Una fiscal federal solicitó el jueves 3 de octubre una pena de seis años de prisión para el ex presidente argentino Fernando De la Rúa por supuestamente haber ordenado el pago de sobornos a senadores para la sanción de una ley de reforma laboral en 2000.
En el marco del juicio oral en contra del ex mandatario (1999-2001) , la fiscal Sabrina Namer solicitó esa pena y también una inhabilitación especial por seis años para ejercer la función pública por el delito de “cohecho activo agravado”. De la Rúa estuvo presente en la sala de la audiencia.
La condena pedida por Namer es seis meses menor que los seis años y medio solicitados por la Oficina Anticorrupción, querellante en el proceso.
En el mismo juicio están acusados el ex secretario de inteligencia Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, cuatro ex senadores y un ex empleado del Congreso que confesó ante la justicia haber sido el nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores para el pago de sobornos.
En 2000 el gobierno de De la Rúa, de la Unión Cívica Radical, impulsó en el Congreso un proyecto de reforma laboral fuertemente resistido por los sindicatos ya que implicaba fuertes recortes de beneficios en un contexto de recesión económica. La aprobación de la norma en el Senado necesitó del voto del bloque opositor de los peronistas.
Durante su alegato, la fiscal Namer dijo que “De la Rúa prometió a los senadores (Augusto) Alasino y (Alberto) Tell (ambos peronistas) entregar una suma de dinero para aprobar la ley laboral y dio la orden a de Santibañes de pagar”.
“Es imposible que ese dinero haya salido de la SIDE sin el conocimiento y autorización del presidente De la Rúa, a menos que se piense que estaba incapacitado para ejercer su función, algo que en este juicio ha quedado probado que no era así”, alegó la fiscal.
De la Rúa ha dicho que es inocente y que desconocía la maniobra.
La fiscal solicitó contra Santibañes, entonces jefe de la SIDE, la misma pena por considerarlo “coautor del delito de cohecho activo agravado”.
Para los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo pidió seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para que ejerzan la función pública.
En el caso de Mario Pontaquarto, el ex empleado parlamentario que confesó ante la justicia que retiró el dinero de los sobornos en la SIDE y se lo entregó a los senadores imputados, la fiscal pidió una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso.
En tanto que el ex senador Ricardo Alberto Branda y el ex ministro Flamarique deben ser absueltos, de acuerdo con la fiscalía.
El juicio continuará el 17 de octubre con los alegatos de los defensores.
De la Rúa dejó anticipadamente el poder en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una de las peores crisis económicas en la historia del país.
