Un grupo de activistas y campesinos mexicanos participó el jueves 16 una protesta por la próxima ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Estados Unidos, en la que fue quemada una bandera estadounidense y se clausuraron simbólicamente algunos establecimientos de este país.
El acto efectuado en Cuernavaca, Morelos, el estado de donde Tamayo es originario, fue organizado por la Unión de Campesinos Migrantes de México y en él participaron otras personas que quisieron protestar por la negativa del Gobierno del estado de Texas de revisar el caso.
El mexicano está condenado a muerte en Texas por el asesinato de un agente policial en Houston, pero tras su detención en 1994 no le notificaron que tenía derecho a contactar al consulado de su país, por lo que fueron violadas garantías reconocidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ni tampoco se tuvo en cuenta en su proceso judicial la discapacidad mental que sufre el detenido.
La Corte Internacional de Justicia determinó en 2004 que Estados Unidos había violado los derechos que otorga el artículo 36 de la Convención de Viena en los casos de 51 mexicanos, incluido Tamayo, y emitió el “Fallo Avena” ordenando la revisión de cada uno de estos expedientes para determinar si la notificación pudiera haberlos librado de la sentencia de muerte.
Sin embargo, en el caso de Tamayo el estado de Texas llevó el asunto a la Suprema Corte de Justicia que dispuso que ningún estado está obligado a atender la resolución de la CIJ mientras que no exista una ley aprobada por el Congreso que así lo disponga.
Los activistas anunciaron que continuarán con su campaña de protesta y organizaron una manifestación para el próximo 19 de enero, tres días antes de la fecha prevista para la ejecución.
A pocos días de la fecha de ejecución de Tamayo, varias entidades latinas exigieron al gobernador Rick Perry, que revise este caso, en el que se violaron los derechos del detenido como ciudadano de México.
Condenado a muerte Tamayo/
Un grupo de activistas y campesinos mexicanos participó una protesta el jueves 16 por la próxima ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Estados Unidos, en la que fue quemada una bandera estadounidense y se clausuraron simbólicamente algunos establecimientos de este país.
“Si el gobernador permitiera una revisión del caso, Tamayo no sería ejecutado en siete días”, destacó la presidenta de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Margaret Moran, en conferencia telefónica.
La abogada del caso, Sandra Babcock, recordó que hay pruebas que sacarían al acusado del corredor de la muerte que se hubieran presentado durante el proceso judicial, de haber recibido la asistencia consular y legal necesaria.
“Si el consulado mexicano hubiera recibido la notificación de su detención, nunca habría sido sentenciado a muerte”, sostuvo hoy la abogada.
La petición se dirige a la Junta de Perdones de Texas, pero también al gobernador, Rick Perry, y al procurador general del estado, Greg Abbott, para que cumplan con su promesa de 2008 de revisar el caso.
“Están rompiendo su promesa al declinar en cada paso que se permita una revisión de esta violación de los derechos consulares”, acusó la presidenta de LULAC.
En 2008, Rick Perry aseguró que Texas apoyaría una revisión de los casos de mexicanos sentenciados a muerte en los que hubiera una supuesta violación del artículo 36 de la Convención de Viena y así lo manifestó en cartas a la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y al Fiscal General de EE.UU, Michael Mukasey.
El objetivo ahora es tanto aplazar la ejecución, prevista para el próximo miércoles 22, como anular la pena capital paraTamayo, alegando el incumplimiento de una convención internacional.
“No queremos condonar su crimen violento ni tampoco disminuir la severidad de este crimen, no estamos hablando de un caso particular sino del fracaso del liderazgo tejano en relación con sus promesas”, aclaró Moran sobre el caso Tamayo.
Por su parte, la presidenta electa de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos (HNBA), Cynthia Mares, recordó la importancia de que las convenciones internacionales se cumplan en EE.UU. para que se garanticen también a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
“Todos confiamos en estas convenciones cuando necesitamos nuestro país de origen (…) para que su detención sea notificada a las autoridades consulares, tener la asistencia del consulado para que contacte con las familias e identifique a un abogado competente”, argumentó la jurista.
Además, la plataforma que reúne juristas latinos de todo el país cree que el caso de Egdar Tamayo es excepcional: “No hay duda de que los funcionarios de Texas erraron al no notificar a Tamayo sus derechos consulares, y de que se trataba de un inmigrante con discapacidad mental, que en aquel momento no hablaba bien el inglés”, subrayó.
Según las autoridades mexicanas, Tamayo sería el tercer mexicano en ser ejecutado tras emitirse el Fallo Avena en 2004, en el que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a EE.UU. la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muertecuyo derecho a la notificación consular fue violado.
Los abogados del preso mexicano condenado interpusieron este martes una demanda ante cortes federales en contra de la Junta de Perdones de Texas y del gobernador Rick Perry.
Asimismo, el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, denunció la actuación de EE.UU. en el casoTamayo y pidió abrir un debate en la organización sobre la necesidad de abolir la pena de muerte en toda América.
