La impunidad persiste en Perú diez años después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) emitiera recomendaciones para evitarla y atribuyera al grupo armado Sendero Luminoso la mayoría de las casi 70.000 víctimas de la guerra interna, concluyó el martes 20 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La CVR investigó la violencia terrorista que asoló Perú entre 1980 y 2000 y emitió un informe final en 2003, en el que recomendó el procesamiento de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, además de ubicar y reparar a las víctimas.
La Justicia peruana dictó 28 absoluciones y nueve condenas en casos de graves violaciones a las garantías fundamentales denunciados hace 10 años por la CVR en su informe, informaron este martes colectivos agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Para la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva, el informe de la CVR “ha implicado un antes y un después en relación al manejo de los derechos humanos en Perú”, pues se trató de un esfuerzo del Estado para implementarlo y generó expectativas entre los familiares de las víctimas.
Sin embargo, “habría que cambiar la lógica (de acción) del Estado peruano” para alcanzar una efectiva justicia para las víctimas, pues, en su opinión, persiste el “ninguneo en la búsqueda de los desaparecidos” y no ha habido disculpas públicas “en serio” para todos los afectados.
“No puede haber reconciliación, si no ha habido justicia”, acotó Silva.
Entre 2005 y 2012, la Justicia peruana absolvió a 113 imputados en casos de graves violaciones a los derechos humanos y condenó a 66, según cifras de la Asociación ProDerechos Humanos (Aprodeh) y presentadas por la CNDDHH.
De los 280 policías y militares encausados, 28 fueron condenados, 78 absueltos y del resto no han concluido los procesos.
Muchas de las víctimas fueron pobladores del campo, sobre todo de la región Ayacucho, que vivieron acosados entre los ataques de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y la intervención de las Fuerzas Armadas y de Policía.
La abogada Gloria Cano, que llevó adelante varios de los más sonados casos de abusos a los derechos fundamentales, dijo a Efe que “se está constituyendo como una política de Estado lograr la impunidad para los violadores de los derechos humanos”.
Cano aseguró que “lo que se está tratando de hacer desde el Ministerio Público es nuevamente darle la espalda a las víctimas” y eso “es indignante”, porque es “incumplir con las obligaciones del Estado”.
Añadió que en las audiencias los jueces prefieren el testimonio de cualquier militar o policía, antes que aceptar la versión de las víctimas sobre la tortura o desaparición de sus familiares.
La abogada señaló que el número de sentencias absolutorias en los casos de violaciones a los derechos humanos responde a que los jueces “no quieren pelearse con los militares que hacen un espíritu de cuerpo entre todos para protegerse”.
Uno de los casos más emblemáticos de violación de los derechos humanos es el de la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992, uno de los casos por el que el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel en 2008.
La portavoz de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gisella Ortiz, declaró a Efe que la evaluación de la aplicación del informe de la CVR “es negativa para las víctimas” porque hay “pocas sentencias condenatorias”.
“Han pasado 10 años y seguimos con los mismos problemas de impunidad, de sentir que la víctima es el otro, que no es un ciudadano igual”, indicó Ortiz, quien perdió a su hermano entre el grupo de estudiantes desaparecidos por el grupo paramilitar conocido en Perú como Colina.
Ortiz explicó que “cerca de 200 mamás han fallecido en la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos y sus esposos” y “en el olvido de un Estado que tiene la obligación de buscarlos”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los grupos de familiares de las víctimas realizarán una marcha hacia la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú el próximo 28 de agosto, cuando se cumplirán los 10 años del informe, para demandar una mayor atención y que el Estado cumpla su papel de sancionar a los victimarios.
