La Policía brasileña expulsó el 19 de noviembre a cerca de 200 familias de una urbanización de apartamentos populares construida en la periferia de Río de Janeiro por el Gobierno de Brasil y que habían ocupado ilegalmente al comienzo de este mes.
Los invasores recibieron la orden de desalojo, expedida por un juez, a las 9.00 hora local (11.00 GMT), y comenzaron a salir de la urbanización, en el barrio carioca de Guadalupe, cargando sus pertenencias y sin poner resistencia.
La mayoría de los desahuciados llevó sus pertenencias a mano a una favela colindante a la urbanización, que fue construida en el marco del programa de viviendas populares “Mi Casa Mi Vida”, desarrollado por el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Las personas salían portando los colchones o colchonetas sobre la cabeza y algunos cargaban fogones o televisores al hombro.
La mayoría de los desahuciados que salieron hoy de las viviendas eran niños, que también ayudaban cargando sus cosas en carretillas o cubos de agua.
Un grupo de decenas de ocupas realizó una protesta ante los periodistas para quejarse de que las autoridades locales no llevaron psicólogos ni asistentes sociales para prestarles atención.
“Quiero saber de las autoridades qué va a ser de nosotros. No tenemos ningún tipo de amparo”, afirmó a los periodistas Davison Leandro, conductor de camión que está desempleado.
El grupo coreó también ante periodistas y policías: “Queremos trabajo, queremos trabajo”.
La favela donde permaneció la mayoría del grupo, llamada Gogó da Ema, es considerada como una de las más violentas de Río de Janeiro.
El día de la ocupación, el pasado 9 de noviembre, las televisiones filmaron hombres armados con fusiles en la urbanización de Guadalupe.
Los apartamentos ya estaban terminados y estaban a la espera de ser adjudicados por sorteo a sus futuros propietarios.
La meta del Gobierno es terminar este año con 2,75 millones de residencias populares construidas bajo este programa, destinado a familias pobres desde 2011, y comenzar en 2015 una nueva fase del programa con otros tres millones más.
Los movimientos sociales calculan que el déficit de vivienda afecta a cerca de cinco millones de personas en Brasil.
