La prioridad del nuevo gobierno será desmontar las estructuras de extorsión y bregar porque disminuyan los homicidios que han convertido a El Salvador en uno de los países más violentos de la región, informó el jueves que el vicepresidente electo Oscar Ortiz.
Ortiz en rueda de prensa informó que en los primeros 100 días del gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Cerén, que asumirá el 1 de junio, se anunciará una serie de programas con esos objetivos.
“La primera prioridad que vamos a tener es golpear y debilitar las estructuras de la extorsión que son los que están generando una cadena de otras actividades violentas que incluye el incremento de los homicidios”, dijo Ortiz.
Afirmó que el área de seguridad representa la demandas más fuerte de la población y prometió que a corto plazo van a atender estas exigencias mediante un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que buscará avanzar en el control progresivo de las extorsiones y los homicidios.
La violencia en el país se incrementó en los últimos días y según las autoridades de Seguridad, grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado estarían utilizando a grupos de las pandillas para subir las cifras de homicidios para presionar al nuevo gobierno y supuestamente buscar una negociación que les otorgue privilegios en las cárceles.
Según cifras de la policía entre enero y el 20 de mayo se han registrado 1.313 homicidios. En 2012 se contabilizaron 2.543 homicidios, y en 2013 hubo 2.492 muertes violentas.
El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, denunciaron “un recrudecimiento de la violencia, un aumento de la cantidad de extorsiones, acecho constante de (las) pandillas, cierre de negocios y una mayor desconfianza en la policía”.
La pequeña empresa estima que sus agremiados pagan cerca de 1,5 millones de dólares mensuales en extorsiones en todo el país.
Ortiz dijo que dentro de la nueva política de seguridad, “habrá una intervención más fuerte del sistema penitenciario, el cumplimiento de penas con un enfoque rehabilitante, como un programa de separación gradual entre reos más peligrosos y menos peligrosos”.
Además crearán granjas penitenciarias para acelerar los procesos de rehabilitación de reos que no hayan cometidos delitos graves.
También destacó la importancia de trabajar en la seguridad de los policías, fiscales y jueces y sus respectivas familias, mediante una reforma legal.
“El mensaje claro es que todo aquel que quiera atentar contra un policía, juez o fiscal, va a tener una respuesta muy sólida de parte del Estado”, advirtió.
Mientras tanto supuestos grupos de exterminó amenazaron a las maras o pandillas y sus “colaboradores”, en un municipio de la periferia norte de la capital, donde tiraron panfletos en los que les advierten que “les llegó la hora, van a ver el infierno”.
Algunos negocios del municipio de Ciudad Delgado cerraron sus puertas por temor y en la delegación de la policía de la zona dijeron que las hojas volantes habrían sido distribuidas en la noche, que la investigación estaba en marcha.
En la zona, asediada por las pandillas, opera la pandilla Barrio 18, uno de los grupos más violentos del país, pero las autoridades no reportaron incidente.
Esta es la segunda vez en las últimas semanas que el grupo clandestino “Sombra negra” amenaza con el exterminio de los pandilleros de la zona.
En El Salvador, las pandillas establecidas en populosos barrios del país están integradas por más de 70.000 jóvenes y adolescentes. Más de 10.000 están presos. El 70% de los homicidios se atribuye a las pandillas y un 49% de las víctimas corresponde a miembros de esas estructuras criminales.
