La reforma del sistema migratorio no es una opción política que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, pueda rechazar o que el presidente Barack Obama pueda abandonar. Hace dos años, la Corte Suprema, en “Arizona vs. United States”, pidió la no interferencia de los Estados para permitirle al Gobierno Federal la oportunidad de reestructurar nuestro disfuncional sistema de inmigración. Hasta la fecha, el Gobierno Federal no ha cumplido con el objetivo.
El presidente encarna un símbolo nacional de unidad para armonizar facciones dispares de la población y cumplir objetivos en el mejor interés de la nación.
El presidente de la Cámara Baja, elegido por la totalidad de los representantes, es un símbolo nacional de igualdad, con el poder de influir en la adopción de soluciones legislativas que alcancen el objetivo mencionado.
Tanto el presidente de la nación como el presidente de la Cámara de Representantes, deberían ser conscientes de que la carga jurídica y federalista de la Corte Suprema, al darle la prerrogativa al Gobierno Federal, también les impone el deber de aprobar una reforma migratoria amplia. Por tanto, ni el Congreso ni el Presidente deben permitir que el proceso se traduzca en inacción. La Corte Suprema ha indicado que la reforma debe ser “amplia” y regir bajo las actuales condiciones económicas y sociales. Debe ser sólida, justa y consistente con el debido proceso para ciudadanos y no ciudadanos.
Las decisiones se basarán en “una voluntad política informada por medio de la búsqueda de un discurso cívico racional”. El tiempo es esencial en este proceso.
Y a pesar de todo, nuestro sistema migratorio sigue en ruinas. Y los Estados mantienen sus privilegios cuando el Gobierno Federal no sabe o no quiere actuar.
Muchos niños están perdiendo el derecho fundamental de ser criados por sus propios padres, y entregados al sistema de “foster care” cuando sus padres son deportados. Empresas estadounidenses deben absorber costos de operación, riesgos legales, y pérdidas en productividad porque las normativas migratorias son contrarias a las realidades del mercado. Las familias sufren una dramática fragmentación.
El país pierde ingresos, no sólo por la deportación de trabajadores, sino porque los beneficios de una enorme cantidad de empresas estadounidenses dependen de esa fuerza laboral. Aliados extranjeros enfrentan la pérdida de miles de millones en remesas y en inversiones directas por parte de esos trabajadores y sus familias.
La Corte Suprema declaró que la política migratoria modela nuestro destino al decir que nuestra historia “es producto en parte del talento y la contribución de quienes cruzaron océanos y desiertos para llegar aquí”. La historia de mañana la define la política migratoria de hoy. El presidente Obama y el presidente Boehner deben actuar ya para prescribir la historia y ofrecerle a la nación una reforma migratoria amplia. Después de todo, como dijo Guthrie en 1940, “esta tierra se hizo para ti y para mí”.
Avendaño es Director de El Tiempo Latino
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