Uno por uno los altos funcionarios que habían llegado de Lima tomaron el micrófono y se disculparon ante un auditorio repleto de gente furiosa que había vivido aterrorizada durante los últimos años. Reconocieron que no habían evitado un asesinato político anunciado por una la víctima.
Ellos mismos habían sido cuestionados.
El Fiscal General de la Nación, el Contralor y el Presidente de la Comisión de Investigaciones del Congreso, que ahora celebraban una audiencia pública, ignoraron las pruebas que Ezequiel Nolasco, ahora muerto, les había mostrado a la cara durante meses.
Después de sobrevivir un intento de asesinato en 2010 tras denunciar corrupción al nivel regional, Nolasco les había advertido en repetidas ocasiones que la provincia de Ancash estaba controlada por una mafia que saqueaba las arcas públicas; que mataba a quien no podía comprar o intimidar; que espiaba a sus enemigos; que usaba a la policía como espías y a los periodistas para difamar a sus adversarios.
Un sicario mató a Nolasco el pasado 14 de marzo de cinco balazos cuando el exlíder sindical de la construcción se detuvo a tomar una cerveza antes de dirigirse de la capital peruana a su casa en Chimbote, ciudad costera donde viven casi la mitad de los 1,1 millones de los habitantes que tiene la provincia de Ancash.
La región vivía bajo el control absoluto de un gobernador que la gente del lugar comparaba con el legendario mafioso Al Capone. Según Nolasco, su maquinaria política era lubricada por decenas de millones de dólares provenientes de los ingresos mineros que habían convertido a Ancash en el departamento más rico del Perú.
“Es una minidictadura”, dijo Christian Salas, el procurador anticorrupción enviado desde Lima a poner orden. Salas pidió cárcel para el gobernador César Álvarez mientras revisan más de 100 casos de corrupción ocurridos durante su administración y dijo que la Fiscalía y el Poder Judicial al nivel regional “estaban tomados por la delincuencia”.
El viernes, un juez local prohibió a Álvarez, a su principal asistente de prensa y a cuatro periodistas salir del país durante cuatro meses mientras los investigan por peculado (apropiación de bienes públicos) y asociación ilícita para delinquir.
Feudos locales plagados de corrupción no son cosa rara en las democracias latinoamericanas, pero politólogos dicen que Ancash es un caso extraordinario por su alcance y brutalidad.
“Este individuo fue demasiado lejos”, dijo Edward Gibson, profesor de la Universidad Northwestern, quien califica el fenómeno de “autoritarismo subnacional”.
Steven Levitsky, de la Universidad de Harvard, dijo: “No conozco muchos casos con tanta violencia”, quizás con la excepción del sur de México.
A Álvarez le tomó varios años silenciar a la mayoría de sus rivales y presuntamente comprar la lealtad casi total de la prensa local luego de ganar su primera elección en 2006. Mientras tanto, los asesinatos realizados por encargo se volvieron comunes hasta representar dos de cada cinco de las más de 100 muertes violentas que registraba la provincia el año pasado, según el ministro del Interior de Perú que en una audiencia en el Congreso reconoció que ninguno de los homicidios se ha resuelto a la fecha.
Según Nolasco, el propio Álvarez indujo a que los jueces que tenían su caso ignorasen las pruebas que indicaban que uno de sus principales aliados del gobernador organizó ese intento de asesinato en 2010.
En ese hecho Nolasco recibió dos balazos pero su hijastro de 24 años murió tratando de salvarlo.
Nolasco, entonces consejero regional, había acusado a Álvarez de planear el desvío de millones de dólares en la construcción de obras públicas.
Su hija Fiorela, de 20 años, en una entrevista con The Associated Press en la residencia de la familia, dijo que tras el intento de asesinato de su padre, éste fue expulsado de la dirección del sindicato local por gente leal a Álvarez.
“Gente armada tomó la central del Sindicato de Construcción Civil y la policía armada ayudó”, dijo la joven, acompañada por escoltas policiales recién llegados de Lima que miraban de vez en cuando a la calle oscura y sin pavimentar donde vive.
En una entrevista la semana pasada con la AP, después de anunciar que no se postulará a un tercer período en los comicios de octubre, Álvarez negó tener responsabilidad alguna en el asesinato de Nolasco o de algún otro delito.
