La cantidad de desapariciones de personas sin resolver en México constituye un escándalo y una crisis de los derechos humanos, afirmó el martes 4 Amnistía Internacional, al denunciar lo que llamó una falla sistemática de la policía y los fiscales para investigar cientos de casos que se han acumulado desde 2006.
Rupert Knox, investigador de la oficina de Amnistía en México, dijo que con frecuencia los parientes se ven obligados a buscar ellos mismos a sus familiares, en ocasiones bajo un riesgo considerable.
En lo que es un insulto para alguien que de por sí ya está lastimado, Knox dijo que con frecuencia la policía y los fiscales ni siquiera se molestan en utilizar la información que obtienen los parientes. En lugar de ello, la policía suele asumir que los desaparecidos están inmersos en los conflictos de los cárteles del narcotráfico en México.
“Han sido estigmatizados, han sido tratados con desprestigio, y lo típico ha sido señalar a las víctimas como criminales”, señaló Knox. “Es una muestra de la negligencia que permitió a una situación crecer a un escándalo nacional y una crisis de derechos humanos”.
El gobierno federal dijo que unas 26.000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que el gobierno lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga a fines de 2006, aunque las autoridades han dicho que la cifra verdadera probablemente es menor, porque algunas personas reportadas como desaparecidas han sido encontradas pero nunca fueron retiradas de la lista.
Brenda Rangel es hermana de Héctor Rangel, que desapareció junto con dos amigos en 2009 luego de que la policía los detuvo por una violación a las normas de tránsito y nunca se volvió a saber de él. Está segura que su hermano no estaba involucrado en actividades delictivas. Héctor, un joven empresario, había acudido al estado norteño de Coahuila —donde el cártel de los Zetas opera en varias regiones— para cobrar el pago de un cliente.
Rangel dice que la última vez que su hermano llamó fue para decir que estaba bajo custodia policial. Ella indicó que la familia les dio a las autoridades el número del auto patrulla, e incluso los nombres de los policías involucrados en el arresto.
Sin embargo, los fiscales le dijeron que los agentes fueron despedidos de la policía en la ciudad de Monclova, Coahuila, y no podían ser localizados. En México no es inusual que los policías trabajen para los narcotraficantes.
Luego de casi cuatro años de la desaparición de su hermano, ese tipo de respuesta carente de interés está haciendo que Rangel y su familia caigan en la desesperación, y en el peligro, ya que no pueden dejar las cosas así.
“Hemos recibido amenazas de muerte”, señaló. “Me he expuesto, he ido a casas de seguridad, me he tenido que disfrazar de muchas cosas para ir a buscar a mi hermano”.
Uno a uno, otros padres y hermanos de mexicanos desaparecidos han dado la cara y narrado sus historias de terror: casos en los que las mismas autoridades, policías o militares, parecen haber estado involucrados en las desapariciones.
El gobierno mexicano anunció la semana pasada que está creando una unidad especial para buscar a las personas desaparecidas, la cual sólo cuenta con 12 investigadores federales y un grupo de agentes de la policía federal para cubrir todos los casos.
Knox dijo que ese tipo de agencias ya han sido implementadas anteriormente en México, pero han logrado poco, en parte porque han carecido de los recursos, el personal y la autoridad para realmente llevar a cabo su labor.
“Las autoridades siempre lo han visto (las unidades especiales) como una manera de ventilar el tema y reducir la presión”, señaló Knox.
Aunque Rangel y las familias de las otras víctimas mantienen las esperanzas de que sus parientes aún estén vivos, tal vez sujetos a trabajos forzados para los cárteles de la droga, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México ha recibido información sobre 15.921 cadáveres no identificados que han pasado por morgues en el país, algunos de los cuales podrían pertenecer a los desaparecidos.
Un caso reciente en la Ciudad de México deja entrever las dificultades que rodean la solución de las presuntas desapariciones.
El 26 de mayo, 11 jóvenes desaparecieron de un bar de la capital que también operaba en la mañana muy cerca de la céntrica avenida Paseo de la Reforma, a cuadra y media de la embajada de Estados Unidos.
Los jóvenes eran del peligroso barrio de Tepito y su desaparición sólo salió a la luz después de que sus padres y otros residentes de ese vecindario efectuaron una protesta en la que fue bloqueada una avenida importante. Posteriormente, reportes de prensa indicaron que los padres de dos de los jóvenes desaparecidos eran presuntos jefes delictivos de Tepito que actualmente cumplen penas de prisión.
Un testigo que aparentemente logró evitar ser secuestrado dijo que a los jóvenes se los llevaron pistoleros enmascarados después de pasar toda la noche en el bar. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ha dicho que las tomas de las cámaras de vigilancia revisadas hasta hora por la policía no han mostrado un secuestro masivo.
Ahora el testigo ya no puede ser localizado, ni el propietario del bar ni el personal que laboraba allí esa noche.
Las familias han colocado afiches con fotos de sus parientes en toda el área, y dicen que luego de casi 10 días no han vuelto a casa.
