La capital colombiana permanecía en ascuas el lunes en espera que el presidente Juan Manuel Santos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaran sobre el caso del alcalde de Bogotá, el funcionario de elección popular más importante del país tras el jefe de Estado, y quien fue destituido del cargo por la Procuraduría General.
La decisión de la Procuraduría, ratificada este día por su titular Alejandro Ordóñez, debe ser avalada por decreto presidencial. Además, la CIDH aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas en diciembre por el alcalde Gustavo Petro para evitar su suspensión en el cargo.
En caso de ser sustituido, sería reemplazado temporalmente y luego se convocarían nuevas elecciones.
El procurador Ordóñez dijo el lunes que solicitará al presidente Santos que “cumpla sin dilación la destitución del señor alcalde de Bogotá” en un decreto que deberá emitir en los 10 días siguientes a que reciba oficialmente el fallo de la Procuraduría, lo que se espera ocurra en breve.
“Esta decisión hay que cumplirla”, dijo Ordóñez en una entrevista con la cadena de radio y televisión RCN.
Aunque abogados constitucionalistas consultados telefónicamente por la AP diferían sobre si el presidente cuenta o no con esos 10 días, todos coincidieron en que si el mandatario emite el decreto antes de que la CIDH se pronuncie por las medidas cautelares, Petro quedará automáticamente fuera de la alcaldía, cargo que asumió el 1 de enero del 2012 hasta enero del 2015.
Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro, también se pronunció en el mismo sentido. “Si llega (la decisión de la CIDH) después de la decisión del presidente ya no hay nada que hacer, nos quedamos con el caso y el alcalde destituido”.
Como se trata del funcionario de elección más importante después del presidente por tratarse de la principal ciudad del país, el caso de Petro ha copado la atención y más por tratarse de un ex guerrillero que mantiene en su defensa que el Procurador intenta un “golpe de Estado” contra la voluntad popular y buscar cerrar el camino de la participación de otros sectores políticos no tradicionales.
La decisión de Ordóñez es de última instancia ante esa entidad y también incluyó la ratificación de prohibir al funcionario ejercer cargos públicos por 15 años, según un comunicado publicado en la página de internet de la Procuraduría.
La sanción fue impuesta por “falta gravísima” en el caso de un cambio decretado por Petro en el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre de 2012, según la Procuraduría.
La Procuraduría mantiene que la medida de Petro vulneró principios constitucionales de libre empresa y competencia y que por tres días la ciudad, con ocho millones de habitantes, estuvo regada de bolsas de basura y se dejaron de recoger entre 6.000 a 9.000 toneladas de desechos.
Petro, un ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), había apelado ante la Procuraduría un primer dictamen de esa entidad emitido el 9 de diciembre sobre su destitución.
Desde entonces, utilizó varios recursos incluyendo una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
Petro, que se encontraba en la alcaldía brindando una rueda de prensa, declinó decir si acatará la decisión cuando ésta se conoció pasado el mediodía.
Desde el primer fallo de diciembre Petro ha convocado concentraciones en la céntrica Plaza de Bolívar, frente a la cual se ubica la sede de la alcaldía.
Pasadas las 8 de la noche (0100 GMT) y por más de una hora, Petro habló desde un balcón de la alcaldía, mientras abajo una multitud daba vivas como “Petro amigo, el pueblo está contigo”.
El sancionado alcalde convocó para manifestaciones similares desde mañana y hasta el sábado, cada día con grupos distintos como estudiantes, médicos y enfermeras del sistema de salud de la ciudad, mujeres y la población en general. Pidió al presidente que “no se desespere” en su decisión y relacionó su caso con un futuro de paz en el país.
“Si en Bogotá no hay democracia no la habrá en Colombia… en Bogotá está el escenario fundamental de la paz y la democracia en Colombia”, dijo. “Vamos a gobernar hasta el último día”, aseguró.
“El alcalde se queda en la alcaldía hasta que sea notificado por la autoridad competente… que es el presidente”, dijo en diálogo telefónico con The Associated Press Jorge Rojas, secretario de integración social de la alcaldía y ex secretario privado de Petro.
Congresistas y sectores de izquierda consultados telefónicamente por la AP calificaron la como arbitraria la decisión del Procurador pero destacaron que hay que esperar aún un pronunciamiento de la Presidencia.
“Me parece que es una sanción severa y exagerada para las presuntas faltas objeto de esa sanción”, dijo Antonio Navarro, también ex miembro del M-19.
En el caso del fallo de Ordóñez, que ha aplicado sanciones similares a otros alcaldes, congresistas, ex ministros y otros funcionarios de distintas tendencias políticas, “esto todo es arbitrario… la legislación que permite que él que atienda la apelación, o sea el segundo recurso sea el mismo Procurador, y arbitraria la decisión misma”, indicó León Valencia, directivo de la no gubernamental Fundación Paz y Reconciliación.
El senador Juan Carlos Vélez, del oficialista Partido de la U y estrecho aliado del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), indicó que a Petro le queda el recurso de acudir al Consejo de Estado, una de las altas cortes colombianas, pero “queda claro que debe dejar el cargo y el presidente Santos encargar a un alcalde y el Registrador (Nacional, el máximo encargado de los comicios) convocar a elecciones”.
