Un tribunal ordenó que el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, debe volver al cargo, en un nuevo giro jurídico del caso que mantiene en ascuas a la capital colombiana.
El Tribunal Superior de Bogotá dispuso el regreso de Petro al decidir una tutela o demanda de un ciudadano que impugnó la decisión del presidente Juan Manuel Santos de destituir a Petro el 19 de marzo. El juzgado dio 48 horas para que Petro sea restituido al cargo, dijo el abogado Rafael Barrios, uno de los abogados defensores de Petro, en conversación telefónica con The Associated Press.
Informado de la decisión, Petro dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que el juzgado “protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”.
El presidente Santos no comentó de inmediato sobre la decisión, que se puede apelar.
El constitucionalista Juan Manuel Charry explicó por teléfono a The Associated Press que las decisiones de tutela “son de efectos inmediatos sin perjuicio que se tramiten recursos” o apelaciones, lo que significa que “vamos a ver a Petro” volver a su despacho en la alcaldía de Bogotá, en la céntrica Plaza de Bolívar.
Sin embargo, como en una segunda instancia ante el mismo Tribunal, éste podría revocar o ratificar el fallo de primera instancia, entonces en 20 días o mes y medio “podríamos ver a Petro que se queda o se vuelva a ir”, dijo Charry.
Según Barrios, la decisión del Tribunal fue tomada porque un ciudadano identificado como Oscar Augusto Verano dijo que sus derechos a elegir y ser elegido y al debido proceso fueron violados cuando el presidente Santos destituyó a Petro, de 53 años, ex senador y ex miembro de la pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19).
Petro, quien asumió el cargo el 1 de enero del 2012, y cuyo período se extendía hasta 2015, salió de la alcaldía la madrugada del 20 de marzo, horas después que Santos ejecutara un fallo de diciembre y ratificado en enero pasado de la Procuraduría General.
La Procuraduría sancionó a Petro con la destitución y prohibirle hacer política durante 15 años por violar normas de la libre competencia al decretar un cambio, a fines de 2012, en el sistema de recolección de basura de la ciudad.
Petro argumentó que el procurador general, Alejando Ordóñez, tomó una decisión política e ideológica porque es ultraconservador, pero tras varias apelaciones abandonó la alcaldía con la decisión del mandatario.
Santos dijo que no estaba obligado a atender una solicitud formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que acudió Petro en diciembre pasado, porque la justicia colombiana había funcionado en el caso del alcalde de Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes que sufre de problemas crónicos de congestión de tránsito y un aumento de la delincuencia, entre otros.
La CIDH había dispuesto en marzo que se suspendiera la destitución acordada por la Procuraduría y ahora el juzgado ordena que Santos “cumpla la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos… (y) debe hacerlo en el término perentorio de 48 horas”, dijo Barrios.
Santos también ha dicho varias veces, entre ellas la víspera, que si algún tribunal le ordenaba restituir a Petro acataría la decisión.
“Cuando destituí al alcalde Petro lo hice cumpliendo la ley… si algún juez me ordena su restitución no vacilaré en cumplir esa orden”, dijo Santos la víspera a reporteros en el aeropuerto antes de partir a México para los actos de homenaje al fallecido escritor Gabriel García Márquez.
