El hermano de un desaparecido tras la matanza de 1985 durante un operativo militar para retomar el Palacio de Justicia acusó el martes 12 de noviembre al Estado de Colombia de dar impunidad a los responsables del hecho.
César Rodríguez, hermano del desaparecido Carlos Augusto Rodríguez, narró en una sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasil el calvario que vivió para buscar a su familiar después de la acción del 6 y 7 de noviembre de ese año en que el ejército invadió la sede de la Corte Suprema, que había sido ocupada por miembros de la guerrilla izquierdista M-19.
La acción generó acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los militares tras dejar más de un centenar de muertos, 13 desaparecidos y numerosas personas detenidas y torturadas.
“La reacción del gobierno ha sido de negación, de contradicción de los fallos judiciales, de tratar a los militares responsables como héroes de la patria a pesar de sus crímenes, pretendiendo endilgar la responsabilidad a los guerrilleros”, manifestó Rodríguez en la sesión de la corte regional celebrada excepcionalmente en la capital brasileña. Su hermano desaparecido era administrador de la cafetería del Palacio de Justicia cuando ocurrieron los hechos.
La sesión de dos días, que concluirá el miércoles, marca el cierre de la fase de debates en torno al caso y se espera que la CorteIDH emita su sentencia en 2014.
Frente a la sede del Tribunal Superior del Trabajo, en Brasilia, familiares de los muertos y desaparecidos mostraron fotos de sus seres queridos y exigieron justicia.
En el inicio de la sesión, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Adriana Guillén, hizo un reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos y pidió perdón a las víctimas.
“El Estado colombiano pide perdón a las víctimas y a sus familias”, expresó Guillén en la audiencia. “El Estado entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy desde que ocurrieron los hechos ha traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y sus instituciones. Esperamos que este acto de reconocimiento contribuya a que las víctimas y sus familiares recuperen parte de esa confianza perdida”.
Recordó que en octubre el gobierno reconoció la responsabilidad en la detención y tortura de los entonces estudiantes de derecho Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.
El reconocimiento mereció elogios del presidente de la Corte, el peruano Diego García-Sayán, quien consideró que se trata de un gesto positivo que será tomado en cuenta por el tribunal.
Sin embargo, víctimas y familiares presentes en la sesión no se mostraron impresionados con el mea culpa.
“El Estado se presenta con unos reconocimientos parciales, muy pobres, que no reconocen la desaparición forzada ni la tortura. Pretenden que cese la controversia y que esto sea una satisfacción para los desaparecidos”, opinó Rodríguez. “Es un reconocimiento parcial, oportunista porque no refleja lo que ha sido la posición del Estado colombiano en estos 28 años de injusticia e impunidad”, agregó.
También prestó testimonio Santodomingo, quien relató con voz entrecortada por la emoción las agresiones que sufrió a manos de los militares que tomaron la sede de justicia.
“Nos pateaban, a Eduardo (Matson) le pegaban en los testículos, a mí me pateaban en la espalda, en los riñones, pasaba mucha gente y todos me decían ‘perra guerrillera’. No podíamos alzar la cabeza, a Eduardo le pegaron por alzar la cabeza, a mí me metieron una pegada por voltearme”, recordó Santodomingo.
Ana María Bidegain, esposa del desaparecido magistrado Carlos Horacio Urán, aseguró que su esposo salió con vida del tribunal pero nunca pudo dar con su paradero.
También declaró la ex fiscal Ángela Maria Buitrago quien dijo que recabó pruebas de que el alto mando militar ordenó “arrasar” y mantener fuego permanente en el operativo.
“Quedó claro que la vida de los rehenes no les importaba. Ellos tenían como objetivo acabar con el M-19 a como diera lugar”, narró la ex fiscal, quien actualmente ejerce como abogada y profesora universitaria.
En la audiencia, el representante legal del gobierno colombiano Jorge Andrés Sampedro pidió excluir algunos elementos de la acusación contra el Estado, como el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército, lo que desató una polémica con los representantes de las víctimas.
Al cerrar su intervención ante la corte regional, Rodríguez manifestó su deseo de que el tribunal interamericano haga un reconocimiento de los hechos ocurridos y que su decisión sea un tributo a las víctimas.
“Esperamos de esta corte un apoyo importante para que se pueda consolidar la justicia en Colombia frente a los desaparecidos. Esperamos que se haga un homenaje a la memoria de los desaparecidos”, declaró.