“La gente me mira como a un asesino. Entonces, ¿quién ha perdido? Dígame usted. El único perdedor con la muerte del señor Nolasco soy yo”, dijo Álvarez.
“Lo perdí todo”, agregó, mientras los escoltas vestidos de civil, uno de ellos con una maltrecha pistola en la cintura, custodiaban la entrada de su modesta vivienda.
“Si siguen matando a la gente me van a culpar a mí”, dijo Alvarez, y sugirió que un rival político podría “estar maquinando todo”.
El procurador Salas, por su parte, ha centrado su atención en un antiguo puesto de mando clandestino conocido como “La Centralita”, desde donde Álvarez supuestamente dirigía una estructura en las sombras que entregaba casi un millón de dólares mensuales en sobornos.
A cuatro fiscales que trataron de allanar “La Centralita” en 2012 no los despidieron sino que fueron acusados de abuso de autoridad por Carlos Ramos, cuando dirigía la unidad de disciplina interna de la entidad, y que fue nombrado Fiscal General de la Nación la semana pasada.
El predecesor de Ramos, José Peláez, engavetó el año pasado una investigación sobre las finanzas de Álvarez, alegando que el gobernador no tenía ninguna propiedad.
“Siempre he vivido de manera austera”, dijo Álvarez a la AP. Ni es dueño de la casa donde vive. Sus suegros son los propietarios, dijo.
El único aliado político de Nolasco en Lima, el congresista Modesto Julca, pidió en julio pasado que se impusiera el estado de emergencia en Ancash. Julca contó casi una docena de asesinatos políticos, entre ellos los de un alcalde, un exalcalde, un periodista y el testigo clave en el caso de Nolasco.
“A cada ministro le dije: ‘Oye, hay amenazados, están matando’. Pero nadie prestó atención”.
En ese julio, un niño de nueve años le entregó a la fiscal anticorrupción Nancy Moreno un sobre de papel manila que contenía una bala. “Deja de joder”, decía la nota que la acompañaba. “A mí nadie me toca”.
Moreno, una de un puñado de funcionarios públicos que se ha negado a doblegarse ante Alvarez, vive prisionera en su propia casa desde entonces.
Constantemente acompañada de escoltas, le han aconsejado que no esté más de una hora en el mismo lugar. “Toma pastillas para poder dormir”, dijo su esposo, Ismael García.
El arrojo de Moreno le ha ganado la admiración de los congresistas y fue homenajeada en la audiencia especial la semana pasada convocada por la Comisión de Investigaciones del Congreso.
“¡Nancy! ¡Nancy!”, la vitorearon en un acto celebrado a una cuadra de la bahía donde atraca la flota pesquera de Chimbote.
Moreno se sentó frente al mismo auditorio de esa comisión legislativa que en julio pasado votó por no investigar a Álvarez.
El sacerdote Luis Palomino, ex alcalde de Yungay, en el altiplano, fue uno de más de 130 testigos que contaron a la comisión sobre los asesinatos encargados por contrato, jueces que obstruyen la justicia, policías corruptos y la sumisión de la prensa local.
Unos matones lo golpearon y le rompieron varios dientes en 2010, dijo, y tres hombres armados trataron de matarlo.
Desde entonces se encuentra escondido.
“Vivo constantemente cambiado de lugares”, dijo. “Mi teléfono está intervenido”.
Palomino no acudió a la policía, dijo, porque el jefe local de la policía era aliado de Álvarez. Al igual que otros, él decidió contar su historia tras el espectáculo mediático desatado por el asesinato de Nolasco.
“Mi papá siempre decía: ‘El día que yo muera, cae la mafia’ “, Fiorela Nolasco, hija del exsindicalista, dijo a la AP.
Luis Luna, decano del colegio de economistas local, dijo que los efectos de la corrupción han sido devastadores. Ancash tiene sólo cinco millones de dólares en sus arcas después de la orgía de obras públicas entre las que hubo proyectos fantasmas y otros que no se han terminado.
Entre estos últimos está el coliseo deportivo de Chimbote, al que se asignaron 11 millones de dólares. Su construcción se detuvo hace más de dos años por razones que no satisfacen a la fiscal Moreno.
El proyecto es ahora un amasijo de estructuras parcialmente terminadas de concreto y varillas de acero oxidadas que se levantan de la arena como una especie de Stonehenge (monumento de piedra de finales de neolítico encontrado en Inglaterra) enclenque.
