Chicago- El Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago felicitó el viernes 7 de diciembre al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber dado un paso más hacia la protección de los indocumentados contra violaciones y otros vejámenes en las cárceles administradas por Inmigración.
En un comunicado, el centro dijo que las reglas divulgadas hoy por el Gobierno para aplicar la Ley de Eliminación de Violaciones Sexuales en las Cárceles (PREA, por su sigla en inglés) “son un paso importante para asegurar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes detenidos”.
Esta ley, aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2003, establece estándares de “tolerancia cero” hacia las violaciones y vejámenes sufridos por los reclusos en las prisiones, así como para llamar a responsabilidad a los encargados de los establecimientos penitenciarios.
En mayo de 2012, el presidente, Barack Obama, y el Departamento de Justicia anunciaron que las protecciones de la ley PREA se extenderían a todas las personas en custodia federal, incluyendo los inmigrantes indocumentados.
Según el comunicado, ese anuncio se produjo en momentos en que crecían las evidencias sobre violencia sexual sufrida por inmigrantes detenidos, por lo que el NIJC había presentado una demanda colectiva contra el DHS a favor de los derechos civiles de 17 personas representantes de minorías sexuales.
“Felicitamos al Gobierno por haber propuesto estas reglas, lo que es un hito fundamental en la lucha para restablecer la dignidad humana en el sistema de detención de inmigración”, dijo en el comunicado Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro.
Se calcula que en Estados Unidos hay 250 establecimientos contratados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para alojar a personas que buscan asilo, indocumentados a la espera de ser deportados, inmigrantes ancianos y sobrevivientes del tráfico humano, entre otros.
“Los clientes de NIJC, y otros miles de hombres y mujeres, necesitan urgentemente esta ley para protegerlos de abusos sexuales en la prisión, y darles recursos para defenderse en caso de ser víctimas”, agregó.
McCarthy dijo que el centro analizará las reglas propuestas en el plazo legal de 60 días otorgado al público para comentarios.
“Confiamos que se cumplan los estándares fijados por el Departamento de Justicia para poner fin a los ataques sexuales y violaciones en el sistema penitenciario”, concluyó el comunicado.
