Korn argumentó ante el juez las razones por las que estima que Interamerican no tiene fundamento para haber solicitado el 27 de septiembre de 2020 la desestimación de la acción emprendida por PDV USA Inc.

Se remite a lo expuesto por Interamerican, que señaló en primer término que PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato como resultado de la cesión, cuando el propio demandado olvida que no consintió la misma y, durante años, ha dicho que esta no era válida y que la petrolera estaba está obligada por el acuerdo.

Cita un correo electrónico enviado por David Rivera 4 de febrero de 2019, donde advirtió que Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA, habiendo sido rechazada cualquier sugerencia de reasignación del contrato. En la comunicación Rivera refirió que su asesor legal revisó el asunto y concluyó de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA era una decisión unilateral arreglada las petroleras. Indicó que, bajo la ley de contratos de Nueva York, PDV USA de ninguna manera queda eximida de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting.

En segundo lugar, el representante legal de PDV USA alertó que lo sostenido por Interamerican de que la demanda no alegó adecuadamente una reclamación por incumplimiento de contrato también fracasa. Jeffrey B. Korn se remite a la jurisprudencia que ha dejado establecido que “Para presentar una reclamación viable por incumplimiento de contrato, una queja solo necesita alegar (1) la existencia de un acuerdo, (2) el cumplimiento adecuado del contrato por parte del demandante, (3) el incumplimiento del contrato por parte del demandado y (4) daños", lo cual ha cumplido PDV USA.

El juez asevera que la demanda interpuesta contra Interamerican alega la existencia del acuerdo y cada una de las disposiciones que la demandada violó; que PDV USA cumplió adecuadamente con el contrato, específicamente pagando a Interamerican USD 15 millones; que el demandado violó el acuerdo al no proporcionar los servicios requeridos, ni producir la cantidad requerida de informes con el nivel de detalle requerido; como tampoco proporcionar detalles de los servicios prestados en facturas y documentación de respaldo. Respecto a los daños causados, el abogado recuerda el pago de USD 15 millones por el cual no recibió nada a cambio.

En tercer lugar, Jeffrey B. Korn le expone al juez Köeltl que PDV USA no ha renunciado a su reclamo por incumplimiento de contrato, pues nunca manifestó que recibió los servicios y, mucho menos, a su entera satisfacción. Por el contrario, indica, la demandante alegó repetidamente que la demandada no cumplió con el contrato y que "no está satisfecho con los servicios de Interamerican".

Finalmente, recordó unas declaraciones públicas de David Rivera a la prensa en las cuales remitió a los periodistas que le consultaron sobre el incumplimiento de contrato reclamado por PDV USA, este dijo: "pregunten a los muchachos de CITGO 6", es decir a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Nicolás Maduro quienes, según el excongresista, “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana (…) Eso es todo lo que sé".

También Korn le refiere al juez otras declaraciones de Rivera en las que dijo: "Todos esos fondos fueron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo".

En tal sentido el abogado del demandante considera que con estas afirmaciones David Rivera admitió que Interamerican no brindó ni tuvo la intención de brindar ningún "servicio de consultoría estratégica" a PDV USA (o PDVSA) como lo exige el acuerdo.



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